LISTA NEGRA

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El director general de la patronal europea del sector (Fertilizers Europe), Jacob Hansen, precisa que actualmente un 30 % de las plantas de producción en la UE permanecen cerradas y eso ha conducido a importar grandes volúmenes de fertilizantes de terceros países.

Precisamente desde verano se observa un mayor flujo exportador de urea de Rusia, cuya industria de fertilizantes no está sujeta a sanciones europeas directas, pero sí afronta más dificultades para operar por la acción de los bancos e individuos.

«Si la crisis actual no se aborda en un futuro próximo, Europa se arriesga a sustituir su dependencia del gas ruso por una dependencia de los fertilizantes rusos», destaca Hansen.

El sector reclama a la UE y sus países miembros ayudas para compensar los daños y poder restaurar toda su producción, garantizando un suministro estable y a precios asequibles de gas natural y otras materias primas, con vistas a salvaguardar la autonomía estratégica y la seguridad alimentaria europea.

Además, la nueva PAC supone una «nueva vuelta de tuerca a los requisitos medioambientales» que deben cumplir los agricultores para cobrar las ayudas, una condicionalidad reforzada que afecta de manera directa a la fertilización, pues se espera un menor aporte de fertilizantes y de productividad de las cosechas, según Anffe.

Entre los próximos cambios en España, se fija la obligatoriedad de tener un plan de abonado para determinados cultivos, el cual se contemplará en un proyecto de decreto de nutrición sostenible.

La industria se muestra a favor de maximizar la eficiencia en el uso de nutrientes, clave para lograr los objetivos ambientales del Pacto Verde Europeo, sin perder de vista la necesidad de lograr un suministro adecuado de alimentos a precios asequibles.

Fuentes de la Asociación Empresarial para la Protección de las Planas (Aepla), que representa al sector fitosanitario en España, sostienen que el registro de datos de uso de insumos en el Cuaderno de Explotación Digital, incluido en el plan español de aplicación de la PAC, puede ser una «buena herramienta» para la gestión integrada de plagas o la utilización de tecnologías de precisión.

Aunque falta más concreción sobre ese aspecto y los nuevos ecoesquemas -ayudas ligadas a prácticas ambientales-, la patronal ve positivo el desarrollo de la agricultura de conservación mediante siembra directa y el establecimiento de cubiertas vegetales. Sin embargo, cree que el no poder utilizar herbicidas para el manejo de las cubiertas, salvo autorización excepcional expresa, elimina «innecesariamente» un recurso «seguro» desde el punto de vista ambiental.

En el terreno europeo, la Comisión Europea ha planteado un recorte del 50 % del empleo de plaguicidas químicos para 2030, en una de sus iniciativas para aplicar el Pacto Verde.

Aepla afirma que dicha propuesta marca objetivos de reducción «complejos y poco realistas que impactarán negativamente sobre la agricultura europea», con restricciones que en España pueden repercutir hasta en un 40 % de la superficie agrícola utilizada.

La asociación reclama un entorno reglamentario que «agilice y ofrezca las condiciones necesarias para el desarrollo de nuevas herramientas como las biosoluciones».

Sobre el impacto de la guerra, descarta problemas de suministro de fitosanitarios, pero sí observa un encarecimiento general de ciertos productos, iniciado en 2021 por los cuellos de botella en el comercio y el alza de los precios del transporte y los combustibles. En España, el mercado de fitosanitarios lleva una tendencia a la baja del 5 % por la fuerte sequía y, en consecuencia, la disminución de los tratamientos de herbicidas y, especialmente, de fungicidas, según Aepla.