DE RECESIÓN
La PAC detiene al campo
DL
La nueva Política Agrícola Común (PAC) que regirá el campo entre 2023 y 2027 entra en vigor este domingo, 1 de enero, con cambios profundos que afectan a más de 650.000 agricultores y ganaderos en España, tercer país beneficiado, con una asignación superior a los 47.000 de euros.
La Unión Europea (UE) aplica desde este domingo la que se considera la reforma agraria más ambiciosa de su historia desde el punto de vista ambiental, y la segunda más profunda en cuanto a transformaciones en la gestión de los fondos que llegan de las arcas comunitarias.
La nueva PAC llega tras un año de transición inédito por la crisis energética y alimentaria que desencadenó la guerra de Ucrania y en un contexto de inflación, especialmente en la cesta de la compra.
Entre las novedades, destacan el incremento de los objetivos medioambientales a la hora de distribuir los fondos para las ayudas y un diseño en el que los Gobiernos tendrán más responsabilidad porque cada país decide cómo aplica esta política mediante un plan estratégico nacional.
En España unas 658.000 personas trabajan en la agricultura y en la ganadería, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística del tercer trimestre, mientras que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) cifra en 630.000 los productores que podrán cobrar las ayudas.
Gracias a la PAC España recibirá 47.724 millones de euros entre 2023 y 2027, con lo que se convierte en el tercer país más beneficiado, por detrás de Francia y de Alemania; según el MAPA los agricultores percibirán 7.150 millones de euros anuales.
Para España, las subvenciones suponen el 20 % de los ingresos agrarios.La PAC tiene dos pilares, el primero de apoyos directos y medidas de mercado, y el segundo, dedicado al desarrollo rural, con programas cofinanciados por los Estados miembros para potenciar en el campo actividades distintas o complementarias a la agricultura.
El montante español para el campo supera los 50.000 millones de euros si se cuenta dicha cofinanciación.
La reforma introduce los «eco-regímenes», lo que significa que el 25 % de las ayudas serán para un conjunto de prácticas beneficiosas para el medio ambiente.
Implanta los planes estratégicos nacionales, en los que los Gobiernos tendrán mayor responsabilidad.
Entre las prácticas ambientales que se priman figuran la rotación de cultivos y las obligaciones de barbecho, ahora interrumpidas, dentro de las medidas especiales aprobadas por la UE en reacción a la invasión rusa y a las estrecheces de oferta.
La nueva PAC incluye un pago redistributivo para las pymes agrícolas con el propósito de que las subvenciones sean más justas.
Establece la condicionalidad social de las ayudas, es decir que de forma voluntaria en 2023 y obligatoria en 2025, estarán vinculadas al respeto a los derechos laborales; España la aplicará en 2024.
Esta política también incluye el programa Posei para Canarias y el programa del consumo de frutas o leche en las escuelas.
El plan español recoge que habrá 4.800 millones para ayudas directas, 700 millones para medidas de mercado y 1.700 millones para desarrollo rural, más 700 millones para sectores en dificultad -ganadería extensiva, remolacha, arroz o uva pasa-.
Aumenta las ayudas para jóvenes, incluye una prima del 15 % para las mujeres que se incorporen a la actividad e intervenciones por 612 millones, con programas para las frutas y hortalizas, el vino, la apicultura y, por primera vez, el olivar extensivo.
Ya está aprobada la Ley nacional que regula la gestión de la nueva PAC y que se complementa con 18 decretos.