SANEAMIENTO

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La semana en el campo de Castilla y León, igual que la anterior, ha continuado marcada por el saneamiento ganadero con motivo de la tuberculosis bovina.

Todo tiene su origen en una orden de la Junta de Castilla y León publicada el 15 de mayo en la que flexibilizaba las medidas para el movimiento del ganado. Rápidamente llegó a oídos de Europa que aseguró que vulneraba las leyes comunitarias y estatales en la materia y pidió al Gobierno de España que tomase cartas en el asunto en aras de garantizar la sanidad animal.

Poco tardó el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (Mapa) en tomar medidas y el lunes, 29 de mayo, publicó una orden en el BOE que dejaba sin efecto la de la Junta y además restringía el movimiento de ganado bovino desde Castilla y León al resto de España y de la UE, prácticamente prohibiendo la salida de animales, salvo que fueran con destino al matadero, a excepción de las provincias de León, Valladolid y Burgos, oficialmente declaradas libres de la infección de tuberculosis.

Además, el Mapa presentó un recurso contencioso-administrativo en el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León contra la resolución autonómica por fijar una «marco normativo más laxo que contraviene la legislación europea y frente al inevitable riesgo de dispersión de la enfermedad a nuevas zonas, explotaciones y animales».

Ante esta situación, la Junta se vio obligada a dejar sin efecto su orden, a expensas de lo que decidieron los tribunales, para volver a la situación anterior al 15 de mayo y desbloquear así el movimiento de ganado.

Así concluyó la semana del 29 de mayo al 3 de junio, lo que significa que se diera por zanjado el asunto.

Este lunes, 5 de junio, arrancó con la resolución del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León aceptando la medida cautelar pedida por el Ministerio de Agricultura por la queda en suspensión la Orden de la Junta de Castilla y León que flexibilizaba las medidas de control y prevención de la tuberculosis bovina, lo que también deja sin efecto la Orden Ministerial que impedía la salida de ganado que no tuviera destino al matadero desde la Comunidad.

Con ello, desde el miércoles los ganaderos pueden volver a mover el ganado. En un comunicado enviado desde la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural señalaba que «desaparecen las prohibiciones de movimiento de ganado que contenía la Orden Ministerial del 26 de mayo», con lo que rigen las medidas de saneamiento ganadero que estaban vigentes antes del 10 de mayo.

A partir de ahí, el asunto se ha convertido prácticamente en un cruce de declaraciones y acusaciones entre la Junta de Castilla y León gobernada por PP-Vox y el Gobierno de España dirigido por PSOE-Podemos.

El miércoles se hizo público que la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural prepara una nueva orden sobre sanidad animal en la que, aunque «se adapte al reglamento europeo y a los programas nacionales», no renuncia a flexibilizar los controles sobre la tuberculosis bovina, bajo la perspectiva de que de las próximas elecciones generales del 23 de julio surja «un cambio de gobierno que pueda favorecer otro modelo de movilidad nacional».

Así lo anunció el consejero del ramo, Gerardo Dueñas, en una rueda de prensa, donde avanzó que la nueva orden tardará «varios meses, aunque no muchos» y que esperó que «pueda ir paralela a determinados cambios en el modelo del programa nacional» de prevención, control y erradicación de enfermedades del ganado que espera que lleguen con ese «cambio de gobierno» anhelado por el consejero.

Informó también Dueñas sobre la elaboración de una guía de funcionamiento interno que explicará «cómo va a hacerse el saneamiento a corto plazo» tras quedar suspendida cautelarmente por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) la resolución de la Junta del pasado 10 de mayo, que ya flexibilizaba la movilidad del ganado.

El texto, cuya legalidad fue defendida por Dueñas, tenía «discrepancias técnicas» con el reglamento europeo y el programa nacional que entró en vigor el pasado 16 de mayo, según reconoció el consejero, bajo la perspectiva de que «hay muchas interpretaciones dentro de la legalidad», pero reiteró su esperanza en un nuevo programa, frente al de «máximos” actual, que haga «esa interpretación más flexible del reglamento comunitario» para que «la situación del sector mejore».

«Todo el mundo busca la erradicación de la enfermedad, pero podemos hacerla de dos maneras», explicó Dueñas, para quien «no podemos matar a todas las vacas para erradicar la tuberculosis» cuando el del ganado en Castilla y León es «un modelo espectacular en extensivo» que no se puede «eliminar» por ser «una de las principales fuentes de riqueza».

También se refirió Dueñas a la acusación del Sindicato de Veterinarios de sobre los 3,8 millones de euros en que cifran el impacto económico negativo sufrido por el sector ganadero por su resolución. Una cantidad que el consejero de Agricultura calificó como «una auténtica barbaridad” que tiene «poco sentido» y que, en todo caso, se debe al «155 que aprobó el Ministerio», ya que fue esa orden la que «impidió el movimiento» del ganado «con alevosía».

Por último, el jueves el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, anunció la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural «trabajará» para solucionar la situación generada por la flexibilización de las medidas para los movimientos de ganado por la tuberculosis bovina, siempre «dentro de la legislación comunitaria y nacional». «Así se va a realizar», sentenció. «Nosotros hacemos una política útil, seria y eficaz en todos los ámbitos y lo seguiremos haciendo en el sector primario», aseveró Mañueco.

Por su parte, el ministro de Agricultura, Luis Planas, ayer mismo llamó la atención sobre «la gravedad» que supone «jugar con las normas relativas a la salud pública», en relación a la crisis ganadera en la Comunidad.