León podrá ser multada si no retira las 22 calles franquistas
El secretario de Estado de Memoria Democrática señala que hay sanciones de 200 a 150.000 euros
La Glorieta Carlos Pinilla, como la avenida del mismo nombre, está dentro del listado. SECUNDINO PÉREZ
León, como todos los municipios donde perviven calles franquistas , podrá ser multado si no las cambia. Así lo ha explicado el secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez, en la conferencia Políticas de memoria en España con la que clausuró la tarde del viernes el XI Encuentro Internacional de Investigaciones sobre el Franquismo .
León arrastra aún 22 nombres de significados representantes de la dictadura . Desde el golpista Millán Astray, "un impulsor de la guerra y el jefe del aparato de la propaganda del franquismo", como apuntó Martínez, cuyo nombre pervive en una calle de Armunia a pesar de que se quitó su nombre a la plaza para ser bautizada como Manuel Quijano. Otras calles pendientes de un nuevo nombre son Pilotos Regueral, que está en fase de cambio, o el General Lafuente, quien firmó las sentencias de muerte del abuelo de Zapatero, el alcalde de León, Miguel Castaño y el presidente de la Diputación, Ramiro Armesto, entre otros.
Martínez señaló que la Ley de Memoria Histórica, de 2008, impulsada por Zapatero, ya obligaba a retirar símbolos y nombres que exaltan al dictador o a personas claves del régimen, y la nueva Ley de Memoria Democrática, con un mes de recorrido, «deja muy claro qué elementos deben desaparecer» en los siete artículos que dedica al tema.
Además, la ley prevé sanciones por su incumplimiento, que van desde los 200 euros para las más leves a los 150.000 euros para las más graves y que aumentan mes a mes. «La aplicación de la ley va a ser sistemática», puntualizó.
Martínez señaló que la revisión de los callejeros y símbolos franquistas empezó con las políticas de memoria espontáneas que iniciaron en la Transición los ayuntamientos democráticos y los sindicatos, los partidos de izquierda y algunos nacionalistas.
El secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez, segundo por la izquierda, en la clausura del XI Encuentro Internacional de Investigaciones sobre el Franquismo. FERNANDO OTERO
"Las políticas públicas y de Estado no han llegado hasta 2004, con ley que impulsó un paisano vuestro, José Luis Rodríguez Zapatero, y ahora esta ley de Memoria Democrática", agregó el secretario de Estado de Memoria Democrática.
El primer Día de la Dignidad de las Víctimas del Franquismo, señalado el 31 de octubre en la Ley de Memoria Democrática, y que se conmemoró por primera vez este año y la «salida de los restos de Queipo de Llano de la Macarena» marcan el arranque de esta nueva ley que «supone un hito no sólo a nivel estatal, sino también internacional porque están recogidos los principios del Derecho Internacional Humanitario», basado en los principios de verdad, justicia y reparación.
Martínez señaló que la nueva ley "reconoce a todas las víctimas", si bien matizó que en las políticas de memoria del franquismo ha habido un "tratamiento desigual de las víctimas" con exaltación "de sus caídos, frente a la invisibilización, la estigmatización y criminalización de las víctimas de los vencidos" que además quedaron "en las cunetas o en fosas comunes".
El secretario de Estado recalcó que la ONU ha dicho a España que quien tiene que tener el liderazgo de las exhumaciones "es el Estado y eso incluye a los ayuntamientos, comunidades autónomas y el Estado". Fernando Martínez negó que haya 114.000 personas en las cunetas, que se trata de una cifra de los años 40. "Podremos recuperar entre 20.000 y 25.000 cadáveres, no más", recalcó.
En este punto, mencionó que 12.000 víctimas están en Cuelgamuros, como denomina la nueva ley al que se bautizó como Valle de los Caídos y todas las que son imposibles de abordar por haber quedado debajo de carreteras, en fosas comunes de cementerios o bajo columbarios.
Sobre la exhumación de víctimas de la represión de las fosas promovida desde la administración del Estado señaló que "durante la etapa de José Luis Rodríguez Zapatero se impulsaron 176; durante la etapa de Rajoy, cero, y en estos dos años y medio suman 513".
En cuanto a las reparaciones económicas de carácter individual, Fernando Martínez señaló que desde el inicio de la democracia se ha resarcido a las víctimas, desde el inicio de la democracia hasta 2021, con 25.000 millones de euros a 610.000 personas familiares de 112.000 desaparecidos, represaliados políticos, funcionarios depurados, viudas, huérfanos, etc.. Un total de 118 millones de euros corresponden a 2021.
Sobre el futuro de Cuelgamuros, como la ley denomina oficialmente ahora al Valle de los Caídos, comentó que en primer lugar será declarado Lugar de Memoria y se resignificará. "La resignificación es explicar quién construye el Valle de los Caídos, fuerza penada y fuerza no penada, y explicar en qué régimen y recinto político está construido con la simbiosis entre religión y política". El primer paso para su resignificación, recalcó, "fue la salida del dictador del valle".
Fernando Martínez anunció para finalizar que "la Memoria Democrática estará en la escuela en los libros de texto el año que viene" y la historia de España "empezará en la Constitución de Cádíz de 1812, no en Atapuerca". También será de obligado estudio para opositores y para los integrantes Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
