«Valemos mucho y no somos peligrosos»
Casi 800 personas de los movimientos asociativos de salud mental de Castilla y León participan en León en los actos del Día Mundial y reivindican recursos de prevención y cuidados infanto juveniles
Blanca María D’lmotta Silvano sostiene en la mano el cartel con el que participa en la marcha de los actos del Día Mundial de la Salud Mental en León . En su cartel se lee Por el derecho a crecer en bienestar , una reivindicación del movimiento asociativo de Castilla y León que exige mayores recursos en prevención y continuidad en los cuidados de la salud mental infanto juvenil.
«Este día es muy importante para hacer ver a la gente que estamos aquí, que se conciencien y nos visibilicen . Valemos mucho más de lo que se creen y no somos peligrosos ni tontos, ni nada de eso». Blanca tiene un diagnóstico de enfermedad mental desde los 13 años y ahora vive en un piso gestionado por Salud Mental León, como José Jorge Menéndez, que recorre Ordoño junto a ella con un cartel que refleja el lema de este año Dale un like a la salud mental. «Es un día para reivindicar nuestros derechos y hacernos visibles para que no nos pisoteen».
«Es prioritario incrementar los recursos destinados a la población más joven, que abarquen la prevención y promoción de la salud mental, la detección, el diagnóstico, el tratamiento y la continuidad de cuidados de los trastornos mentales», reivindicó Elena Briongos Rica, presidenta de la Federación Salud Mental Castilla y León, durante el acto central del Día Mundial de la Salud Mental que se celebró en León con la participación de 800 personas procedentes de todas las provincias.
La actividad del Día Mundial de la Salud Mental retoma su presencialidad tras dos años de parón por la pandemia. Contó con el apoyo del alcalde José Antonio Diez, el delegado territorial de Servicios Sociales en León, Juan Antonio Orozco; el gerente de Atención Primaria en León, Juan Luis Burón; el procurador del Común, Tomás Quintana, el subdelegado de Gobierno en León; Faustino Sánchez, y el secretario primero de la mesa de las Cortes de Castilla y León, Diego Moreno entre otros representantes institucionales.
Alberto Blanco (SM Aranda), Rosi Álvarez (SMLeón), Estefanía Arias (SM Palencia) y José Luis Alonso (SM León), miembros del Comité Pro Salud Mental en Primera Persona de la Federación Salud Mental de Castilla y León leyeron el manifiesto en el que emplazaron a los poderes públicos y a la sociedad en general «a que hagamos una lectura sincera y exigente de los derechos humanos y de los valores que lo sustentan, como son la igualdad de oportunidades y la no discriminación» y pusieron el acento en la infancia y la adolescencia para dar cifras.
Una de cada siete personas jóvenes entre 10 y 19 años padece un trastorno mental; la mitad de los problemas de salud mental aparecen antes de los 14 años; uno de cada cuatro jóvenes declara haber tomado psicofármacos «y lo pero, 9 de cada 100 jóvenes experimentó ideas de suicidio continuamente o con mucha frecuencia». Condiciones genéticas, normalización de la violencia y el acoso, la presión social del grupo, la distorsión de la propia imagen, las adicciones, el abuso de las redes sociales, la toxicidad que introduce el consumo de la pornografía o la aparición de un insano deseo de control en las relaciones de pareja «generan un laberinto de confusión del que es difícil de encontrar salida».
Apoyos
El movimiento asociativo pide más coordinación entre los ámbitos sanitario y educativo para ofrecer una perspectiva múltiple e integradora. «Echamos en falta una educación emocional que prepare a la persona joven para un eventual episodio de frustración, en esta sociedad de la imagen, individualista y competitiva».
En el manifiesta se pide seguir con la sensibilización a la población juvenil «con el objetivo de poner a la salud mental en un plano de cuidado y preservación», así como ofrecer más espacios de diálogo y reflexión a la juventud «para que no sientan temor o culpa a la hora de exteriorizar los sentimientos más íntimos, y por supuesto, humanizar las relaciones interpersonales para una sociedad saludable».
Un colectivo azotado
Mujer, entre 45 y 54 años y trabajadora pública en un centro de salud, hospital, residencia, escuela, instituto o universidad. Es el perfil mayoritario en la ola de trastornos psicológicos que se ha detectado entre los empleados de todas las administraciones públicas del país a raíz de la pandemia y de la crisis social desencadenada por el shock emocional, laboral y sanitario que supuso el coronavirus. Muchas de ellas forman parte del grupo de héroes y heroínas a las que cada tarde se aplaudía desde las ventanas en el momento más crudo de la primera ola.
Una investigación realizada por el sindicato CSIF entre empleados públicos de todos los ámbitos, de todas las comunidades y de las tres administraciones (estatal, autonómica y municipal) arroja un dato sorprendente: casi la mitad de estos trabajadores necesita desde hace meses consumir con alta regularidad algún tipo de psicofármaco, en muchos casos a diario, para poder acudir cada mañana a su puesto de trabajo.
El 45% de los más de 2.000 funcionarios y laborales entrevistados por el sindicato aseguraron que utilizan psicofármacos, con consumos muy superiores en las áreas y colectivos más expuestos al virus y a sus efectos, como los sanitarios, los educadores y el personal de servicios de estos centros. No se trata de patologías antiguas. Al menos un 55% de quienes hoy se medican no tomaba fármacos antes de estallar, hace ya más de dos años y medio, la crisis del coronavirus. Dos terceras partes de los que están medicados toma algún ansiolítico (tranquilizantes), cuatro de cada diez ingiere antidepresivos y hasta un tercio precisa de hipnosedantes para poder descansar con un mínimo de calidad. Se trata de porcentajes de incidencia muy altos.