Seis leonesas rompen el silencio sobre el aborto

Han pasado 86 años entre la primera despenalización del aborto en España —proclamada el 9 de enero de 1937 en Cataluña por la ministra Federica Montseny— y la norma que salió ayer adelante en el Congreso de los Diputados. Pero la ley del silencio impera aún sobre una cuestión que atañe a las mujeres y está en el centro de batallas políticas y mandatos religiosos. Tras la dictadura de Franco, en 1985 se despenaliza el aborto en España por segunda vez.

Durante este largo periodo abortar en España era someterse a prácticas de riesgo y técnicas ‘caseras’ inhumanas. Y también arriesgarse a ser perseguidas como delincuentes, como sucedió a las 11 personas —10 mujeres y un hombre— que en 1979 fueron procesadas por someterse y practicar abortos ilegales.

Los 38 años siguientes están marcados por obstáculos de diferente índole. Seis leonesas que respondieron a la llamada de Diario de León por redes sociales, dan testimonio de cómo han vivido la interrupción voluntaria del embarazo y de la evolución de cuatro décadas.

Desde las que han conocido y abortado de forma ilegal en España antes de que se despenalizara hasta las que, por diferentes motivos que van desde la elección personal, al riesgo para la vida de la embarazada y malformaciones fetales, recurrieron una ive el año pasado.

Todas coinciden en que, a pesar de los avances legislativos, «el aborto se sigue llevando a escondidas», comenta Alba, nombre ficticio de una mujer que ha abortado dos veces en los años 90, con la ley de supuestos, y actualmente tiene un hijo y una hija. «Se han hecho leyes, pero no se han dotado; esto es muy corriente en España. Estás jodida porque te tienes que enfrentar a una decisión que puede cambiar tu vida y te castigan en vez de cuidarte. Vas a Valladolid, te lo hacen, te montas en un Alsa atiborrada de compresas y de calmantes y con el susto de que algo salga mal», lamenta Ana, de 58 años, que abortó por primera vez con 20 años «porque no me veía como madre de una criatura que iban a tener que hacerse cargo mis padres» y con algo más de 30 y con pareja, porque «ya había decidido que no quería ser madre».

El viaje a Barcelona de Carmela para acompañar a una menor a abortar, cuando aún no estaba despenalizado en España, fue «una odisea», La chica lloraba y las acompañantes iban con el miedo en el cuerpo a lo que pudiera suceder. «No todo el mundo se podía permitir o sabía como ir a Londres», explica. En la capital británica había casas que acogían a las españolas que iban a abortar y también hoteles que concertaba la misma clínica.

La primera mujer ministra de un Gobierno socialista, Matilde Fernández, confesó que había abortado en los años ochenta. A primeros de los 90 se empezó a debatir transformar la ley de supuestos en ley de plazos y se enfrentó al ministro de Justicia.

Durante muchos años, hasta que en 2010 se aprueba la ley de plazos, abortar suponía para la mayoría de las mujeres tener que pasar por una consulta psicológica en la que un profesional acreditabaque seguir con el embarazo supondría para la mujer problemas de salud mental.

«En el fondo sabías que era una especie de mentirijilla, pero era la única vía si no te habían violado o había malformación fetal o riesgo para la madre», apunta Alba. María es madre de un niño de dos años.

El pasado otoño se quedó embarazada y decidió que no quería seguir adelante por su situación laboral y de pareja. Acudió al centro de salud e hizo todo el periplo para una interrupción del embarazo cubierta por la Seguridad Social.

Tuvo que desplazarse a Valladolid porque en León la clínica acreditada no está concertada. «Es un trastorno, yo tuve suerte porque fui con mi pareja en coche y todo fue bien y aunque te paguen el transporte no es lógico que no te lo cubra en León la Seguridad Social», lamenta.

Rebeca se quedó embarazada con un niño de siete meses que nació por cesárea y con otra cesárea previa por una operación de ovarios. «La cicatriz no estaba madura y me dijeron que podría tener complicaciones graves por riesgo de rotura uterina; me dieron dos opciones para abortar, en Valladolid, por lo público, y en León privado», explica.

Cuando le dijeron que tenía que esperar tres días para reflexionar y que el proceso se podría demorar 15 días —fue en el puente de la Constitución— decidió ir la clínica privada. Pagó 450 euros por un aborto farmacológico. «No quería esperar porque es muy duro. Yo sí quería tenerlo pero no me podía arriesgar», confiesa.

Natalia y su pareja tienen dos hijos y se decidieron a aumentar la familia. Primero sufrió un aborto espontáneo y cuando logró un nuevo embarazo, a las 19 semanas le comunican graves malformaciones del feto. Decide interrumpir el embarazo y se enfrenta a la odisea de realizar la intervención con cobertura pública. «Me enteré que en el hospital es un servicio que no se contempla. Quiero contar lo que me pasó porque hay que saber cómo funcionan las cosas cuando te empiezas a informar ante una situación así»