El Senado repalda la regulación y la despenalización de la eutanasia

Bronco. Solo así puede calificarse el debate sobre la Proposición de Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia que tuvo lugar ayer el Senado. Al aprobar la norma, la Cámara Alta ha dado el penúltimo paso para que España se convierta en el sexto país del mundo en despenalizar la eutanasia y regular su ejercicio como un derecho individual y gratuito, incluido en la cartera de servicios del servicio nacional de salud y supervisado y realizado por los profesionales sanitarios.

Rechazados nuevamente los vetos del PP y de Vox, con 155 ‘noes’, correspondientes a los partidos de izquierda, de Ciudadanos y de las formaciones nacionalistas, 100 ‘síes’ y 3 abstenciones, ahora la ley vuelve al Congreso para su aprobación definitiva.

Durante su intervención Francisco Javier de Lucas Martín, del Grupo Socialista, apeló al debate «racional», consciente de que una ley así «puede poner en juego nuestros sentimientos y emociones más profundas, sobre todo si se excitan con dicterios como ‘industria de la muerte’», decía, dirigiéndose al senador de Vox, José Manuel Marín Gascón. Minutos antes, el dirigente de Vox había lanzado una batería de preguntas: «¿Pueden afirmar que no se coaccionará a las personas más vulnerables? Díganme que no se van a realizar eutanasias involuntarias. ¿Cómo van a controlar que no se produzcan si al tiempo prevén hacerlo en residencias y domicilios por médicos privados que cobran por ello? ¿Por qué no se prevé su práctica solo en hospitales públicos? Solo cabe una respuesta: porque quieren instaurar la industria de la muerte». Para Antonio Román Jasanada, del Grupo Popular, la ley «aumentará la desconfianza de los más vulnerables, entre los mayores o las personas con discapacidades diferentes, que podrán verse condicionados hacia la eutanasia por el sufrimiento vital que conlleva verse como una carga social. No es una ley de progreso sino de retroceso de nuestra civilización», afirmó.

El senador socialista explicó que la filosofía de la nueva ley es «la de la política de laicidad que toma en serio la igual libertad de los ciudadanos sin tutelas, daños, ni privilegios». Y ha ido tratando de contraargumentar las posiciones que enarbolan los vetos.

Apuntó a que la confusión es la de «pensar que, en todo caso, no cabría hablar de un derecho sino de una libertad de morir entendida como negativa. La libertad para una gran parte de la ciudadanía es algo vacío, sin significación moral y política, cuando no pueden ejercerla porque carecen de medios y recursos para ello. Una libertad abstracta y paternalista. El propósito de esta ley es hacer asequible a todos, seas cuales sean sus medios, el derecho a decir tener una muerte propia, un derecho civil, personalísimo».

Antes intervenía en primer lugar Marín Gascón, que calificaba la ley de «injusta, inoportuna e inconstitucional pues no ha tenido en cuenta los informes de los juristas y del comité de bioética». Hablaba el dirigente de Vox de las «consecuencis negativas y destructivas» que la eutanasia tiene para la sociedad y de la necesidad de «impulsar los cuidados paliativos como prestación sanitaria». Por su parte, Antonio Román Jasanada, del Grupo Popular, se preguntaba por qué el PSOE había cambiado de postura en torno a la eutanasia. A su juicio, «es una ley de la agenda ideológica de un Gobierno que busca la confrontación social y no resolver los problemas» y además «busca anticiparse a su socio de Gobierno, Unidas Podemos, para que no les arrebaten la consecución de esos supuestos derechos sociales y tratan de vender la conquista de un nuevo derecho».

Por su parte, Carlos Mulet García, de Compromís y del Grupo Parlamentario Izquierda Confederal, establecía que el derecho a una muerte digna «no es una obligación» y, como otros senadores, afeó que la derecha siempre esté en contra de derechos y leyes que, cuando se aprueban, es la primera en usar «como el matrimonio homosexual o el divorcio».