El PSOE pide multas para los clientes de los prostíbulos

El PSOE quiere la abolición de la prostitución y la quiere ya. Solo 24 horas después de que pinchasen con su intento de lograrlo a través de un atajo (una enmienda a la ley del ‘solo sí es sí’) tomaron el camino principal. Ayer registraron en el Congreso una proposición de ley que pide la prohibición de un negocio que, en la mayoría de casos, vive de la explotación de las mujeres.

La proposición de ley prevé, además del encarcelamiento de proxenetas y dueños de burdeles y la clausura de sus locales, fuertes multas para los puteros e, incluso, ordena su entrada en prisión de 1 a 3 años si la mujer prostituida es una menor o está «en situación de vulnerabilidad». Las multas serán de 12 a 24 meses (la cantidad por día la fija el juez) y del doble si es una menor. La reforma libera de toda responsabilidad o sanción a las mujeres prostituidas, a quienes considera víctimas sin excepciones.

Si la norma se aprueba esta legislatura, lo que es posible dada la posición sobre el papel favorable de los dos grandes partidos, significará el cierre inmediato de todos los burdeles españoles y el encarcelamiento de cualquiera que se enriquezca con el ejercicio de la prostitución por otra persona, sea el beneficiario un simple proxeneta (el chulo) o sea además el dueño del burdel, piso o local en el que se produce la explotación sexual. Dará igual que el prostíbulo funcione con o sin la participación voluntaria de quienes se prostituyen. Promover la prostitución será ilegal y un delito en todos los casos.

El PSOE sabe que, en principio, el PP está de acuerdo con su ley abolicionista, pues su contenido es idéntico al de las enmiendas fallidas a la ley del ‘solo sí es sí’ que los populares estaban dispuestos a apoyar el miércoles. La suma de los votos de estos partidos asegura la mayoría absoluta en ambas cámaras, lo que minimizaría la importancia del resto, con ERC, Cs, JxCat y la CUP partidarios de que la prostitución voluntaria se regule como una profesión más; con Unidas Podemos dividida entre abolicionistas y partidarios de la regulación, lo que puede desatar una nueva batalla por el liderazgo del feminismo en la izquierda y en el propio Gobierno; y con el PNV y EH Bildu, que aún no han desvelado sus cartas sobre el debate de fondo.

La reforma considerará autor de un delito de proxenetismo a todo aquel que, con ánimo de lucro, promueva, favorezca o facilite la prostitución de otra persona, aun con su consentimiento. La infracción se pagará con entre 1 y 3 años de cárcel y multa de 12 a 24 meses. La definición está diseñada para exonerar del delito conductas de mera receptación en el ámbito familiar (una prostituta que trae dinero a casa).