Dos años de la nueva ley y un caso de eutanasia en León

La ley de eutanasia cumple este viernes dos años sin que se haya producido ni avalancha de peticiones, ni mucho menos de las prestaciones de ayuda a morir. Tras un año y nueve meses en vigor —el derecho se hizo efectivo el 25 de junio de 2021— las estadísticas y algunas realidades que han trascendido a luz pública muestran que la eutanasia ni es una opción cuantitativamente significativa ni el camino de quienes la solicitan es fácil.

En León se han realizado cuatro peticiones. Una se ha llevado a término y las otras dos personas fallecieron antes de que se les concediera. Fueron atendidas en cuidados paliativos y fallecieron antes.  La cuarta está autorizada y pendiente de fecha. La única eutanasia que se ha realizado en León fue a finales de mayo del año pasado, medio año después de la primera en la Comunidad que se realizó en Valladolid en noviembre de 2021. 

«Lo que hemos observado es que falla la primera persona que recibe la solicitud de la eutanasia», señala Ana Para, de DMD (Derecho a Morir Dignamente) en León. «O no coge la solicitud o echa balones fuera, esa es la mayor dificultad que hemos encontrado. Una vez que está en manos del médico que lo va a hacer todo va bien». Estas trabas, que llevaron a la única persona que ha recibido la prestación de ayuda a morir en León a un intento de suicidio, «no tienen que ver la objeción de conciencia», puntualiza Ana Para. 

En la provincia de León hay 79 médicos objetores, sobre colectivo de más de 2.700. En Castilla y León, el Registro de Objeción de Conciencia para la Lore asciende a 799 profesionales, con 268 n Vallolid y 219 en Salamanca,  79 en León, 63 en Burgos, 47 en Palencia y 125 en Zamora, Ávila, Segovia y Soria.  

En Castilla y León se han presentado 17 peticiones hasta junio de 2022, últimos datos que facilita la Consejería de Sanidad, y se han realizado cinco prestaciones de ayuda a morir. Son menos de un 30% de las peticiones. 

¿Qué pasó con el 70% restante? Tres personas han fallecido sin que les llegara la autorización, como fue el caso del leonés José Antonio Arada, otras tres fueron revocadas, lo que quiere decir que las personas renunciaron al ver que no se le concedía; y otras cinco fueron denegadas. Hay una en espera que corresponde a la provincia de León.

Las comunidades autónomas y el Gobierno aún no se han puesto de acuerdo en el modelo para dar publicidad a estas estadísticas. Si Castilla y León las da a junio de 2022, fecha del primer  año de vigencia, el primer informe del Ministerio de Sanidad sólo ha publicado datos que abarca solo los primeros meses de aplicación. Entre el 25 de junio y el 31 de diciembre de 2021 se registraron en España 173 solicitudes de eutanasia y se llevaron a cabo 75 (un 43,4%). Hubo 32 casos en los que la persona falleció antes de completar el procedimiento, 25 denegaciones, 6 aplazamientos y 7 revocaciones.

«No queremos que la eutanasia se convierta en un derecho de papel», afirma DMD que hace hincapié en la falta de transparencia que hay en las estadísticas. 

«Como sabíamos, la implementación de la Lore ha sido muy desigual entre las distintas comunidades autónomas. Las dos con más eutanasias en estos primeros seis meses fueron Cataluña (29) y Euskadi (15). Andalucía, Extremadura y Castilla-La Mancha no practicaron ninguna», precisa DMD.

Del informe del primer año de vigencia de la Lore en España  se desprende que más del 50% de las prestaciones se han producido por enfermedades neurodegenerativas mientras que el 30% fue por cáncer. Este dato sorprende a la asociación DMD  porque la petición de eutanasias de pacientes oncológicos es mayoritaria «en Bélgica, Países Bajos y Canadá».

El presidente del Comité de Ética Asistencial del área sanitaria de León y coordinador del grupo de apoyo a la Lore, Benigno Fernández, asegura que tras dos años de aplicación de la ley «se han vencido ciertas reticencias iniciales, por desconocimiento, por parte del personal sanitario». La falta de formación inicial «salvo el personal implicado en los grupos de trabajo desde el principio» provocó muchos fallos en las tramitaciones de las solicitudes de prestación. «Esas reticencias se han ido venciendo con mucha actividad formativa». 

Los grupos de apoyo se desplazan a los centros de salud para capacitar al personal sanitario y resolver dudas. «Los miedos iniciales hace que se produzcan tropiezos en la aplicación. Todavía hay reticencias pero ya no es como al principio». Aún quedan muchos equipos de Atención Primaria que no han recibido la formación que recoge la Ley. «Hemos llegado al 40% y nuestro objetivo es que este año se llegue al 100%» no sólo en los centros de trabajo sino en actividades específicas que se organizan en la Gerencia».

«Los casos que se presentan se resuelven. Es cierto que ha habido problemas en algunas  tramitaciones, bien por errores administrativos o por desconocimiento del personal sanitario. La Ley arrancó con mucho desconocimiento que se está solventando. Somos una comisión de apoyo y si nos piden ayuda ahí estamos», asegura  Fernández.

Además de completar la formación de personal sanitario, el equipo de la comisión también se dirigirá a las asociaciones de pacientes, con los que empezará a trabajar. 

«Con normalidad, como cabía esperar. Con casos muy contados». El médico máster en Bioética, del Grupo de Apoyo a la Lore, Antonio Blanco Mercadé, asegura que los dos años de aplicación «se han llevado con normalidad y tranquilidad». 

La puesta en marcha de la maquinaria de trabajo en Castilla y León  funciona «porque se han trabajado bien con la Consejería de Sanidad»,  que ha cumplido con los plazos para poner en marcha la Comisión de Garantías y Evaluación y el registro de objetores. «Empezamos a trabajar con los protocolos y las actividades formativas para los profesionales, que todavía continúa». 

La ley llegó con mucho debate pero se desarrolla sin conflictos, asegura Mercadé, que señala que la dificultad que pueda tener un sector de la población para inscribirse en el registro  es uno de los retos a solventar en  este año.  «Creo que por ese motivo puede haber menos solicitudes, pero en todo caso se puede pedir ayuda».

«En estos dos años son pocas las personas que han solicitado acogerse a la Ley para morir. Siempre habrá quien diga que la Ley era innecesaria, pero si hubiera habido muchos pensarían que era un coladero, como se escuchó al principio. Sin embargo, lo que sí ha ocurrido es que desde su aplicación es de normalidad», segura Mercadé.

La Ley describe con detalle la situación clínica en la que tiene que estar la persona que solicita una eutanasia. «La solicitud la puede recibir un médico, tanto de Primaria como Especializada, o una enfermera, que tiene que tramitarla aunque no sea objetor de conciencia porque después hay un médico responsable que es el que acepta seguir con el procedimiento, que no tiene por qué ser el médico de referencia».

Para Mercadé «lo más penoso» de la aplicación de la Ley son los pacientes «que se quedan por el camino» porque fallecen antes de que se complete el procedimiento. «Eso ha ocurrido con dos pacientes de León. El proceso es lento».

La Ley contempla la creación de grupos de trabajo de apoyo, con un profesional médico y de enfermería en Atención Especializada y en otro en Atención Primaria  que «estamos a disposición de los profesionales», que preguntan para interesarse por plazos, documentos y medicación «todo llevado con la más absoluta confidencialidad».

El caso de José Antonio de la Arada

El presidente del Comité de Ética Asistencial del área sanitaria de León y coordinador del Grupo de Apoyo a la Lore, Benigno Fernández, señala el suicidio del bañezano José Antonio de la Arada Vázquez , como uno de lo casos que han estudiado los profesionales «porque se produjeron fallos en la comunicación, del que hemos aprendido». 

José Antonio Arada acabó con su vida a los pocos días de contar su caso al Diario de León y tras varias peticiones de solicitud de eutanasia, que no se tramitó. «Hemos analizado lo que pasó para que no se vuelva a producir una situación parecida. Fue un caso particular, muy concreto, en el que falló la comunicación. Ahora sabemos qué ocurrió».

A José Antonio de la Arada Vázquez lo encontraron muerto en su casa de la Bañeza la víspera de Nochebuena de 2022. Llevaba tres días muerto cuando una llamada de teléfono alertó a la Policía Local.

Tenía 59 años, vivía solo y tres días antes de su muerte contó a este periódico su complejo cuadro de patologías que le provocaban un dolor intenso, un cambio de medicación que no le funcionaba como él esperaba, una búsqueda incesante de ayuda y reclamaciones y la petición de eutanasia.