El Congreso aprueba por amplia mayoría la ley del ‘solo sí es sí’

Tras dos años de pulsos y ásperas negociaciones, con los enfrentamientos más duros entre los propios socios del Gobierno, el Congreso aprobó hoy, por una muy amplia mayoría, la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual, más conocida como del ‘solo sí es sí’. El pleno, con los únicos ‘noes’ de PP y Vox, dio el plácet a la norma que convierte en agresión todo acto contra la libertad sexual no consentido con claridad. La suma de ‘síes’ de Gobierno, izquierda, nacionalistas y Cs, dos centenares de escaños, es uno de los grandes consensos de la legislatura y un éxito de Irene Montero, la ministra de Igualdad, que ha luchado con uñas y dientes para sacarlo adelante. «Hoy el movimiento feminista vuelve a hacer historia», aseguró.

Los diputados dieron el paso a escasos 40 días del sexto aniversario del salvaje ataque de La Manada en sanfermines, cuando cinco jóvenes se confabularon para acorralar y violar reiteradamente a una chica de 18 que estaba bebida. Fue la indignación desatada por la tenue condena inicial, que solo vio abuso y no violación, la que activó la reforma, que pretende que aquel atropello no vuelva a repetirse. La existencia o no de consentimiento es el centro de la regulación. Desaparece el abuso y todo acto no consentido será agresión sexual y toda agresión con penetración, violación. Pero la ley del ‘solo sí es sí’ no se limita a los delitos sexuales. Se ocupa de todos las violencias contra las mujeres por el simple hecho de serlo y prohíbe la publicidad de la prostitución.

Toda agresión tiene cárcel

Con la desaparición de los abusos también se evaporan las multas. Toda agresión se paga al menos con un año de cárcel.

Delitos y agravantes

La agresión sexual tiene penas de 1 a 4 años de cárcel y la violación de 4 a 10. A partir de ahí, hay un catálogo de agravantes que elevan la pena en un grado (si se aprecia una) o en dos (dos o más). Una agresión sexual agravada puede llegar a los 6 años de cárcel y a 7 con doble agravación. En las violaciones, la agravada se movería entre 7 a 12 años y la muy agravada, entre 9 y 15.

Forzar a la pareja, agravante

Parte de las agravantes ya existían, como la agresión grupal, el uso de armas o la violencia extrema. Otras son nuevas, como que el agresor sea pareja o expareja. Agredir a una expareja supone un mínimo de dos años más de cárcel y violarla, al menos tres.

Sumisión química

Otra agravante es la que castiga la sumisión química (emborrachar o drogar a la víctima). Sumaría por sí sola a la pena entre 2 y 3 años de cárcel. La agresión con sumisión química se pagaría con un mínimo de 6 años de cárcel y, si hay violación, con no menos de 7 a 12 años de reclusión del condenado.

Acoso callejero

Es un nuevo delito. Castiga con localización, multa o trabajos comunitarios comportamientos o proposiciones sexuales hostiles, humillantes o intimidatorias. Exige denuncia y no incluye piropos que merezcan tal nombre.

Reeducación sexual obligada

Todos los adolescentes condenados por delitos contra la libertad sexual tendrán, con independencia de la pena, la obligación de someterse a programas formativos en sexualidad e igualdad.

EVITAR REVICTIMIZACIÓN

Se desarrollan medidas procesales de acompañamiento a las víctimas, incluyendo la posibilidad de evitar contacto visual con el presunto agresor o la declaración en salas especiales.

Todas las violencias sexuales

La ley no se limita a la agresión sexual. Es una norma integral contra toda violencia. Previene, ayuda y protege a las víctimas de mutilación genital, matrimonios forzados, acoso o trata.

Igualación de las víctimas

Implanta para las víctimas de estos delitos, haya o no denuncia, un sistema de asistencia, ayudas, acompañamiento y protección que les da una cobertura muy similar a la que ya tienen las víctimas de la violencia de género. Serán protegidas por agentes, forenses y jueces especializados, atendidas en el teléfono 016 y se crean centros de crisis de 24 horas para las mayores de 16 años y casas de niños. Las más desfavorecidas recibirán ayudas y tendrán, por ejemplo, acceso preferente a la vivienda pública.

violencia vicaria

Toda madre a la que su pareja o expareja asesine a alguno de sus hijos tiene la condición de víctima directa de un delito violento, lo que le da derecho a recibir ayudas del Estado en caso de impago de las indemnizaciones por parte del autor del crimen.

Malos padres sin tutela

Quienes agredan sexualmente o corrompa a un menor y quienes instiguen la prostitución serán privados de la patria potestad de sus hijos, de la tutela o del acogimiento por un plazo de cuatro a diez años. También deben suspenderse las visitas a los acusados por violencia de género.

puteros

Gobierno, autonomías e instituciones locales deben lanzar campañas regulares de concienciación para desvelar la crueldad y las vejaciones que hay detrás de la prostitución, con el objetivo de desincentivar a potenciales consumidores.