Una mujer maltratada vuelve con su agresor porque la Justicia no le sirve

La mujer de 45 años que murió el pasado martes a manos de su ex marido, en presencia de sus hijos y en su casa del barrio valenciano de Patraix, había denunciado a su agresor en once ocasiones. En Sevilla, Julia Romero, de 55 años, que el lunes pasado fue brutalmente agredida en la cabeza con una herramienta que se emplea para derribar paredes, denunció siete veces a su compañero sentimental. Esta mujer, que continúa en la UCI del Hospital Virgen del Rocío, retiraba siempre las denuncias porque respondía a las suplicas y a las peticiones de perdón de su pareja, hoy en prisión. Sin embargo, retirar una denuncia no debe suponer la paralización de la maquinaria judicial. De hecho, según explica Díaz, la ley «prevé la intervención de oficio pero en la práctica esta intervención no existe, es nula. De forma que hay muy pocas diligencias que previamente no hayan sido solicitadas por el abogado». Esto supone que si una mujer retira la denuncia o no se persona con una defensa «el procedimiento no continúa y hay que tener en cuenta que a veces se retiran las denuncias porque reciben amenazas de muerte». Por ello, considera que «las investigaciones deberían mantenerse para ver qué ha sucedido, pero esto no se hace». Sin opción Las consecuencias de estas prácticas son graves porque «significa que no se adoptan medidas de protección y buena parte de las mujeres regresa con el agresor porque la Administración de Justicia no le sirve para nada». En un ejercicio crítico, esta especialista en casos de violencia de género cuestiona la labor de los abogados, fiscales y jueces «porque nos quejamos de que las señoras vuelven a su casa, pero tenemos que ver la propia responsabilidad de los operadores jurídicos; y es que no les estamos dando solución» .En sus palabras,hay crítica y denuncia porque la responsable del turno de oficio de violencia de género del Colegio de Abogados de Sevilla sabe que «la ley permite que los fiscales soliciten penas accesorias de prohibición de acercarse y yo veo cómo no se solicitan. Se puede pedir de oficio y se deben pedir de oficio. Se está obligado a ello y no hace falta que lo pida el abogado de la mujer». El problema está en la propia ley porque deja un margen de actuación para que el fiscal o el juez determine si procede solicitar medidas cautelares en función del riesgo en el que se encuentre la denunciante y «esto no es matemático, no es dos y dos son cuatro. Hay que hacer una valoración de peligrosidad y los juristas no solemos hacer valoración de peligrosidad y el automatismo que hay es que nos inhibimos». Para Amparo Díaz la «Justicia no funciona en este tipo de delitos» porque «ante casos así, si la víctima no lo pide, ni el juez ni el fiscal hacen una valoración de peligrosidad y no se actúa de oficio». «Es en esto donde se está metiendo la pata», concluye la letrada, porque «la ley te deja una discrecionalidad y hay que ver la peligrosidad de cada caso inmediatamente y no lo hacemos». Dos veces maltratados En tan solo este año, medio centenar de mujeres han muerto en España a manos de sus parejas y se calcula que una 600.000 más son maltratadas. Ante estas cifras, para esta mujer abogada y especialista en violencia de género «es lamentable lo que ocurre porque creemos que estos casos son papeles, nos llegan papeles y no son papeles. Son problemas humanos gordísimos y los tramitamos como papeles». Algo así debe sentir una vecina del barrio de Los Pajaritos, en la capital hispalense, donde esta semana una mujer fue agredida por su ex marido que la empotró contra la esquina de una habitación de la vivienda y luego la encerró con llave. Él ahora está detenido y ella ha vuelto a casa tras dos días de hospitalización, pero esta otra mujer, desde la indignación tras conocer lo ocurrido, declaró que «así estamos muchas, aguantando porque no queda otro remedio y porque la Justicia no nos sirve para nada». Esto es lo que siente Amparo Díaz cuando se le pregunta el porqué de tantos interrogantes cuando una mujer denuncia ser víctima.