El León que no se sienta a la mesa

Son muchos los colectivos que sienten que el proyecto nació muerto o, peor, fue alumbrado para desenfocar la voluntad mayoritaria por una autonomía leonesa. De hecho, este órgano adolece de las voces que más podrían aportar para consolidar una estrategia por León. El secretario general de UPL, Luis Mariano Santos, denuncia que la Mesa por León ha nacido muerta: «Los leoneses asistimos con sorpresa, entre el descrédito y la arrogancia de intensos debates sobre quién sale en la foto, quién la coordina, quién hace las ruedas de prensa posteriores, quién deja el espacio físico, quien aporta trabajadores… pero nada se sabe de quién debe aportar esa inversión adicional que conllevaría un proyecto como éste, sólo sabemos que vamos a pedir dinero a Europa, pues si, como todas las provincias de este país». El procurador leonesista considera que la autonomía le corresponde a León «por historia». «Durante 37 años hemos aguantado el diseño de una comunidad mal estructurada desde el punto de vista histórico, mal dimensionada con un tamaño difícilmente gestionable y que nunca cumplió con el cometido de la descentralización», lamenta.

Pero León no sólo pierde proyectos, sino la posibilidad de sus habitantes a avanzar. Uno de los temas en el que León pierde es la carrera profesional de los servidores públicos.

El secretario provincial de Csif, Hipólito Riesco, revela que la centralidad de la Comunidad ha favorecido «enormemente» a Valladolid. Los datos que ofrece no dejan margen a las dudas y es que según los datos oficiales del Boletín Estadístico de las Administraciones Públicas de julio de 2020, podemos observar que en la administración general del Estado León cuenta con 7.443 efectivos, mientras Valladolid tiene 7.381.

Lo mismo ocurre en la administración local, donde León tiene 6.372 efectivos y Valladolid 5.883. Sin embargo, en la autonómica es Valladolid quien se lleva la palma, con 21.887 empleados públicos, frente a los 15.633 de León. La diferencia —6.254— refuerza la administración general de Castilla y León (6.065 de Valladolid, frente a los 2.357 de León), la Universidad (1.360 en la ULE, frente a los 2.534 de la UVA) y la Sanidad (6.285 en León y 7.638 en Valladolid). «Y todo ello, teniendo en cuenta que Valladolid tiene menor entidad que la de León». Revela también los datos del profesorado, cuya pirámide ha ido invirtiéndose al ritmo del desfase interprovincial.

Así, si en 2002 León tenía un censo electoral de 5.208 profesores de la Enseñanza Pública no Universitaria frente a los 4.518 de Valladolid, en 2018, Pucela ya había adelantado a la provincia y los números quedaban en 4.918 frente a 4.999.«A la claridad de estos datos se suman otros no menos importantes, como la concentración de toda la maquinaria administrativa de la Comunidad en la capital vallisoletana, lo que significa que es en las dependencias de las distintas consejerías donde se concentra no sólo el mayor número de funcionarios, sino también el de aquellos puestos con los niveles más altos en nuestra administración autonómica, algo que de forma totalmente directa favorece el ascenso de los vallisoletanos a los puestos más altos de la administración e imposibilita la carrera profesional a los empleados públicos destinados en León», revela.

La única manera que tiene un funcionario público de León de ascender conlleva un cambio de provincia que no resulta sencillo a causa de la distancia geográfica y las malas comunicaciones entre las capitales de ambas provincias. «Algunos lo ha intentado, pero muchos de ellos acabaron renunciando a su puesto en Valladolid para volver a otro más modesto en León», lamenta Riesco, que ve con pesimismo cómo de manera paulatina León pierde peso en la gestión de la Comunidad, mientras Valladolid no deja de aumentarlo. «Sólo un reparto equitativo de los centros administrativos por toda la Comunidad, con un especial reconocimiento a la provincia de León, podría favorecer un necesario y urgente equilibrio», advierte.

«Una mesa coja»

Tampoco a nivel empresarial logra adeptos la Mesa por León. Julio César Álvarez, presidente del Círculo Empresarial Leonés, no se anda por las ramas: «El CEL no está en la Mesa por León porque nadie nos ha invitado a participar y lo que sabemos lo conocemos por los medios de comunicación porque ni siquiera hay actas públicas de lo que se aborda o se negocia en ella. Es una mesa coja, en la que faltan actores muy importantes para el presente y el futuro de la provincia y sobran las disensiones».

La declaración de Álvarez no es baladí. De hecho, las empresas asociadas se pronunciaron en la Encuesta de Confianza Empresarial que presentaron el día 11 de febrero fueron claras: el 74% de los encuestados aseguró que la Mesa por León no impulsa una labor eficaz ni conseguirá mejoras e inversiones para León y sólo un 6% se muestra favorable. «Mire, León se desangra: perdemos población (una media de 4.000 personas al año, casi 14 habitantes cada día durante el primer semestre de 2020); perdemos tasa de actividad que no llega al 49%; tenemos una anomalía en el mercado laboral donde se registran más inactivos que activos, perdemos autónomos y cotizantes a la Seguridad Social; perdemos empresas; perdemos tejido industrial importante sin que haya actividades económicas alternativas...».

El presidente del CEL, que afirma que León tiene derecho a una autonomía propia, enfatiza que Castilla y León es la comunidad autónoma más grande de la UE y, desde su fundación, no se han aplicado políticas para un desarrollo armónico y equilibrado de todas las provincias. «Es evidente que esta autonomía va a dos velocidades, con dos regiones que no son equiparables, con grandes desequilibrios históricos que no se acaban de corregir y que perjudican a la región leonesa, que siempre ha estado en esa segunda velocidad», dice y añade que las grandes inversiones no acaban de llegar; «Hemos perdido y seguimos perdiendo infraestructuras y proyectos de desarrollo que van a otros territorios», critica. De hecho, la Encuesta de Confianza Empresarial le da la razón. El 64% de los empresarios y directivos opina que León no es una zona atractiva ni interesante para invertir; el 28% opina lo contrario y el 8% se muestra indeciso.

El sector ganadero ofrece su opinión a través de la voz de Arsenio Rodríguez, presidente de los ganaderos de la Montaña de León. «¿Qué para que nos vale estar en esta Comunidad?» responde el ganadero a la pregunta. «En otras comunidades hicieron una tabla rasa cuando Europa aprobó la legislación de la PAC sobre pastos», se queja Arsenio, que explica que Castilla y León prefirió no hacerlo, con lo que las zonas más afectadas fueron las de matorral y pendiente. «Justamente las que están al norte», dice. Arsenio añade que a pesar de que los puertos pirenaicos son los que más calidad tienen, la Junta los ha penalizado. «Verá, en Extremadura y Andalucía estuvo a punto de ocurrir lo mismo con las dehesas, pero los consejeros fueron a Europa y lo pelean. Aquí, nadie se movió por León», denuncia.

El ganadero reivindica que lo justo sería repartir las hectáreas entre todos los ganaderos, pero lamenta que la PAC se haya convertido en el foco de auténticas guerras y asegura que el dinero se lo llevan las juntas vecinales y la Junta. «Si hace diez años un puerto valía 6.000 euros, hoy vale 50.000, la demostración de que la PAC no es para el ganadero y que la rentabilidad de las explotaciones es ridícula». El presidente de los ganaderos de la Montaña de León cree que una comunidad leonesa cambiaría las cosas. «En Asturias y Cantabria también están disconformes, pero allí van a hablar directamente con el consejero. A mí nunca me han recibido. He estado con el ministro Planas, pero no con el consejero».

Defensa del IAL

El profesor de Economía Julio Lago, que acaba de presentar junto a Santiago Asenjo Rodríguez, Javier Callado y José Luis Prieto el informe técnico sobre la creación de la comunidad autónoma de la Región Leonesa, considera que la Mesa no es más que «una maniobra de distracción». «Quieren acallar el descontento y hartazgo expresado por miles de leoneses en la manifestación del 16 de febrero de 2020», añade. El economista destaca que en un año de funcionamiento ha demostrado ser «inoperante, incapaz de generar ni una sola actuación concreta que mitigue el fuerte declive económico de León» y la tilda de «equivocación mayúscula por cuanto que plantea hipotéticas soluciones a diez o veinte años vista «cuando la provincia de León se desangra a un ritmo anual de 4.000 habitantes al año».

Julio Lago explica que el motivo para la realización del informe es triple. Por un lado, la necesidad de corregir el grave error histórico cometido en 1983, cuando en el diseño de la España de las autonomías se unió León con Castilla, una comunidad que tilda de «fallida» y que, a su entender solo ha servido para crear desequilibrios socioeconómicos entre provincias y fortalecer y enriquecer a Valladolid. Además, muestra su convencimiento en que para la mayoría de ciudadanos leoneses no tienen sentimiento de pertenencia a Castilla y León por considerarla una autonomía artificial.

Julio Lago y el resto de eruditos han realizado un ejercicio de smart data para llegar a la conclusión de que es posible una autonomía leonesa de rango uniprovincial. Para la organización del territorio se aplicaría un modelo de administración descentralizada con reparto de instituciones entre León y Ponferrada y ambas ciudades articularían la provincia.

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En materia de representación política una Autonomía Leonesa resultaría más barata. De 38 cargos se pasaría a 30 o 34 diputados regionales.

El Consejo de Gobierno constaría de un presidente autonómico con sede en León, un vicepresidente autonómico con sede en Ponferrada y nueve Consejerías. De ellos, seis se ubicarían en León y tres en Ponferrada. La nueva autonomía no tendría coste financiero para el Estado, puesto que recaudaría impuestos de la misma manera que el resto y recibiría los fondos que el Gobierno Central transfiere a las regiones en función de su población. Tampoco implicaría aumentar el personal al servicio de las administraciones públicas, pues consolidaría el número actual de empleados de la Diputación Provincial y de la Junta de Castilla y León en la provincia de León.

«Una cuestión que abunda en la necesidad de una autonomía leonesa es la cifra del presupuesto que la Junta de Castilla y León provincializa en León: en torno a 1.100 millones de euros, cantidad alejada de los casi 2.100 que la provincia leonesa debería recibir», asegura Lago, que añade que la Junta de Castilla y León deja sin provincializar anualmente más del 40% de sus fondos, es decir, más de 4.000 millones, «una cantidad muy alta que se reparte entre las nueve provincias de la actual Comunidad Autónoma sin criterio de proporcionalidad, es decir, en función del libre criterio de la Junta».

El Informe Autonómico de León IAL sostiene que ya no cabe hablar de la «cuestión leonesa» como un interrogante, sino del «asunto leonés» como un desajuste pendiente de resolución en la agenda de España.

Medio natural

Beatriz Blanco es doctora en Biología y su activismo medioambiental ha sacado adelante numerosos logros para la provincia. Beatriz destaca que la conservación de la naturaleza se basa en las características particulares e idiosincrasia de un territorio y abunda que en tierras leonesas la propiedad comunal y la biodiversidad es mayor proporcionalmente que en Castilla, lo cual implica unas medidas de gestión y conservación distintas y adaptadas. Por ello, defiende que el acercamiento de las estrategias ambientales al territorio, repercutiría en un mayor ajuste a la realidad y una gestión más eficaz de los recursos y fondos destinados a la conservación. «La comunidad autónoma de Castilla y León es un territorio mayor que Portugal, y gran parte de las políticas y prácticas de conservación están centralizadas en Valladolid. Allí se filtran y fiscalizan los recursos, desvinculando la conservación de los territorios en los que se aplica», describe y añade que de esta manera se pierde, como mínimo, eficiencia. Además, Beatriz Blanco ve con tristeza que los habitantes de León sienten que las decisiones sobre su territorio vienen impuestas desde fuera y pone ejemplos: «Por ejemplo, la conservación de espacios naturales bajo el paradigma de las llanuras de Castilla no es aplicable a los espacios de la Cordillera Cantábrica ni ecológica, ni geográfica, ni socialmente», alerta y se pregunta qué sentido tiene gestionar el Parque Nacional de Picos de Europa desde Valladolid. Se refiere también a la conservación de especies que en la comunidad sólo están presentes en tierras leonesas, como el urogallo cantábrico. «Que la normativa se dicte desde Castilla, supone un sinsentido y un ataque a la soberanía de los pueblos. Existe un consenso científico abrumador entre la conservación territorial y la capacidad local para la toma de decisiones, entonces, ¿qué sentido tiene gestionar la biodiversidad leonesa desde Castilla?»