Ninguna petición en los diez primeros días de la Ley de Eutanasia
Pocos objetores de conciencia. La Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia (Lore) cierra los primeros diez días en vigor sin ninguna solicitud en León. El Comité de Bioética ya ha dado el visto bueno a los miembros de la Comisión de Evaluación y Garantía, que se aprobará esta semana.
Las últimas voluntades registradas con antelación en el testamento vital son las únicas válidas si no se está en capacidad de obrar. DL
«Sin sobresaltos y con absoluta normalidad». Así califica el presidente del Comité de Bioética Asistencial de León, Antonio Blanco Mercadé, los primeros diez días de aplicación de la Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia (Lore). Ningún paciente de la provincia ha solicitado en este tiempo acogerse a la nueva regulación, ni en el área de León ni en Ponferrada, según fuentes sanitarias oficiales. «El que exista una ley no significa que la gente la vaya a utilizar, sino que da tranquilidad al enfermo y un motivo más para no precipitarse en las decisiones», asegura Mercadé.
La ley entró en vigor el 25 de junio, pero aún está pendiente de que se apruebe la composición de los miembros del Comité de Evaluación y Garantía, que ya tiene el informe favorable del Comité de Bioética y que se espera que tenga el visto bueno de la Consejería de Sanidad la próxima semana.
Hasta la fecha, hay pocos profesionales sanitarios que se han acogido a la objeción de conciencia, aunque en la página de internet de la Junta se Castilla y León está disponible el registro en el que pueden apuntarse de forma telemática.
Buenas prácticas
La Ley aterriza sin ruido y con normalidad y se dan pasos para formar e informar al personal sanitario. Profesionales de gestión, dirección y administración de la sanidad de León han recibido formación sobre la aplicación de la ley a lo largo de esta semana. La Consejería de Sanidad organizó el jueves un curso online de formación para el personal sanitario, en el que participaron otros 600 profesionales de medicina y enfermería.
El próximo Consejo Interterritorial de Sanidad que se celebra el miércoles, presidido por la ministra de Sanidad, Carolina Darias, y los representantes de las comunidades autónomas, tiene previsto dar el visto bueno al Manual de Buenas Prácticas sobre eutanasia, un documento que establece un conjunto de recomendaciones para orientar a los profesionales sanitarios y a la ciudadanía para garantizar la correcta puesta en práctica de esta ley. En el manual se refleja el marco normativo, define las funciones de los profesionales sanitarios que intervienen en todo el proceso, detalla las fases del procedimiento, hace recomendaciones sobre la forma y el tiempo de realización de la prestación y recoge una guía de los medicamentos que deben administrarse al paciente, así como el derecho de los profesionales a acogerse a la objeción de conciencia.
Buenas prácticas
«En esta guía que está previsto que se aprueba la próxima semana también se especifican doce herramientas con preguntas abiertas para que el médico sepa si el paciente entiende las consecuencias de su decisión y si lo asume como propio», destaca Mercadé.
Nadie puede pedir la eutanasia para otra persona. La ley no lo permite. Tras la solicitud, individual, se abre un proceso de comprobación que puede durar hasta 40 días en el que interviene un equipo de profesionales de distintas especialidades, que es el que autoriza o rechaza un procedimiento que sólo puede pedir una persona que sufra «una enfermedad grave e incurable» o «un padecimiento grave, crónico o imposibilitante» que afecte a su autonomía y les ocasione un «sufrimiento físico o psíquico constante e intolerable», que sea mayor de edad con plena capacidad de obrar y de decidir libremente, que tenga la nacionalidad española o residencia legal en España o certificado de empadronamiento que acredite un tiempo de permanencia en territorio español superior a doce meses y que realice la petición de la prestación libremente y sin ninguna presión externa, de forma consciente e informada. En el caso de que la persona no esté capacitada para tomar esa decisión, podría autorizarse la eutanasia sólo si hubiera formalizado con antelación un documento de instrucciones previas en el que conste inequívocamente ese deseo.
Primera decisión nacional
De momento, la primera medida tomada tras la entrada en vigor de la Ley la tomó la Fiscalía de Madrid al retirar su acusación contra Ángel Hernández, el hombre que ayudó a morir a su mujer enferma de esclerosis múltiple en 2019, y para el que pedía seis meses de prisión por cooperación al suicidio. El Ministerio Público presentó la pasada semana en el juzgado un escrito en aplicación retroactiva de la modificación del Código Penal introducida por la ley de eutanasia. La Fiscalía, que cuando presentó su escrito dejó claro que no se opondría al indulto si Hernández fuese condenado, sostiene que la ley en vigor desde hace diez días, ha supuesto «el reconocimiento legal del derecho a poner fin a la vida en situaciones de padecimiento grave, crónico e imposibilitante o de enfermedad grave e incurable, pasando a proteger legalmente un derecho que antes no tenía cobertura legal».