La Justicia tarda 22 años en resolver un caso de violación

La Justicia ha tardado más de 22 años en resolver con sentencia firme un caso de violación que, a primeras luces, parecía evidente desde un principio. En 1980, un joven de 16 años forzaba a una chica de 19. Ahora, cuando ambos rondan ya la cuarentena, el primero ha sido condenado a un año de cárcel, pena que ha cumplido con creces desde que ocurrieron los hechos. «Esa es en toda su crudeza la realidad de lo sucedido», afirma el Tribunal Supremo tras explicar que la causa estuvo paralizada durante plazos «evidentemente largos e injustificados», un retraso «sin paliativos» que achaca a un «cúmulo de desdichadas circunstancias». Los magistrados asumen que el retraso ocurrido en este caso constituye un «claro ejemplo» de dilaciones indebidas y de un anormal funcionamiento de la Administración de Justicia. Y es que esas más de dos décadas durante las cuales el sumario ha estado vagando por los juzgados han vuelto a perjudicar una vez más a la víctima frente al agresor. Todo empezó a primera hora de la noche del 24 de noviembre de 1980, cuando Francisco J. S., entonces menor de edad y hoy un adulto de 37 años, abordó cerca de la boca de Metro de Suances, en el barrio madrileño de Canillejas, a dos jóvenes. A punta de navaja, les exigió todo lo que llevaban de valor, pero sólo consiguió un anillo de oro (valorado en 36 euros) y unas pocas monedas sueltas. Segundos después las obligó a ir hasta un descampado próximo, donde forzó a una de ellas. 22 años más tarde, el alto tribunal ha reducido de tres a un año de prisión la pena impuesta al acusado por un delito de agresión sexual del nuevo Código Penal, al aplicarle el texto punitivo vigente entonces, más benévolo para él. Sin embargo, reconocen que esa pena no tendrá «efectos prácticos», pues la declaran extinguida por estar cumplida ya. No ocurre lo mismo con los 120.000 euros que deberá abonar a su víctima, cantidad que el tribunal considera «del todo justificado a favor de quien fue sexualmente atropellada y ha tenido que esperar, como aflicción añadida, nada menos que veinte años para que judicialmente se le reconozca».