AMBIENTALES

dl

En noviembre pasado, la Eurocámara dio el último visto bueno a esa reforma de gran calado, que aumenta las medidas ambientales con el propósito de lograr una agricultura más sostenible, en línea con el Pacto Verde europeo, las estrategias de biodiversidad y «De la granja a la mesa», y los objetivos comunitarios de lucha contra el cambio climático.

Ya en diciembre fueron publicados los tres reglamentos de la nueva PAC, centrados en la financiación, la organización común de mercados y los planes estratégicos nacionales.

En total, entre 2023 y 2027 se repartirán en la UE 386.000 millones de euros, de los que 47.724 millones corresponden a España, que cuenta con unos 630.000 beneficiarios.

De esas ayudas, los agricultores y ganaderos españoles percibirán más de 4.800 millones de euros anuales en ayudas directas, unos 700 millones en medidas de mercado y otros 1.700 millones en desarrollo rural.

Queda un año de transición en el que la normativa nacional deberá desarrollar las novedades de la nueva PAC, empezando por los ecoesquemas o ayudas ligadas a prácticas ambientales, que supondrán una cuarta parte de los pagos directos.

Mientras la Comisión Europea, el Parlamento Europeo y los gobiernos de los países de la UE terminaban de ponerse de acuerdo en 2021, en España el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación se reunía con las comunidades autónomas, el sector agrario y otros actores para sentar las bases del plan estratégico de aplicación de la PAC.

El plan acaba de ser presentado esta semana al Consejo de Ministros y hoy se remite a la Comisión, que deberá revisarlo en 2022 antes de su aprobación final.

En una entrevista con Efe, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, define el trabajo realizado como un «ejercicio de consenso básico» con las comunidades y las organizaciones agrarias.

Destaca que la nueva política agraria aspira a ser «más verde y social» (el 43 % del gasto va dirigido a medidas ambientales), a distribuir mejor las ayudas y promover la innovación y la digitalización del sector agroalimentario, respetando la «diversidad agronómica» de España. Podrán cobrar las ayudas los agricultores activos que cumplan alguna de las siguientes condiciones: tener un mínimo del 25 % de sus ingresos vinculados a la actividad agropecuaria, percibir menos de 5.000 euros anuales por la PAC o estar dados de alta como autónomos en el Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social.

Según el plan, actualmente sometido a consulta pública, los productores podrán beneficiarse de los ecoesquemas si llevan a cabo prácticas de pastoreo extensivo, agricultura de conservación, siembra directa, cubiertas vegetales, espacios de biodiversidad y rotaciones de cultivo.

También se contemplan ayudas básicas a la renta y otras complementarias en el caso de pequeñas y medianas explotaciones, jóvenes y mujeres; se obliga a cumplir las normas laborales y se incluyen pagos asociados.