León será multada si no retira las 22 calles que aún tienen nombres de la dictadura

León, como todos los municipios donde perviven calles franquistas, podrá ser multada si no las cambia. Lo explicó ayer el secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez, en la conferencia Políticas de memoria en España: del franquismo a la actualidad con la que se clausuró el XI Encuentro Internacional de Investigaciones sobre el Franquismo celebrado en León desde el miércoles. Martínez señaló que la Ley de Memoria Histórica, de 2007, impulsada por Zapatero, que dedicaba el artículo 15 a este tema, ya obligaba a retirar símbolos y nombres que exaltan al dictador o a personas claves del régimen, y la nueva Ley de Memoria Democrática, con un mes de recorrido, «deja muy claro qué elementos deben desaparecer» en los siete artículos que dedica al tema.

Además, la ley prevé sanciones por incumplir sus mandatos que van desde los 200 euros para las más leves a los 150.000 euros para las más graves. «La aplicación de la ley va a ser sistemática», puntualizó. En León perviven al menos 22 calles con nombres franquistas, después de que se retiraran desde 2019. Prado Prior por Generalísimo Franco Trobajo del Cerecedo, Guardia Civil por Capitán Cortés en León y Manuel Quijano por Millán Astray en una plaza de Armunia, donde sin embargo permanece la calle Millán Astray, destacado golpista y responsable de Propaganda del Franquismo en sus comienzos.,

Martínez señaló que la revisión de los callejeros y símbolos franquistas empezó con las políticas de memoria espontáneas que iniciaron en la Transición los ayuntamientos democráticos y los sindicatos, los partidos de izquierda y algunos nacionalistas,Pero, agregó, «las políticas públicas y de Estado no han llegado hasta 2007, con ley que impulsó un paisano vuestro, José Luis Rodríguez Zapatero, y ahora esta ley de Memoria Democrática».  El primer Día de la Dignidad de las Víctimas del Franquismo, señalado el 31 de octubre en la Ley de Memoria Democrática, que se celebró por primera vez este año, y la «salida de los restos de Queipo de Llano de la Macarena» marcan el arranque. La nueva ley, remarcó, «supone un hito no sólo a nivel estatal, sino también internacional porque están recogidos los principios del Derecho Internacional Humanitario», basados en los preceptos de verdad, justicia y reparación.

Martínez desveló que fue él mismo quien, a través de una carta, solicitó al abad de la Macarena la retirada de los restos de uno de los militares más sanguinarios de los golpistas, como conocido como el virrey de Andalucía y quien ordenó la ejecución de Lorca. También señaló que la nueva ley «reconoce a todas las víctimas», si bien matizó que en las políticas de memoria del franquismo ha habido un «tratamiento desigual de las víctimas» con exaltación «de sus caídos, frente a la invisibilización, la estigmatización y criminalización de las víctimas de los vencidos» que además quedaron «en las cunetas o en fosas comunes». El secretario de Estado recalcó que la ONU ha dicho a España que quien tiene que tener el liderazgo de las exhumaciones «es el Estado y eso incluye a los ayuntamientos, comunidades autónomas y el Estado». Fernando Martínez negó que haya 114.000 personas en las cunetas, que se trata de una cifra de los años 40. «Podremos recuperar entre 20.000 y 25.000 cadáveres, no más», recalcó. A la cifra inicial, dijo, hay que restar las 12.000 víctimas que fueron trasldadas al Valle de los Caídos «sin consentimiento de sus familias», y todas las que son imposibles de abordar por haber quedado debajo de carreteras, en fosas comunes de cementerios o bajo columbarios. Sobre la exhumación de víctimas de la represión de las fosas promovida desde la administración del Estado señaló que «durante la etapa de Zapatero se impulsaron 176; durante la etapa de Rajoy, cero, y en estos dos años y medio suman 513». En cuanto a las reparaciones económicas de carácter individual, Fernando Martínez señaló que desde el inicio de la democracia se ha resarcido a las víctimas, desde el inicio de la democracia hasta 2021, con 25.000 millones de euros a 610.000 personas familiares de 112.000  desaparecidos, represaliados políticos, funcionarios depurados, viudas, huérfanos, etc.. Un total de 118 millones de euros corresponden a 2021.

En cuanto a las reparaciones económicas de carácter individual, Fernando Martínez señaló que desde el inicio de la democracia se ha resarcido a las víctimas con 25.000 millones de euros a 610.000 personas familiares de 112.000 desaparecidos y represaliados políticos, además de pensiones a afectados, viudas o huérfanos. Un total de 118 millones en 2021.

Sobre el futuro de Cuelgamuros, como denomina la nueva ley al que se bautizó por el franquismo como Valle de los Caídos, subrayó que será declarado Lugar de Memoria y que tras el primer paso que ya se dio para su resignificación, sacar a Franco de este lugar público, el siguiente será «explicar quién construye el Valle de los Caídos, fuerza penada y fuerza no penada, y explicar en qué régimen y recinto político está construido, con la simbiosis entre religión y política». Martínez pidió la colaboración empresarial para este proceso de resignificación tras mencionar a OHL como una de las que se lucró en su construcción. Fernando Martínez anunció que «la Memoria Democrática estará en la escuela en los libros de texto el año que viene» y la historia de España «empezará en la Constitución de Cádiz de 1812, no en Atapuerca».

El estudio de la Memoria Democrática se hará extensivo a todas la etapas educativas y también se exigirá en las oposiciones a puestos públicos, así como las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. El XI Encuentro Internacional de Investigaciones sobre el Franquismo, organizado por el departamento de Historia Contemporánea de la ULE, el grupo Hismecon y la Fundación Jesús Pereda de Comisiones Obreras da el relevo a Oviedo como sede del duodécimo encuentro.