Zaplana se marca como meta lograr el consenso contra los malos tratos

Marisa Castro afeó al ministro el carácter improvisado de las medidas -entre ellas, ayudas para las mujeres que abandonan el hogar y cambian de trabajo, bonificaciones a las empresas que contratan maltratadas, o dispositivos de telealarma para las víctimas-, y que no hubieran sido consultadas «con las organizaciones de mujeres que llevan años trabajando en estas cuestiones». «El Gobierno no sólo esta obligado a adoptar políticas propias, sino también a la búsqueda del consenso», reclamó la diputada de IU. En su réplica, Zaplana no dejó pasar la oportunidad. Justificó la negativa de su partido a aceptar la ley propuesta por el PSOE por su «inviabilidad», y dijo estar «tremendamente abierto al diálogo» con el resto de las fuerzas parlamentarias. «Tiendo la mano», recalcó, y ofreció a IU negociar el contenido de la moción que lleva aparejada la interpelación de hoy, y que se debatirá en el pleno de la semana que viene. Castro agradeció el talante, esquivó el hábil regate del ministro y se mostró dispuesta a pactar el contenido de su moción con las demás fuerzas parlamentarias si se llega a acuerdos en la reunión de todas las portavoces en temas de mujer prevista para el próximo martes. Advirtió, no obstante, al ministro, de la dificultad de llegar a acuerdos «si no compartimos el diagnóstico» sobre las causas que originan y mantienen la violencia de género, ancladas -dijo- en el predominio de la «cultura patriarcal». También con los malos tratos como eje central, el próximo 19 de septiembre se reunirá la Conferencia Sectorial de Asuntos Sociales, que reúne al Gobierno central y a las CCAA. Defensor del pueblo El Defensor del Pueblo, Enrique Múgica, señaló ayer que la institución ha abierto un expediente sobre la violencia en el ámbito doméstico y señaló que a la vista de esta investigación podría plantear el endurecimiento de las penas para los autores de malos tratos. En los pasillos del Senado, donde Múgica presenta esta tarde el informe anual del Defensor del Pueblo correspondiente a 2001, dijo que se ha iniciado un expediente para averiguar si las mujeres fallecidas a causa de malos tratos habían presentado una o más denuncias, porque si ha sucedido lo segundo, «algo no está funcionando». Tras señalar que no observa coordinación entre los jueces y la Policía en este asunto, el Defensor dijo que a la vista de la investigación procederá a realizar una recomendación al Gobierno, en el sentido de que «quizás habrá que reformar alguna normativa». También remarcó que «quizás haya que modificar las penas que se imponen en el Código Penal porque la pena de alejamiento quizás no esté dando el resultado que se preveía en un principio»