El desierto se abre ante la inversión pública

Pese a las medidas puestas en marcha el año pasado para adaptar los precios de licitación de la obra púbica a la escalada (que parecía sin fin) de los costes de las constructoras, el número de inversiones que se sacan a concurso y quedan desiertas crece con fuerza. El encarecimiento de las materias primas y de los costes energéticos lastra los beneficios de las empresas que optan a la obra pública, que se mueven además en el inestable escenario de calcular los costes a futuro.

Sólo en León, un total de 34 obras, que salieron a licitación pública para realizar el año pasado una inversión de 16,5 millones de euros, no han encontrado una empresa que considere el proyecto rentable y por tanto los procesos han quedado desiertos. Según los datos de la Cámara de Contratistas de Castilla y León esta situación tiende al alza y puede además condenar a muchas de las empresas del sector, según explica la Confederación Nacional de la Construcción. Que apunta además que las medidas adoptadas durante el año pasado por el Gobierno y las autonomías para adaptar los precios reales de las obras a los que se exigen en las licitaciones no han tenido el efecto deseado. En el caso de León la inversión que no ha podido ser acometida supone casi una cuarta parte de la retrasada en el conjunto de la Comunidad (un 23% de sus 70,7 millones de euros); y es la provincia con más obras públicas paralizadas por esta falta de interés de los empresarios (34 de un total de 185 concursos que han quedado desiertos, aunque el mayor volumen de inversión paralizado está en Valladolid). Primero fue el encarecimiento de los materiales provocado por el `cuello de botella’ tras la parálisis del coronavirus, e inmediatamente después la inflación disparada de las principales materias primas con la invasión de Ucrania por Rusia. El caso es que las medidas de revisión establecidas para corregir este encarecimiento que sufren las constructoras no parece suficiente para que salven las cuentas con lo que ahora proponen pagar las administraciones.

Todo ello en un momento crítico, cuando están llegando ya los fondos Next Generation de transformación y resiliencia, que pueden estar en peligro por esta falta de adaptación de los costes a las licitaciones.

El caso es que se han quedado desiertas licitaciones como dos de las publicadas para la restauración ambiental de la Gran Corta de Fabero, que preveían la remodelación topográfica del terreno con estériles. Una de esas fases cuenta con una inversión prevista de 5,83 millones de euros, y la otra con casi 2,8 millones. En total más de 8,6 millones y una remodelación que queda a la espera de que Tragsa encuentre quién la realice. Casi 3,5 millones de euros tiene presupuestados la obra, explotación y mantenimiento de las depuradoras de Babia y Luna, dentro del espacio natural con emisiones cero. La Junta, a través de Somacyl, no ha encontrado tampoco quién se haga cargo de realizarla.

La urbanización de la calle Doctor Mérida Pérez de Astorga tenía prevista una partida presupuestaria de 600.000 euros, pero tampoco tiene quién la ejecute. Lo mismo que le ocurre a la actuación prevista en Carucedo para la traída de aguas a Las Médulas, otro de los proyectos que cuenta con mayor financiación de los que se han declarado desiertos, más de 402.000 euros, y que estaba previsto respaldar con fondos Next Generation del Mecanismo de Recuperación. Otro de los proyectos previstos con un coste más elevado es el que implica la restauración ambiental de los espacios mineros en explotaciones del carbón en Tremor de Arriba, dentro del Plan de Cierre de la Minería no Competitiva. Son más de 371.000 euros para arranque y restauración en roca cuyo contrato ha quedado también desierto. Entre las obras que están pendientes de realizar por falta de licitación se encuentra también la pendiente de adecuación de espacios e instalaciones del angiógrafo digital, un equipo destinado a la unidad de electrofísica del servicio de Cardiología del Complejo Asistencial Universitario de León. Con un presupuesto de 275.000 euros. Como la reforma y acondicionamiento de la planta baja del incibe, con un presupuesto de 240.000 euros. Hay otra serie de obras de menor cuantía, como el templete de la Plaza de la Constitución de La Robla, con más de 117.000 euros; así como varias obras de pavimentación de calles en los pueblos de San Emiliano de Babia, la urbanización del Camino del Castillo y la construcción de un edificio polivalente en Vaillamartín de Don Sancho; la pista de pádel y parques infantiles de Cacabelos;... O la estructura de cubierta de la pista deportiva de Armellada, que cuesta casi 15.000 euros. Llama la atención el largo listado (14 obras) de mejoras a la accesibilidad de los centros escolares de Ponferrada.

El patrimonio tampoco se libra del abandono de los concursos para llevar a cabo su mejora, y se han quedado sin empresa que se haga cargo la casa Uceda-Osorio de Camponaraya, con un proyecto de 800.000 euros para convertirla en un centro cultural y museístico. En igual situación está la restauración del castillo de Villapadierna, con un contrato de 277.000 euros. En Nogarejas se queda sin constructor la ejecución del museo taller de maquinaria y herramientas del Taller de los Paramios, conocido como La Tahona, que contaba con un presupuesto de 269.000 euros.