Un escudo climático para los más vulnerables
Derechos Sociales y las comunidades abordan medidas para residencias y otros centros ante situaciones de calor extremo
Un hombre se refresca en una fuente en Córdoba. SALAS
El Ministerio de Derechos Sociales y las comunidades han abordado la puesta en marcha de un «escudo climático» con medidas para residencias y otros centros que protejan a las personas más vulnerables de las situaciones de calor extremo.
Entre las recomendaciones acordadas para proteger a las personas más vulnerables de los efectos de las olas de calor, como dependientes y personas sin hogar, figuran la adecuación de los centros para que las instalaciones mantengan las condiciones de climatización o la elaboración de protocolos para los recursos de apoyo a personas solas o de mayor vulnerabilidad.
Para la atención de personas en situación de sinhogarismo: acceso a la red de refugios climáticos, incremento de plazas en las campañas contra el calor o evitar el cierre de fuentes públicas, y para las que viven en infraviviendas o asentamientos, garantizar el acceso continuo a agua potable y entornos con temperaturas adecuadas en las actividades de los niños.
En una reunión del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia celebrada este viernes, Gobierno y comunidades han acordado además, por primera vez, un marco común básico para regular la figura del Asistente Personal, previsto en el Plan de Choque en Dependencia.
Según lo pactado, podrán acceder a esta asistencia las personas con una situación de dependencia reconocida en cualquiera de sus grados, siempre que tenga 3 años o más y que requiera apoyos para desarrollar su proyecto de vida, explica Derechos Sociales.
Las personas que presten servicios de asistencia personal no podrán ser cónyuges, parejas de hecho o parientes por consanguinidad hasta el cuarto grado de parentesco y deberán trabajar tanto como empleados a través de una empresa acreditada o como profesionales autónomos con la acreditación de la administración competente.
«De forma mayoritaria se ha alcanzado un acuerdo que irá desarrollando poco a poco esta figura de asistencia personal a lo largo de los próximos años en nuestro país. Era el último gran paso del Plan de Choque que quedaba por abordar», ha destacado el secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez, que ha presidido el Consejo Territorial
Las autonomías junto con el ministerio han aprobado de manera definitiva el reparto de más de 783 millones de euros para la financiación del nivel acordado del sistema de dependencia, y una propuesta de reparto del tramo autonómico del 0,7 % del IRPF y del Impuesto sobre Sociedades para destinarlos a subvenciones a actividades de interés social. A Castilla y León le han correspondido Castilla y León 104.075.339,16 euros para la dependencia (13,29%) y 22.867.120,80 (7,74%) del reparto del 0,7% del IRPF y el impuesto de sociedades para invertir en fines sociales.