«España no tiene clara la política de integración y dificulta la convivencia»

El jesuita leonés Alberto Ares se encargará a partir de septiembre de dirigir el Servicio Jesuita a Refugiados en Europa, una institución que coordina desde Bruselas las 22 oficinas de todo el mundo que trabajan con personas desplazadas y vulnerables. Este nuevo proyecto desde Bruselas no le desvinculará del todo del Instituto Universitario de Estudios sobre Migraciones de la Universidad de Comillas, a la que seguirá vinculado como investigador y director de tesis.

—¿Cuántos refugiados hay en el mundo?

—Acnur, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, cifra en 82 millones las personas que se han visto obligadas a dejar su país, de los que 26,4 millones tienen el estatus de refugiados. En el mundo hay más de mil millones de personas que están en movimiento, migrantes y desplazados, y de ellos, 280 millones son migrantes internacionales, aquellos que han tenido que cruzar las fronteras.

—¿Cuántos hay en España?

—En España hubo 88.735 solicitudes de asilo en 2020, pero sólo se concedieron el 5%, es decir, 5.758 con estatuto de refugiados y 40.726 tienen protección por ayuda humanitaria. Tradicionalmente no han llegado muchos hasta la guerra de Siria.

—Cada vez hay más voces xenófobas en contra de la inmigración ilegal ¿Por qué aumentan esas ideologías?

—La realidad de España ha cambiado mucho en los últimos años. España está en la frontera sur de Europa y la complejidad de las migraciones es cada vez mayor. Si además tenemos en cuenta el elemento geopolítico y las relaciones nacionales e internacionales con países como Marruecos, lo complica mucho más. Las migraciones se utilizan como instrumento para echarles la culpa de los males que tiene España y otros países lo utilizan como moneda de cambio para otros acuerdos, como ocurre con Marruecos o el Sáhara. Esta corriente xenófoba tiene por una parte ese elemento. Culpabilizar a los colectivos vulnerables que no pueden votar tiene un rédito político porque es muy fácil descalificar a estas poblaciones. Lamentablemente, este juego que no existía en España hasta hace dos o tres años, está aumentando. España no tiene una política de acogida y de integración clara y estructurada. Las personas más vulnerables llegan a los barrios donde los alquileres son más baratos y van a los colegios que están en la misma zona. El mercado laboral no ha tenido una reestructuración importante adaptado a casi el 17 % de población que hay en España de personas de origen inmigrante. Todo esto es un caldo de cultivo para que en algunos sectores de la población haya un descontento, porque no se hace una buena gestión de la diversidad, que se concentra en unos barrios determinados. España, como dicen todos los informes económicos internacionales, necesita alrededor de 200.000 inmigrantes al año para poder ajustar la pirámide poblacional y el mercado laboral. La población inmigrante trabaja en sectores donde difícilmente se puede prosperar, aunque muchos vienen con carreras universitarias. La media de estudios es la misma media de la población española.

—¿Cada año deberían llegar 200.000 inmigrantes a España para equilibrar esas balanzas demográficas y laborales?

—El Informe España con cifras hasta el año 2050 habla de 191.000 inmigrantes al año, pero se recomendaban 250.000. El saldo migratorio en España desde hace diez años es ese. La gente pone el foco en las fronteras y hay partidos políticos que dicen que nos van a invadir por el sur, donde evidentemente hay una situación humanitaria grave en lugares como Canarias, Ceuta y Melilla, dónde no hay problemas migratorios, sino políticos. El año que más personas han llegado a España por el Mediterráneo sumaron 50.000 y las personas que entraron por aeropuertos en 2019, antes de la pandemia, fueron 720.000. Otros 250.000 emigraron, salieron de España, por lo que hubo un saldo de unos 400.000 inmigrantes, pero otros años es de 200.000, que son los que necesitamos.

—Decía antes que hace falta una política clara de acogida ¿qué falla de la política actual?

—Estamos poniendo el foco en las fronteras, que, junto al miedo, es lo que da rédito político, pero lo importante es la acogida y la integración. De los más de 47 millones de personas que vivimos en España, siete millones son personas que han nacido fuera de nuestras fronteras. Un 17 % de la población es de origen inmigrante. Como esto no lo tomemos en cuenta, lo que ocurrirá es que los barrios se convertirán en auténticos polvorines y darán mucha carnaza a aquellos movimientos xenófobos donde los prejuicios estén a favor de piel porque la convivencia será más complicada. No se puede mirar sólo a las fronteras. Otro elemento importante es la acogida humanitaria. La política actual es del año 2015, cuando España tenía un número muy pequeño de refugiados, pero ahora necesitamos otro modelo de integración y cohesión social de acceso a sanidad, servicios y vivienda. Los políticos tienen que arreglar todas estas cosas, pero eso no nos exime a ninguno de nosotros individualmente y como colectivos a corresponsabilizarnos y plantear soluciones para no meter el dedo en la llaga. Hay sectores de la sociedad española que están haciendo las cosas muy bien. La comunidad jesuita trabajamos en una red de acogida de personas vulnerables, que se quedan en el borde del camino, y se están implicando familias, parroquias, ayuntamientos, asociaciones de barrio, y eso es menos conocido

—¿Qué respondería a los relatos que dicen que los inmigrantes tienen acceso a ayudas a los que no tienen derecho los españoles?

—En España se intenta ayudar a las personas más vulnerables. Puede que haya algún desajuste. Los españoles, por el hecho de nacer, tenemos derechos, pero las personas refugiadas son las que tienen menos recursos y están en peor situación. Hay datos que circulan por ahí, como los que se publicitaron en el metro de Madrid poco antes de la elecciones en la capital de España, que comparaban las ayudas que recibía un inmigrante y un jubilado. Esos datos son un falacia. A los inmigrantes jóvenes no se les da dinero. Lo que se destina a su ayuda es lo que cuesta la plaza o el recurso que reciben, como cualquier otro menor en España. La pensión no es lo único que hay que valorar en una persona jubilada, que tiene a su disposición recursos sanitarios y otros servicios que gracias a Dios podemos tener en España. Es una falacia utilizar así los datos. En la medida que vayamos apuntando medidas más universalistas habrá más cohesión social. Es mentira que los inmigrantes copen la sanidad pública. Las personas que más recursos gastamos somos los mayores. Si en un barrio viven un 80% de personas inmigrantes lo normal es que en el centro de salud haya la misma proporción. Si vas a la Moraleja o a Eras de Renueva en León, por ejemplo, no será la misma proporción de inmigrantes.