Sánchez se enroca en la negativa a prorrogar la alarma entre acusaciones de electoralismo

Ni los reproches más contundentes del resto de fuerzas políticas sirvieron hoy para que Pedro Sánchez se mueva de posición. No pedirá una prórroga para evitar que el estado de alarma expire el 9 de mayo, salvo un cambio radical de escenario, y no promoverá reformas legislativas que permitan a las comunidades autónomas restringir la movilidad de los ciudadanos sin necesidad de contar con el aval de los tribunales.

Lo ratificó ayer, en un pleno claramente contaminado por la inminencia de las elecciones de la Comunidad de Madrid, en el que se mostró impertérrito frente a las acusaciones de electoralismo de formaciones que hasta ahora han contado como sus aliadas.

El presidente del Gobierno contaba con una baza a su favor y es que no se trataba de un debate con votación sino de una sesión informativa para que rindiera cuentas, como se comprometió en octubre, sobre la gestión del vigente marco de excepcionalidad constitucional.

Pero la cita sirvió para evidenciar el malestar provocado por sus planteamientos en el grueso de los partidos. Y si en algún momento creyó que podría diluirlo aprovechando la ocasión para presentar el plan de recuperación, que debe enviar a Bruselas antes del próximo día 30 para empezar a recibir la ayuda de 140.000 millones de euros, se equivocó. Entre otras cosas, porque tampoco concretó mucho más de lo que ya había adelantado en exposiciones previas fuera del hemiciclo.

El líder de la oposición, Pablo Casado, fue quizá el más displicente.

"Nos ofrece una pizza recalentada ocho veces", le espetó. Pero no fue el único en reprochar lo que, entre otros, la líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, tildó de ejercicio de "propaganda". Incluso su socio preferencial, el portavoz del PNV, Aitor Esteban, le echó en cara que llevara a la Cámara cosas que ya tenían "escuchadas y oídas", que ni siquiera hubiera tenido la deferencia de remitirles el documento de más de 200 páginas que en la jornada previa había acordado la comisión interministerial, y que además mezclara el asunto con el análisis debido sobre la necesidad o no de mantener el estado de alarma.

El País Vasco es una de las comunidades que con más preocupación manifiesta está viviendo la decisión de Sánchez de no mantener por más tiempo los toques de queda o los cierres perimetrables regulables por las autonomías, recogidos en el decreto que estableció el vigente estado de alarma.

El lehendakari Iñigo Urkullu ha sido hasta la fecha el presidente autonómico que con más claridad ha solicitado al jefe del Ejecutivo que reconsidere su postura y no les prive de unos instrumentos que se han demostrado fundamentales para contener el avance de la pandemia, al menos, hasta que se alcance la inmunidad de rebaño, en agosto conforme al plan de vacunación.

Caída de la incidencia Sánchez, que sí se mostró en parte sensible a la preocupación mostrada por otros aliados parlamentarios sobre la continuidad del escudo social que acompañaba a la alarma, no dio, sin embargo, su brazo a torcer.

Las medidas en materia de desahucios y contratación de alquiler se extenderán tres meses más, desde el 9 de mayo, pero el presidente insistió en su argumento de que en el actual estadio de la pandemia ya no será necesario restringir derechos fundamentales porque, por un lado, la incidencia acumulada de contagios a 14 días es muy inferior a la de octubre, menos de la mitad, y porque la vacunación se acelerará a partir de este mes.

La tesis no convence en absoluto a la mayoría de los partidos. No solo advierten del riesgo de que no sea posible cumplir el calendario de vacunación previsto tras los problemas detectados con AstraZeneca y Janssen sino que alertan de que en mayo el porcentaje de población vacunada será aún muy insuficiente, del 10'6%, y las cifras de contagios pueden ser superiores a las actuales. En esas condiciones, Esteban llegó a calificar de "temeridad" prescindir del estado de alarma.

Ni el portavoz del PNV ni la de EH-Bildu, Mertxe Aizpurua, dudaron además en afear al Gobierno que se esté dejando arrastrar por lo que a su juicio son criterios puramente electoralistas.

"Es insultante; la ciudadanía espera certezas y no ver cómo se juega con su salud", recriminó la dirigente independentista. Hasta el líder de Más País Iñigo Errejón, también inmerso en la campaña del 4 de mayo contra el PP, advirtió a Sánchez de que su estrategia genera un "gran desorden institucional" y le alertó del riesgo de desconexión con la sociedad. "La realidad de los españoles no tiene que ver ni con el tono de los grandes anuncios ni con el triunfalismo de las grandes cifras", le dijo.

En medio del debate, Esteban se mostró irónicamente esperanzado con la posibilidad de que el 5 mayo el jefe del Ejecutivo se avenga a negociar si no la prórroga de la alarma sí una reforma de la legislación ordinaria que dé instrumentos a las comunidades, y sobre la que también fuerzas como el Partido Regionalista de Cantabria ven margen para un rápido acuerdo.

De momento, sin embargo, el Gobierno insiste en que esa opción, reclamada desde hace meses por el PP, no es garantista, a pesar de que hace un año se comprometió a impulsarla con ERC y Ciudadanos.

Sánchez, que dedicó buena parte de su intervención a criticar a Casado, y hasta acusó a Isabel Díaz Ayuso de falta de compromiso con la estrategia de vacunación, alegó que es mejor dejar que los tribunales avalen o no las medidas que en el futuro puedan imponer las autonomías.