El PSOE asegura que el Congreso estudia su petición de paralización de la Ley de Calidad
El Congreso estudia hoy la petición del PSOE de suspender la tramitación de la Ley de Calidad de la Educación hasta que el Gobierno remita una memoria económica, dijo ayer la portavoz socialista, Carmen Chacón, quien además reprochó al Ejecutivo que quiera controlar todo lo referido con la evaluación universitaria. En conferencia de prensa, la secretaria de Educación de la Ejecutiva socialista se refirió ayer al escrito que el Grupo Parlamentario Socialista presentó el 30 de julio a la Mesa del Congreso pidiendo la paralización de la tramitación de la reforma educativa hasta que los diputados dispongan de una memoria económica, pues el Ministerio de Educación remitió esta evaluación de costes al Consejo de Política Económica Fiscal y Financiera. Para Chacón, esto no es más que «una excusa que se sacó el PP de la manga cuando se encontró que no podía sacar a la luz pública un presupuesto ridículo que beneficia escandalosamente a la escuela privada», al tiempo que recordó que la Ley 50/1997 exige que cada proyecto de ley esté acompañado por una memoria económica. «Esperemos que la presidenta del Congreso, Luisa Fernanda Rudi, ampare y defienda a todos los diputados de la Cámara y no permita que tengamos que emitir juicio sobre un proyecto de ley al que le falta una pieza fundamental», agregó. Chacón advirtió de que «si Rudi no ampara a los diputados, lo primero que tendremos que pedir es la convocatoria del Consejo de Política Fiscal y Financiera», aunque afirmó que este organismo «nunca ha tenido competencias» para esta tarea. Asimismo, la responsable socialista se refirió a la puesta en funcionamiento de la Agencia Nacional de Evaluación de las Universidades, ya anunciada ayer por la ministra, Pilar del Castillo, ya que «es intolerable que la evaluación de la calidad de las universidades dependa de una fundación controlada por el Gobierno». Chacón reiteró que se trata de «una muestra de desconfianza, de nuevo, por parte del Gobierno, hacia las universidades públicas, junto a todos los agravios durante el proceso» de tramitación de la nueva Ley de Universidades (LOU). «Con esta agencia, que va a depender de una fundación controlada por el Gobierno, vamos a ser uno de los países de la Unión Europea más controlados, no uno de los más avanzados», observó la portavoz del Partido Socialista, para quien «nunca es bueno que un Ejecutivo quiera controlar lo que piensa, lo que hace y lo que enseña su universidad, que es, sin duda, su mayor empresa de pensamiento».