Cada habitante en riesgo de pobreza recibe 21,5 euros de ayuda urgente

Castilla y León dedica de media 2,89 euros por habitante al año para ayudas sociales de urgencia, lo que la sitúa por debajo de la media nacional situada en los 3,86 euros, mientras que si se tiene únicamente en cuenta a la población en riesgo de pobreza la cifra se eleva a los 21,5 euros, por encima de los 18,18 euros de la media nacional.

No obstante, en esta Comunidad se abonan las cuantías de prestaciones más elevadas del país, de hasta 648,31 euros, frente a los 183,94 euros de la media nacional.

Así figura en el último estudio publicado por la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, que se centra en las dificultades de las personas necesitadas para acceder a las ayudas de emergencia social, como consecuencia de la burocracia, según el comunicado de esta entidad publicado este miércoles.

Hasta dos meses tardan algunos ayuntamientos en conceder y abonar las ayudas de emergencia social que solicitan las familias para necesidades tan básicas como comer, vestirse o pagar el alquiler, ha denunciado esta asociación.

Ante esta situación originada por las trabas burocráticas, los gerentes de los servicios sociales piden que las ayudas de emergencia social no se tramiten como cualquier subvención, sino que establezcan procedimientos ágiles facilitando la prescripción del profesional de los servicios sociales municipales. En el caso de Castilla y León —séptima autonomía en esta tabla—, el gasto en ayudas de emergencia —con la referencia de los últimos datos publicados de 2018— fue de 6,9 millones de euros; lejos de los máximos fijados por Andalucía (39,1 millones), Cataluña (33,9 millones) y Comunidad Valenciana (29,5 millones). Más de 3,3 millones de españoles sufren carencias materiales graves: no pueden permitirse una comida de carne o pescado cada dos días, mantener su vivienda con una temperatura adecuada, hacer frente a gastos imprevistos, pagar suministros o tener una lavadora, según los últimos datos del INE. «Solamente 900.000 personas han recibido ayudas de emergencia social de las entidades locales, exiguas y atrapadas en la burocracia», indica esta asociación que recuerda que el ingreso mínimo vital (IMI) y las ayudas de emergencia social que ofrecen las entidades locales, fundamentalmente ayuntamientos, son los recursos que tienen estas familias para cubrir esas necesidades tan básicas.