INVITADO MÁS

dl

Representantes de los gobiernos de la autonomía y Galicia se reunirán este mes en Bruselas con parlamentarios europeos y entidades interesadas para denunciar el «impacto» que sobre la ganadería extensiva están teniendo las «negativas» políticas del Gobierno sobre la caza del lobo.

Esta serie de encuentro en el Parlamento Europeo lo han anunciado este lunes el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, y la consejera Medio Ambiente, Territorio y Vivienda de la Xunta de Galicia, Ángeles Vázquez, en el marco de la reunión que han mantenido en León para abordar la situación de la especie en sus respectivos territorios y analizar las consecuencias derivadas de las políticas «erráticas» adoptadas por el Ejecutivo estatal desde 2021.

Por medio de medio de un comunicado, la Junta de Castilla y León recuerda que tras la aprobación en septiembre de 2021 de la orden ministerial por la que se incluía al lobo en el Listado de especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y Catálogo Español de Especies Amenazadas (Lespre) ambos gobiernos autonómicos decidieron recurrir la decisión ante la Audiencia Nacional.

Ambas comunidades denunciaron que la medida «había sido adoptada unilateralmente, con importantes defectos en la tramitación, sin evaluar la anterior estrategia, sin un censo de población de lobos, al margen de las principales comunidades autónomos con presencia de lobos del país y sin ningún fundamento científico».

Más de un año después de aquella primera decisión, los dos consejeros autonómicos han compartido hoy su preocupación por la situación generada tras conocerse que el Gobierno central «decidió dejar fuera del reparto de los 20 millones reservados este año para paliar los ataques del lobo aquellas autonomías que, como Castilla y León y Galicia, no suscribieron la nueva Estrategia Nacional para la conservación y gestión de la especie».

Así, denuncian que dicha negativa se llevó a cabo a pesar de ser un importe aprobado en Conferencia Sectorial, como también lo fueron los criterios de reparto y su distribución, que sólo precisa resolución del secretario de Estado para su entrega a ambas Comunidades Autónomas, «a las que se niega la misma».

Y denuncian que la Estrategia fue aprobada en la Conferencia Sectorial del pasado mes de julio, a pesar del voto en contra de las principales comunidades loberas -Galicia, Castilla y León o Cantabria, que concentran entre las tres el 93% de los ejemplares de todo el país-.

Castilla y León y Galicia no votaron a favor de la Estrategia al rechazar que el lobo está en regresión en España, lo que a su juicio no es cierto, y por los defectos previos de falta de evaluación de la estrategia anterior y falta de un censo del lobo.

Los datos que manejan ambas autonomías son que el lobo está en un estado de conservación favorable y en clara expansión. Por el contrario, estas comunidades sí votaron a favor.