La pandemia tritura a los adolescentes españoles

Hace menos de un mes fueron los pediatras españoles quienes lanzaron un SOS a las autoridades sanitarias. Hoy es la Fundación Anar. La organización que gestiona los principales teléfonos de ayuda y de primera intervención ante cualquier tipo de problema o violencia contra la infancia ha activado la misma señal de alerta. Los diagnósticos, ambos basados en datos y un conocimiento de primera mano, son prácticamente coincidentes: los efectos de la pandemia han triturado a niños y adolescentes y han disparado todo tipo de trastornos de salud mental. El aviso de Benjamín Ballesteros a los responsables sanitarios es claro. "Hay que actuar ya por la gravedad de las tendencias", indica el director de Programas de Anar.

La radiografía compuesta con el informe elaborado con las peticiones de ayuda de los menores a los teléfonos y chat de Anar, tanto durante el confinamiento como en las distintas etapas del estado de alarma, es negra como el carbón. Como resumen se puede decir que recibieron 166.433 comunicaciones en 2020, de las cuales 11.761 son casos graves y hasta 2.277 (unas seis al día) exigieron intervenciones de emergencia de servicios sanitarios, sociales, psicólogos, policías o fiscales. Los casos graves fueron un 39% más que los de 2019 y las actuaciones de emergencia, un 55% más.

El balance habla por sí mismo. Trastornos alimentarios, episodios de autolesiones, ideaciones suicidas, ansiedad y depresión por las nubes y aumentos enormes del maltrato físico y de los agresiones a través de la tecnología, como las extorsiones sexuales o la pornografía infantil.

Los tres meses de confinamiento fueron, según la descripción de Ballesteros, "un 'cóctel molotov' en los hogares" que impactó de lleno en los más jóvenes. Una situación de espacio mínimo, agravada por los problemas laborales de los adultos -teletrabajo, ERTEs, despidos-, el miedo por el virus y el duelo por los seres queridos, la ausencia de relaciones sociales y la falta de lugares protectores como la escuela o el médico, fue una fuente de enorme frustración, indefensión y desesperación.

Las primeras consecuencias fueron que los adolescentes con ideaciones suicidas se multiplicaron por tres, los cuadros de ansiedad lo hicieron por cuatro y las depresiones casi se doblaron. El maltrato físico aumentó un 21% -hasta llegar a casi el 16% de las llamadas- y los problemas de violencia tecnológica crecieron casi un 30%, con los casos de 'grooming' -los adultos que se hacen pasar por jóvenes para lograr imágenes, vídeos sexuales o encuentros a través de chantajes o engaños- subiendo un 60%, los episodios de pornografía infantil un 42%, y con mucho más 'ciberbullying' y violencia de género a través del móvil.

Con las primeras salidas del verano se dispararon las urgencias por trastornos alimentarios -que motivaron casi nueve veces más peticiones de ayuda que en 2019- en medio de una degradación de los ambientes familiares, con fortísimos aumentos de los problemas por separaciones y custodias o regímenes de visitas de los hijos, y con un crecimiento de las consultas sobre ayudas por situación de pobreza, que multiplicaron por cuatro las de doce meses antes.

Reforzar Salud Mental Las tendencias preocupantes, sin embargo, no pararon de exacerbarse con el paso de los meses y el complejo retorno a las aulas. Fue en ese momento cuando se detectó en mayor medida otra de las alarmas del ejercicio: el gran aumento de casos de autolesiones (arañazos, cortes, quemaduras, etcétera) en jóvenes. Las peticiones de ayuda fueron tres veces más numerosas que en 2019. Un comportamiento extremadamente contagioso entre los conocidos físicos o virtuales que busca combatir los estados de ansiedad y estrés y llamar la atención sobre sus problemas.

La Fundación Anar, como ya hicieron los pediatras, pide a las administraciones actuaciones urgentes para que los enormes daños causados a los niños y jóvenes por la pandemia no se cronifiquen. Demandan una estrategia de erradicación de la violencia sobre la infancia, el destino de mayor número de profesionales al área de Salud Mental juvenil, la activación de todos los protocolos para detectar casos graves, y la agilización de la creación de los juzgados especializados en infancia y familia que prevé la ley de protección integral de los menores que entró en vigor el pasado 25 de junio.