Castilla y León mantiene sus medidas

«De momento, seguimos aplicando nuestro semáforo», confirmaron a este periódico fuentes oficiales, que no aclaran si el Ejecutivo autonómico recurrirá las medidas restrictivas publicadas ayer por el Gobierno de Sánchez en el BOE, tal y como anunció el vicepresidente Francisco Igea en la rueda de prensa del jueves tras el Consejo de Gobierno que decidió la desescalada de toda la Comunidad a fase 2. «Recurriremos a la justicia si fuera necesario», insistían ayer las mismas fuentes, una decisión que se tomará tras el análisis de la resolución del Gobierno por los servicios jurídicos.

Según las informaciones recabadas por este periódico, los borradores en los que trabajan los dos territorios que ya han decidido recurrir (Madrid y Castilla y León) y los que estudian al menos otras comunidades son muy similares y tienen intención de dirigirse a la sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional. El argumento central, en síntesis, es que el Interterritorial no puede imponer su criterio porque es un mero órgano de coordinación técnica entre técnicos (que no políticos) de las diferentes administraciones territoriales.

La única valoración que llegó ayer de la Junta fue a través de twitter. El presidente, Alfonso Fernández Mañueco, utilizó esta red social para reprochar al Gobierno que se «obceque» en aumentar las restricciones, que «hacen daño» a la economía, en momentos en los cuales la situación sanitaria mejora por el avance de la vacunación, y pidió al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez que vuelva «al consenso». «El semáforo actual acordado con todos nos permite a las comunidades autónomas avanzar en el alivio de las medidas, protegiendo la salud, y facilitar la recuperación económica».

También Igea utilizó Twitter para rechazar las medidas del Gobierno. «Baja la incidencia, la hospitalización y la mortalidad. No tiene sentido cambiar política de restricciones en este momento. mantengamos la prudencia». La publicación oficial de las limitaciones para la hostelería abre la guerra judicial con los territorios que no secundan la propuesta de Darias.

El protocolo es de obligado cumplimiento y, entre otras cosas, prohíbe que en toda España las terrazas acepten clientes a partir de medianoche; que fuerza a los hosteleros a recoger las mesas a la una de la madrugada; que obliga al ocio nocturno y a las discotecas a echar la persiana a las tres de la madrugada; o que exige a los empresarios a clausurar el interior de sus locales cuando la incidencia acumulada se encuentre por encima de 150 casos por cada 100.000 habitantes. Tampoco acepta que haya grupos de más de seis personas en las terrazas.

Es el semáforo de la desescalada en hostelería y ocio nocturno, que enfrenta hasta siete comunidades autónomas con el ministerio de Sanidad. Entre ellas, cinco gobernadas por el PP, además de Cataluña y Euskadi. Esta última está en el nivel 3 de alerta y debería dar marcha atrás y cerrar, con esta orden, el interior de sus bares en toda la comunidad. Lo mismo que la Rioja.

El semáforo que introduce el Ministerio de Sanidad fija en los 150 casos la incidencia a partir de la cual habría que cerrar el interior de los bares, restricción que en Castilla y León afectará a Palencia y Valladolid, con 156, 56 y 170,17 casos, respectivamente.

Declaración de guerra

Las restricciones publicadas en el BOE son percibidas como una declaración de guerra por parte de algunas autonomías, especialmente la Comunidad de Madrid y País Vasco. En el caso de Euskadi, los socialistas vascos —socios de gobierno del PNV— quisieron rebajar la tensión al aclarar que lo publicado en el BOE incluye, según interpretan, una «cláusula de contextualización» que da flexibilidad y permite atender a las especificidades que se dan en cada comunidad respecto a distintos aspectos relacionados con las medidas para combatir la covid-19.

Ya han anunciado que no aceptarán el protocolo Madrid, Galicia, Andalucía, Murcia, Cataluña, Castilla y León, País Vasco y Melilla. que fueron los territorios que se abstuvieron o votaron en contra del acuerdo. Una nueva escaramuza que va a convertirse en el enésimo capítulo de la judicialización de la lucha contra la pandemia.