En el naufragio en el lago de Bañolas murieron 21 jubilados franceses y resultaron heridas 16 personas
El fiscal pide 4 años de cárcel a los acusados por el naufragio de «la Oca»
El fiscal y las acusaciones particulares piden 4 años de prisión y el pago de indemnizaciones por valor de 1,4 millones de euros para los tres
El fiscal y las siete acusaciones particulares personadas en la causa imputan a los tres procesados 21 delitos de homicidio por imprudencia grave y otros 16 delitos de lesiones y piden para cada acusado 4 años de prisión y la inhabilitación para ejercer actividades en el agua, en el caso de los barqueros, y para ejercer un cargo público, en el caso del ex concejal. Las defensas piden la absolución de los implicados alegando que no son responsables del desastre y culpando a los constructores del barco. El referente para la acusación es el Reglamento de Actividades de l''Estany, aprobado por el Ayuntamiento el 23 de febrero de 1993, y que, según el fiscal, fue quebrantado por los acusados en varios puntos permitiendo que navegase una barca que no se adecuaba a la normativa y que era pilotada por personas que carecían del título. Los propietarios de «la Oca», dice la acusación, encargaron un proyecto a un ingeniero naval para modificar el barco y el ayuntamiento dio su visto bueno al citado proyecto en 1997. Pero los dueños de la barca, por su cuenta y riesgo, encargaron los trabajos de modificación a distintas empresas, asumiendo la dirección de las obras, en lugar de encargarla a unos astilleros expertos. Así instalaron en el barco 160 baterías en lugar de las 80 previstas en el proyecto del ingeniero naval, dando así mucha más potencia de la permitida a la embarcación y aumentando su peso en 4 toneladas, por lo que la parte trasera de la nave se hundía más que la proa. Los acusados solucionaron el problema inundando los compartimentos de la proa eliminando la mayoría de mamparos o paredes divisorias. Es decir los elementos que debían impedir la inundación absoluta del barco en caso de ir a pique. Ambas soluciones, no supervisadas por el ayuntamiento según establecía el Reglamento de l''Estany, resultaron determinantes en el trágico desenlace ocurrido la mañana del 8 de octubre de 1998 cuando llegaron al lago para disfrutar de un paseo en barco un total de 141 jubilados franceses que se encontraban de vacaciones. Según la acusación, los acusados hicieron subir al barco a todos los turistas franceses, cuya media de edad era de 65 años, y con Bartolomé Gayolá al mando del timón, la embarcación inició la maniobra de marcha atrás para salir del embarcadero. Sin embargo, no pasaron ni unos minutos cuando el agua comenzó a entrar por los agujeros efectuados en la popa para dar mayor ventilación a las máquinas, debido al extraordinario aumento de peso de la barca por la gran cantidad de pasajeros que llevaba a bordo. En unos instantes, el agua inundó el buque de proa a popa y, debido a estas deficiencias y la falta de medidas de seguridad, la Oca naufragó cobrándose el lago la vida de 21 jubilados e hiriendo a otros 16 turistas.