Francia podrá encarcelar a los delincuentes desde los trece años

El foco principal de las críticas es el énfasis en la represión de la delincuencia de los menores, a expensas de la educación. La juez de menores Martine de Maximy deploró que «los niños y los adolescentes se convierten en grupos peligrosos a los que ya no se debe educar sino sancionar, y eso desde los 10 años». Para el Consejo del Colegio de Abogados, los cambios del procedimiento penal pueden «atentar» contra la presunción de la inocencia y «los derechos de la defensa». A su juicio, el proyecto vacía «parcialmente» de su contenido la ley de presunción de la inocencia y aumentará los encarcelamientos. La Comisión consultiva de derechos humanos dictaminó que el proyecto en su estado actual «no es satisfactorio» desde el ángulo de la Carta Magna y del Convenio Europeo de los Derechos Humanos. El proyecto crea «centros educativos cerrados», donde serán internados menores de 13 a 18 años en el marco de un control judicial. De incumplirlo, el menor podrá ser enviado a la cárcel desde los 13 años, en lugar de los 16 actuales. Además se instaura un procedimiento de juicio rápido para los que sean reincidentes. Prevé asimismo la instauración de unos 3.300 «jueces de proximidad» encargados de pronunciarse sobre pequeños litigios civiles o penales. Su estatuto será objeto de una ley orgánica, que será presentada en Consejo de ministros. El proyecto de ley para la Justicia ha desatado una avalancha de críticas de organizaciones de derechos humanos, abogados y de ciertos sindicatos de magistrados, y también de la Comisión nacional consultiva de derechos humanos que asesora al primer ministro. Por otro lado, el resto de las modificaciones de la ley de presunción de la inocencia y del procedimiento penal son sustanciales: se podrá prolongar la detención preventiva, la Fiscalía podrá recurrir, con carácter suspensivo, la orden de puesta en libertad de un detenido, y se amplia el procedimiento del «testigo anónimo».