UN PAÍS AGUJEREADO
El refranero español tiene una cita para cada momento y para cada situación. «Cada uno quiere llevar el agua a su molino y dejar seco el del vecino», reza el dicho popular. La búsqueda de este recurso hídrico data de tiempos inmemoriales, el arquitecto romano Marco Vitruvio lo buscaba con tan solo «recostarse sobre el suelo y visualizar la evaporación». Ahora, las técnicas son más sofisticadas, pero el silencio sobre su descubrimiento continúa siendo un clamor
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Es un país de medio millón de pozos ilegales. Y más de la mitad de las aguas subterráneas en España están en mal estado por sobreexplotación y contaminación.
«En España, el país más árido de Europa, el desgobierno en la gestión de los recursos hídricos ha sido una constante histórica», denunciaba ya hace unos años Greenpeace. «El 45% de las masas de agua subterránea no se encuentran en buen estado», revelaba el Gobierno en su estrategia España 2050 presentada el pasado ejercicio.
Este esquilmo histórico que «está extrayendo anualmente el equivalente al consumo de agua de 118 millones de personas», apunta la organización ecologista, está dejando seco el subsuelo español. «Conservar correctamente las aguas subterráneas de los acuíferos es fundamental para la sostenibilidad del recurso hídrico», explica Estanislao Arana, director académico del Foro de la Economía del Agua.
Robar agua
La alarma ahora es el deteriorado estado de salud de las aguas bajo tierra. Más allá de embalses, mares, océanos, ríos o humedales, el agua se filtra entre los poros de la superficie, entre las rocas y da lugar a los acuíferos, que sirven para ‘alimentar’ esas láminas acuáticas que se ven. De hecho, suponen el 99% de la totalidad de agua disponible en el planeta, según el Informe Mundial de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo de los Recursos Hídricos 2022. «Son las grandes desconocidas», apostilla el informe. En el último cuarto de siglo, los recursos hídricos disponibles se han reducido en torno a un 20 % como consecuencia del aumento de la temperatura media a causa del cambio climático y también por su uso excesivo.
«En España, hay más de medio millón de pozos ilegales», denuncian fuentes ecologistas. En un informe fechado en 2006, el antiguo Ministerio de Agricultura reconocía la existencia de 510.000 pozos ilegales en el territorio nacional. «Ahora son más del doble», denuncia Greenpeace. «Llevamos años solicitando un inventario de pozos ilegales sin éxito», añaden.
Cientos de pozos no están registrados en los documentos oficiales y que en su mayoría se dedican al regadío. «Sólo un 12% está destinado al abastecimiento y cerca del 85% al regadío», asegura Santiago Martín Barajas, ingeniero agrónomo y miembro de Ecologistas en Acción. Según datos del Foro de la Economía del Agua, en España se emplean unos 5.000 hectómetros cúbicos anuales de agua subterránea para regadío y 1.500 hectómetros cúbicos para abastecimiento.
Una cifra que «no deja de aumentar año a año», asegura Martín. Una factura que no tiene en cuenta los números de las extracciones ilegales.
Los datos en posesión de Greenpeace señalan que se podrían llegar a extraer de estas construcciones al margen de la ley hasta 3.570 hectómetros cúbicos de agua al año, «el equivalente al consumo medio de 58 millones de habitantes; esto supondría que la mitad del agua bombeada de los acuíferos se extraería al margen de la legalidad», denuncia la organización ecologista. «Esto supone esquilmar nuestras reservas estratégicas de agua», apostilla.
¿Hace aguas la Ley de Aguas?
El 2 de agosto de 1985, el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó la Ley 29/1985, más conocida como ‘Ley de Aguas’. Una normativa que establece que «la titularidad del agua en España es pública», asegura Martín Barajas.
Una normativa que protege este bien preciado, pero que no consigue evitar las extracciones ajustadas a derecho, «Hecha la ley, hecha la trampa», apunta. Además, la extracción ilegal de agua es un delito tipificado en el Código Penal con multas e incluso penas de prisión. Sin embargo, la falta de información y medios para perseguir estas acciones «hace que quede en saco roto», aseguran los ecologistas.
Desde el 1 de enero de 1986, con la entrada en vigor de la Ley de Aguas, todas las aguas, superficiales y subterráneas, pasaron de ser privadas a públicas. A partir de esa fecha, cualquier nuevo aprovechamiento de cierta entidad (más de 7000 m3/año) tiene que contar con la correspondiente «concesión», que es otorgada por el Organismo de cuenca competente. «Lo que pasa es que algunos no lo comunican o directamente comunican un poco inferior a los 7.000 metros cúbicos», denuncia Martín. «Esto es un error de la Ley de Aguas que hemos pedido cambiar y no lo hemos conseguido», detalla. «Se deberían comunicar todos los pozos, hay un incumplimiento generalizado».