El Parlamento llama a la candidata española al boicot contra Miss Mundo

Las «misses» de otros países europeos, como Bélgica y Francia, y de algunos estados africanos -Costa de Marfil y Kenia- piden a Lola Alcocer que no asista a la cita de belleza en tanto no se revoque la sentencia de muerte por lapidación que pesa sobre esta ciudadana nigeriana. En la misma línea que el Parlamento comunitario, el español solicita «a todas las participantes, y en especial a la representante española», que den la espalda a la organización del concurso en señal de repudio contra un país «en el que no se respetan los derechos de las mujeres y en el que se aplica la pena de muerte a las mujeres condenadas por adulterio», señala la declaración. La aspirante española al título mundial de belleza medita estos días su decisión, aunque en principio se declaró partidaria de acudir y aprovechar el eco internacional del concurso para denunciar estos abusos contra las mujeres y sectores importantes de la población en aplicación de la «sharía», o ley islámica. Violación de derechos Ayer mismo, representantes españoles de la organización del certamen insistían en la conveniencia de aprovechar el escaparate para poner en evidencia la violación de los derechos y libertades de la población en Nigeria. La Comisión Mixta también aprobó con acuerdo general una proposición no de ley del PSOE en la que se insta al Gobierno español a intervenir «de forma urgente ante el Gobierno de Nigeria» para que éste suspenda, en nombre de los derechos humanos y de la potestad que le confiere el ordenamiento jurídico, la ejecución de la condena de Amina Lawal, pendiente de su revisión por una corte federal. Pese a que el presidente nigeriano, Olesegún Obasanjo, ha adelantado su intención de no «interferir» en el proceso judicial, el Parlamento español reclama al Ejecutivo de José María Aznar una mediación ante el régimen africano, obligado -recuerda la resolución aprobada ayer- por los convenios internacionales de los que es signataria Nigeria, como la Declaración Universal de Derechos Humanos o la Convención contra la Tortura y Cualquier Castigo y Trato Cruel, Inhumano y Degradante, entre otros. El Congreso aboga por la mediación de la ONU para evitar nuevos casos como el de Amina Lawal, y pide la inclusión de la perspectiva de género.