El patrón de L''Oca admite que navegó durante años sin título

Este juicio congrega a catorce abogados, tres acusados, 235 testigos, centenares de periodistas y un coste al erario público de 237.566 euros. La vista se dirige contra los dueños del catamarán, Simó Rodríguez y su suegro Bartomeu Gayolá, y el ex concejal de Medio Ambiente de Bañolas, Josep Alsina, al que los abogados de la acusación llaman el «regidor del lago», que afrontan peticiones de 4 años de prisión y más de 12 millones de euros de indemnización. Rodríguez, en una declaración que ha durado más de cuatro horas, ha dicho que no se siente responsable de este «fortuito» suceso y ha afirmado que se considera un «profesional» avalado por su experiencia, por lo que cree que no le hacía falta titulación naviera específica alguna, aunque ha dicho que nadie se la pidió. En este sentido, ha explicado que se puso en contacto con la Dirección de la Marina Mercante y con el Ayuntamiento pero, según ha afirmado, ambas instituciones no sabían con exactitud el título que precisaba. El patrón cree que actuó correctamente por lo que ha dicho que volvería actuar de la misma manera de encontrarse en la misma situación previa al suceso. Ha explicado que se cercioró de que los 141 pasajeros franceses, a los que no contó a la hora de subir al barco, estuviesen cómodamente aposentados en la barca para arrancar, tras hacer los repasos de rutina. Simó Rodríguez ha exculpado de cualquier responsabilidad a su suegro al asegurar que era él quien pilotaba la nave, lo contrario de lo que afirma el fiscal y la acusación, aunque ni uno ni otro poseía el título necesario para esta labor. El patrón ha dicho que él encargó a distintos industriales la construcción de un barco para unos 150 pasajeros, por lo que no le dio importancia en su día a que el permiso sólo fuera para llevar a ochenta turista, porque cree que «una cosa es la limitación administrativa y otra muy diferente la capacidad real de la embarcación», escudándose en que nunca antes había ocurrido ninguna desgracia.