Rajoy no aclara los plazos y medios previstos para hacer que la empresa destine 45 millones de euros
El Gobierno sanciona a Boliden a restaurar los daños en Aznalcóllar
El Consejo de Ministros acordó este viernes sancionar a la empresa Boliden-Apirsa, S.L. con una multa de 45 millones de euros para restaurar los
El Gobierno garantiza el cumplimiento de la sanción, tal y como indicó el vicepresidente económico, Rodrigo Rato, al afirmar que «el pago lo efectuará la empresa, y, en su defecto, los que ostenten los derechos de la misma». Respecto a la cuestión de «reponer las cosas a su estado anterior», el vicepresidente primero y ministro Portavoz, Mariano Rajoy, eludió concretar el contenido de esta exigencia, así como adelantar los plazos planteados para alcanzar tal objetivo. La cuantía de la multa, relacionada con la obligación de indemnizar a Boliden-Apirsa por los daños al dominio público hidráulico, está calculada en conformidad con lo previsto en el artículo 326.2 del Reglamento de Dominio Público Hidráulico, que fija el procedimiento a seguir en estos casos. Por lo que se refiere a reponer las cosas a su estado anterior, el expediente sancionador se basa en las diferentes actuaciones llevadas a cabo por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir con posterioridad a la rotura de la balsa, como la retirada de lodos tóxicos, expropiaciones forzosas o la impermeabilización de la Marisma de Doñana. La consejera de Medio Ambiente, Fuensanta Coves, propuso ayer al Ejecutivo central que se coordine con la Junta de Andalucía para presentar una demanda civil contra Boliden-Apirsa, ya que consideró que la sanción a esta empresa por el vertido de Aznalcóllar puede ser «más cuantiosa». Coves manifestó a los periodistas que desde el punto de vista político «dejaría clara la postura de la administración frente a este incidente en el que no hay un responsable penal».