Parto natural o cesárea, ¿puede elegir la mujer?

Un juez de Las Palmas de Gran Canaria ha reconocido que en el parto de una mujer a la que no se dejó elegir entre alumbramiento natural o cesárea existió «violencia obstétrica», un concepto que se quedó fuera de la reforma de la ley del aborto pese a los intentos del Ministerio de Igualdad, pero que ha sido reconocido por la ONU y por la Unión Europea.

La abogada especializada en derechos reproductivos Francisca Fernández explica a EFE que se entiende por violencia obstétrica la apropiación por parte del personal médico del poder de toma de decisiones de las mujeres en lo relativo a su embarazo y parto, como la inducción del mismo por conveniencia del médico, hacer cesáreas o episiotomías «por rutina» o separarlas de sus hijos.

Este término también incluye otras prácticas como el maltrato físico, verbal o psicológico, la privación del derecho a la intimidad de las mujeres, el sobreintervencionismo o el abandono de las pacientes. «No es que las mujeres podamos pedir una cesárea por capricho, ni nosotras ni ningún paciente tenemos derecho a exigir una cirugía que no está indicada», explica Fernández, quien no obstante apunta que los sanitarios sí están obligados a informar a los pacientes de las alternativas disponibles y a respetar su decisión, algo que no hicieron en el caso de Las Palmas. La Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia (Sego), por el contrario, defiende que los obstetras tienen que actuar basándose en las guías de asistencia práctica de la Sego «y no en las preferencias de la paciente», que solo serán tenidas en cuenta «en la medida que sea posible», según un comunicado publicado este viernes. «La decisión de la vía del parto será responsabilidad del obstetra y la decisión de realizar una cesárea se hará solamente cuando está correctamente indicada, no a petición de la paciente», avisan. gualdad trató de incluir el término violencia obstétrica para referirse a las malas prácticas cometidas contra las mujeres durante el embarazo y el parto en la modificación de la ley de salud sexual y reproductiva, pero renunció.