Los expertos alertan de que las leyes ordinarias no sirve como 'plan B' jurídico al estado de alarma
Es como si en plenas turbulencias el avión apagara la luz del cinturón de seguridad. No se puede normalizar la emergencia"
Uno de los riesgos que tiene esta coyuntura inédita es que la excepción pueda acabar convertida en norma. Así que a los juristas, poco dados a los experimentos, les chirría bastante eso de aplicar leyes ordinarias ?por mucho que se reformen? para regular situaciones que desde luego no lo son. "Derribar esa frontera tiene un precio que no deberíamos asumir", abunda Alberto López Basaguren, catedrático de Derecho Constitucional por la Universidad del País Vasco.
La búsqueda a contrarreloj de una alternativa legal al estado de alarma inquieta a los expertos. Contemplan, para su desgracia, una controversia "más política que jurídica". Porque en este último plano, al menos ellos lo tienen muy claro: ninguna otra fórmula aporta ni por asomo el mismo sustento para adoptar medidas restrictivas contra el avance de la pandemia.
"No sé que es lo que lleva al Gobierno a pensar lo contrario", dice Naiara Arriola, profesora en la Universidad de Deusto, incapaz de entender el "objetivo del debate" y, sobre todo, que éste se abra a solo un mes del fin del decreto.
"¿Pero para qué vamos a buscar un 'plan B' si ya tenemos un 'plan A' que está funcionando?", se pregunta retóricamente el catedrático Javier Tajadura, defensor del mantenimiento del estado de alarma. El decreto que está en vigor, admite, "es mejorable", pero en su opinión sigue y seguirá siendo el instrumento idóneo para responder a la emergencia sanitaria.
Coincide en este sentido con López Basaguren, quien reivindica la alarma como "un acierto del sistema constitucional español". Recuerda así el embrollo jurídico que se ha vivido en otros países como Alemania, desprovistos de un mecanismo similar.
Los especialistas consultados vislumbran un horizonte de auténtica incertidumbre legal si el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, da el carpetazo definitivo al decreto del estado de alarma el 9 de mayo como ha anunciado a pesar de las presiones en sentido contrario de socios, como el PNV, y de los presidentes de varias comunidades autónomas.
Asumen que la legalidad ordinaria es "insuficiente" e "incapaz" de restringir de forma generalizada derechos fundamentales como el de circulación y el de reunión. ¿Ni aunque se haga una reforma exprés? "Incluso con procedimiento de urgencia tardaría mes y medio o dos meses", antepone Arriola.
"Y seguramente sería inconstitucional", agrega Tajadura, preocupado por que se emborrone la división entre el 'derecho de normalidad' y el 'derecho de crisis'.
En manos de los jueces Algunas voces, especialmente desde el PP, han desempolvado una ley ya en vigor, la de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública.
Aprobada en 1986, el tercero de sus cuatro artículos autoriza a "adoptar las medidas oportunas" para controlar enfermedades transmisibles. Un precepto que, si bien aparentemente encaja en una pandemia como ésta, los constitucionalistas estiman "genérico".
"Puede servir para restringir derechos de forma individualizada, para confinar a una persona, a lo sumo un edificio... Pero no de forma generalizada. Los tribunales no lo admitirían con una ley ordinaria", explica Tajadura.
En definitiva, los juristas no aprecian ninguna fórmula, ni en vigor ni sacada de la manga, para sustituir al estado de alarma. Y el riesgo de levantarlo sin un reemplazo claro es de sobra conocido: que todo acabe dependiendo de los jueces.
"Se les plantearía un dilema: ¿me atengo a lo que dice la ley o miro hacia otro lado porque la situación es la que es?", plantea López Basaguren. Una situación a evitar que, según Tajadura, implicaría alterar de facto la separación de poderes del Estado de Derecho: "En ese caso, los jueces estarían colegislando. Esa no es su función".
Los expertos llaman así a evitar debates "estériles" y urgen a los políticos a exigirse a sí mismos la "responsabilidad" que demandan al resto de la ciudadanía en plena pandemia. "La situación sigue siendo muy grave. La sociedad está muy cansada y quiere certezas. El argumentario político se nos escapa de las manos", concluye Arriola.