SANCIONES Y AYUDA
La ordenanza antiprostitución de León penaliza a menores puteros
Tercer proyecto en un año para aprobarlo en la recta final del mandato municipal
Una mujer ejerciendo la prostitución en la avenida Sáenz de Miera. JESÚS F. SALVADORES
Un año después de redactar el primer borrador de ordenanza para la erradicación de la prostitución en la capital leonesa, y tras ser rechazado el intento de diluirla en la de convivencia , la Corporación municipal ha tenido conocimiento del nuevo proyecto en la comisión informativa de Igualdad y Bienestar Social que se celebró el viernes 17 de marzo.
Está previsto que la ordenanza sea votada en el pleno municipal de este mes, el viernes 31 de marzo. El equipo de Gobierno cuenta, en principio, con el apoyo de todos los grupos políticos, aunque solo el PP lo ha expresado de forma explícita a preguntas de este periódico.
La ordenanza mantiene multas de 100 a 3.000 euros para los puteros . Como novedades respecto a los dos proyectos anteriores introduce la sanción a menores que incurran en las conductas prohibidas, un plan integral para la atención a las víctimas de prostitución y un estudio diagnóstico para conocer el alcance que la prostitución y explotación sexual tiene en la capital leonesa.
La ordenanza se basa en la Constitución Española, las leyes de Violencia de Género e Igualdad del Estado y las correspondientes autonómicas así como en otras normas como el Estatuto de la Víctima del Delito y el reglamento que lo desarrollo y la Ley 10/2022 de garantía integral de la libertad sexual, conocida como ley del sólo sí es sí.
El objetivo es «la erradicación de la prostitución y otras formas de explotación sexual en el municipio de León» y «proteger los derechos de las víctimas del ejercicio de la prostitución». En el borrador presentado en la comisión informativa se consideraba «víctimas a todas las mujeres en situación de prostitución», aunque a propuesta del PP se ha ampliado la condición de víctimas a hombres y menores, chicas o chicos, que también puedan sufrir explotación sexual.
El ámbito de aplicación, dentro del territorio de León, son las vías públicas y el mobiliario urbano, los edificios públicos, como centros culturales y educativos, los ornamentos naturales o artificiales que formen parte del paisaje urbano, las instalaciones provisionales colocadas en la vía pública para eventos, las fachadas de los edificios públicos o privados, los soportales y portales que den acceso a los mismos, los vehículos estacionados en cualquier espacio público municipal o en la vía pública y cualquier otro espacio público del término municipal.
El capítulo tercero, referente a la lucha contra la prostitución y la trata, establece en el artículo 7 la prohibición de «prácticas sexuales y el ofrecimiento, solicitud, negociación y aceptación directa o indirecta de servicios sexuales retribuidos en la vía pública, cuando estas prácticas afecten a la convivencia ciudadana».
La ordenanza considera «ofrecimiento, solicitud, negociación y aceptación la proposición ición para disfrute propio o para un tercero de la realización de cualquier actividad de carácter sexual a cambio de un pago en dinero o en especie, o cualquier otra contraprestación». Se considerará que ha existido «pago o retribución de dichos servicios, cuando se haya observado el intercambio de dinero y/o especie, cuando así se reconozca por quien ha ofrecido el pago o retribución o cuando se observen otras circunstancias que, a juicio del/la agente de la autoridad, prueben que ha mediado dicha transacción».
Aproximar a los clientes a los lugares donde se encuentran las personas en situación de prostitución y cualquier otra conducta que sirva para el acercamiento entre ambas partes se considera conducta favorecedora de la prostitución y por tanto infracción.
El proyecto penaliza con multas de 100 a 600 euros las infracciones leves, que incluye conductas como colocar, repartir, divulgar y/o difundir publicidad que promueva, favorezca o fomente el consumo y/o mercado de la prostitución. El turismo sexual está tipificado entre las infracciones leves «cuando se utilice el espacio público o los elementos que lo integran y que constituyen el ámbito objetivo de aplicación de ésta».
Las infracciones graves están sancionadas con multas de 601 a 1.500 euros y comprenden desde solicitar o aceptar servicios sexuales retribuidos; colaborar con los demandantes de servicios sexuales con acciones como facilitar, vigilar y alertar sobre la presencia de los/las agentes de la autoridad; favorecer o promover el consumo de prostitución u otras formas de explotación sexual, el mercado de la prostitución y/o el turismo sexual; o realizar cualquier actividad de carácter sexual en el espacio público a cambio de retribución, en dinero o en especie o cualquier otra contraprestación.
Las infracciones muy graves se multan con cuantías de 1.501 a 3.000 euros y se considerarán todas las conductas graves cuando se realicen a menos de 200 metros de centros educativos, culturales, espacios públicos donde se celebren eventos o puntos que impliquen una mayor vulnerabilidad de las personas en situación de prostitución.
La norma excluye de la condición de infractoras a las víctimas. Por el contrario, incluye a los menores de 14 a 18 años, en cuyo caso tendrá que ser notificada la infracción y correspondiente sanción a sus representantes legales. Cuando las personas infractoras sean menores de edad se podrán sustituir las sanciones económicas por actividades de servicio público con interés social y valor educativo, con el fin de que la persona comprenda la gravedad de su conducta y la reconduzca en el futuro, aunque esta medida tendrá que contar con la autorización judicial correspondiente.
En cuanto a la atención integral a las víctimas, el artículo 23 señala que el Ayuntamiento de León llevará a cabo un estudio diagnóstico para determinar la situación real actual de la prostitución en el municipio. Posteriormente, se planificarán las medidas o acciones en función de los resultados obtenidos. De estos resultados dependerá «la aprobación de un plan municipal de acción integral para mujeres en situación de prostitución en un plazo no superior a un año», precisa.
El plan fijará actuaciones y medidas en coordinación con otras administraciones, instituciones y entidades privadas. Prevé poner en marcha recursos para la atención a las mujeres en situación de prostitución «en coordinación con los recursos especializados de la Comunidad Autónoma».
También prevé este futuro plan atención social a las víctimas (atención, acogida y derivación a servicios sociales especializados); atención psicológica y asesoramiento jurídico, así como orientación laboral y apoyo en la búsqueda de empleo y recursos habitacionales de vivienda pública o ayudas económica. El plan también incluirá campañas de sensibilización a las mujeres en situación de prostitución y a la ciudadanía en general.
Una vez aprobada en pleno, la ordenanza tiene que exponerse al público por un periodo de 30 días. La idea es que se pueda aprobar con carácter definitivo antes de que finalice el actual mandato.