Sanidad permite la segunda dosis con Astra a los menores de 60

El Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas llegaron anoche a un acuerdo, tras cuatro horas de reunión del Consejo Interterritorial de Salud, para permitir a las personas menores de 60 años que ya tienen una primera dosis de la vacuna contra la covid-19 de Astra Zeneca que reciban una segunda de esta misma inyección o la de Pfizer, la que decidan. El comité de Bioética preparará un documento informado.

Atención Primaria de León había reservado vacunas de Astra Zeneca para inmunizar con segundas dosis a esta franja de población, ante el retraso de la decisión del Ministerio de Sanidad, viales que están guardados en los servicios centrales de la delegación territorial de la Junta en León. 50.000 personas tienen una dosis de Astra Zeneca en León, casi la mitad trabajadores esenciales menores de 60 años.

Los miles de ciudadanos de Castilla y León que estaban pendientes de esta vacuna tendrán que dar su consentimiento informado para completar su pauta y elegir una vacuna del mismo laboratorio o la opción de hacerlo con Pfizer. El gerente de Atención Primaria de León, José Pedro Fernández, planifica ya la vacunación de este grupo que está pendiente de completar las dosis, una inmunización que realizará en el Palacio de Exposiciones en paralelo a los llamamientos masivos de otras edades.

24 horas después de que la Comisión de Salud Pública diera el visto bueno a la propuesta defendida a capa y espada por Sanidad de inocular Pfizer a los casi 2 millones de trabajadores esenciales de menos de 60 a los que se vetó repetir con Astra Zeneca por los problemas de trombos, el departamento que dirige Carolina Darias dio su brazo a torcer. Sanidad —tras una rebelión en toda regla de buena parte de las comunidades, incluidas algunas socialistas, contra el ‘cóctel’ vacunal—acabó por aceptar que todos aquellos ‘afectados’ por la ya conocida como ‘crisis de la segunda dosis’ puedan decidir si su pinchazo de ‘refuerzo’ vuelve a ser de Astra Zeneca o si prefieren Pfizer. Carolina Darias reconoció anoche que esta nueva rectificación había sido una decisión muy complicada.

Críticas al estudio

Las críticas a la fiabilidad y calidad del estudio ‘CombivacS’ con el que Sanidad pretendió vender el ‘cóctel’ de profilaxis fueron casi generalizadas en el Interterritorial y terminaron minando la posición de Darias y los suyos. Los consejeros afearon a la ministra que hubiera tratado de «forzar» a la inoculación de Pfizer sin ninguna otra opción basándose en un ensayo de poco más de 600 voluntarios, realizado en apenas dos semanas y con unos resultados que precisamente avalaban al 100% la tesis de Sanidad (que la mezcla de profilaxis, no sólo es totalmente segura, sino que además multiplica por 7 la inmunidad) . Y todo ello, además, en contra de las recomendaciones de la Agencia Europea del Medicamento (EMA), cuyas indicaciones había prometido seguir, y del criterio de numerosas sociedades médicas que rechazan el ‘cóctel’.

Amago de sumisión

La bronca en el Interterritorial no quedó ahí. Las comunidades más beligerantes, -—las ‘populares’ Madrid, Galicia, Castilla y Léon y Andalucía—llegaron incluso a amenazar durante toda la jornada con inocular Astra Zeneca por su cuenta a todo el que lo solicitara sin ningún tipo de consentimiento por parte de Sanidad. La práctica totalidad del resto de las autonomías, sin llegar a amagar con la insumisión, sí que unieron sus voces a los ‘díscolos’ para exigir, al menos, que se diera la opción de elegir a los afectados.

La consejera de Sanidad de Castilla y León. Verónica Casado, defendió durante las horas previas a la reunión mantener la pauta con Astra Zéneca porque que la ficha de la vacuna no se ha modificado y, además, supondría «detraer una cantidad muy sustancial» de dosis de Pfizer, lo que comprometería la posología de segundas dosis a grupos vulnerables como son mayores de 70.

Al final, el frente unido de todas las comunidades de diferentes colores triunfó y doblegó la voluntad de Sanidad, que había comenzado la jornada con la consigna de que el acuerdo de la Comisión de Salud Público del martes para inocular la segunda dosis de Pfizer era de «obligado cumplimiento».

Ante la presión de las autonomías, el Gobierno central buscó una salida al callejón en el que se había metido y elevó una consulta al Comité de Bioética para que dijera si era aceptable dejar elegir marca a las decenas de miles de profesores, militares, policías, farmacéuticos o bomberos afectados.