Pacto histórico para proteger los océanos

Tras diecisiete años de negociaciones y numerosos fracasos, Naciones Unidas ha conseguido poner de acuerdo a los representantes de los países para lograr la protección de la biodiversidad marina para las aguas internacionales. El reloj marcaba las 21.40 horas de la costa este de Estados Unidos, madrugada en España, y tras 36 horas de discusiones y posiciones enfrentadas sale adelante el texto que sienta las bases para proteger las áreas marinas que no pertenecen a ningún país. «Es una victoria monumental para la protección de los océanos y una señal importante de que el multilateralismo aún funciona en un mundo cada vez más dividido», señala Greenpeace en un comunicado.

El último acuerdo internacional sobre protección de los océanos se firmó hace 40 años, en 1982: la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. Ahora éste renueva aquellos puntos y «proporciona un camino para crear áreas total o altamente protegidas en los océanos del mundo», apuntan los ecologistas. Sin embargo, advierten que «hay deficiencias en el texto, y los gobiernos deben asegurarse de que el tratado se implemente de manera efectiva y equitativa».

No obstante y a pesar del visto bueno de la comisión intergubernamental de Naciones Unidas, el texto final todavía tiene que pasar el visto bueno de los 200 países que participan en este tipo de conversaciones en Naciones Unidas. «Aunque aún no se ha publicado el texto final, todos los borradores anteriores apuntan a un tratado donde el consenso se impuso a la perfección.

A pesar de que está lejos del tratado que muchos miembros de la comunidad científica y la sociedad civil hubiesen deseado y del que se merece la biodiversidad del planeta, el nuevo texto da un paso en la dirección correcta de cara a la conservación y uso sostenible de la naturaleza en nada más ni menos que el 46% de la superficie terrestre», explica Guillermo Ortuño Crespo, codirector del Grupo de Especialistas en Alta Mar de la Comisión Mundial de Áreas Protegidas (WCPA) de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN), en declaraciones recogidas por Science Media Centre España. Con esta base, a partir de ahora, los países tendrán que presentar sus propuestas de reservas marinas internacionales y los planes de gestión de las mismas. Una vez aprobadas se establecerán también las pautas para que las actividades que se realicen en estos lugares tengan una evaluación del impacto ambiental, una medida encaminada a vigilar la minería submarina que, cada vez, cuenta con más voces a favor.

Este acuerdo se centra en los espacios en alta mar que no están bajo la jurisdicción de los países al separarse más allá de las 200 millas de sus costas, es decir, fuera de su zona económica exclusiva y ocupa dos tercios de los océanos. «El tratado nos posibilitará realizar evaluaciones de impacto ambiental en las regiones más allá de la jurisdicción internacional, que representan dos terceras partes de todo el océano. El tratado nos permitirá también organizar la explotación de los recursos genéticos marinos de tal manera que los beneficios lleguen a todos los países, que son colectivamente sus propietarios morales», celebra Carlos García-Soto, investigador del Instituto Español de Oceanografía (IEO-CSIC), presidente del Centro Europeo para la Información en Ciencia y Tecnología Marina (EurOcean) y ha sido coordinador del Informe Oceánico Mundial (2021-2022, Naciones Unidas), en Science Media Centre España.

Precisamente, esta distribución de los recursos genéticos marinos «ha sido un punto clave del conflicto en las negociaciones», destaca la oenegé Greenpeace. «Su resolución ha tenido que esperar hasta el último día de las conversaciones», añade. Es aquí donde hay «más vaguerías en el texto», señalan varios expertos.