Dos eutanasias en dos años en León

ana gaitero

LEÓN

El derecho a la ayuda a morir cumplió dos años de andadura en León con dos eutanasias realizadas y al menos tres personas fallecidas durante la tramitación. En Castilla y León se han realizado un total de 14 eutanasias, que serán 15 en breve, sobre un total de 24 peticiones, según datos de la Comisión de Garantías y Evaluación de la Eutanasia de la Consejería de Sanidad.

La prestación se ha llevado en las provincias de León, Burgos, Salamanca, Valladolid y Segovia, mientras que en Soria, Palencia, Ávila y Zamora no se realizado ninguna en estos dos años de la nueva ley. «La aplicación de la ley se ha desarrollado dentro de la normalidad», asegura el doctor Francisco Vara Hernando, presidente en funciones de la Comisión de Garantía y Evaluación de la Eutanasia en Castilla y León.

La mayoría de las personas que han solicitado la prestación de la ayuda a morir padecían enfermedades neurológicas o degenerativas graves como la ELA. Una de las eutanasias fue de un paciente oncológico. La prevalencia de las enfermedades neurológicas entre las personas que solicitan la eutanasia es el motivo por el que en León se empezará por el servicio de Neurología del Caule la formación con personal de Atención Especializada.

El presidente del Comité de Ética Asistencial del área de Salud de León y responsable de la Comisión de Apoyo al personal sanitario para la aplicación de la Lore, Benigno Fernández, señala que una vez que se ha hecho un gran esfuerzo formativo entre el personal de Atención Primaria, «lo haremos con servicios clave del hospital y Neurología será el primero». Los equipos directivos del Caule y de Atención Primaria, recientemente renovados, también recibirán la formación.

«Se trata de clarificar aspectos prácticos para que el desconocimiento y el miedo no genere las disfunciones de los comienzos», explica Fernández.

«Al principio no estábamos ágiles por el desconocimiento del procedimiento y por la objeción de conciencia, pero actualmente y especialmente desde la creación de las unidades de apoyo para que descarguen a los médicos de la parte del papeleo, rueda perfectamente», subraya este médico salmantino.

Los fallecimientos que se han producido de personas que habían solicitado la eutanasia «no son achacables a una mala aplicación de la ley en Castilla y León», asegura Vara. «Ha habido fallecimientos durante el proceso sobre de todo de personas con enfermedades oncológicas», añade. «Son personas que firman la solicitud al final de la vida y no da tiempo a la tramitación y en algún caso han revocado la solicitud al acceder a cuidados paliativos», explica.

Estas situaciones han puesto en evidencia, según el presidente en funciones de la Comisión de Garantía y Evaluación de la Eutanasia, que «no hay suficiente cobertura de cuidados paliativos de calidad».

La aplicación de una eutanasia tiene un plazo mínimo de 40 días desde que se presenta la solicitud, salvo si entre la primera y la segunda entrevista del médico responsable se prevé un proceso de pérdida de conciencia rápido que puede acortar este plazo 15 días.

«No diría que es un fracaso de la prestación el que fallezcan personas en la tramitación, sino que el trámite dura lo que dura y eso hay que informarlo al paciente», subraya Benigno Fernández.

La objeción de conciencia tampoco tiene que alargar la tramitación. Prevista para personal médico, de enfermería, de farmacia (exclusivamente para quien elabore el preparado) y psicología, la objeción no puede interferir en la tramitación burocrática.

«La objeción es perfectamente compatible con que la prestación siga su trámite porque la objeción es para el acto de la eutanasia, pero la tramitación administrativa es obligatoria», puntualiza el responsable de la Comisión de Apoyo de León. Esto supone que personal médico y de enfermería que esté en el registro de objeción de conciencia está obligado a recibir, firmar, dar curso administrativo a la petición e informar a Sacyl de que su objeción para que busque otra alternativa como médico de referencia. Castilla y León incluye un informe de enfermería y del trabajador o trabajadora social que no es preceptivo en la Lore.

Respecto al informe de la asociación DMD que sitúa a Castilla y León tercera por la cola en porcentaje de eutanasias respecto a la mortalidad general, señala este experto que «aquí no hay cortapisas». «Se aplica el Manual de Buenas Prácticas de la Eutanasia y tal vez las razones haya que buscarlas en las características sociodemográficas de la población» de la Comunidad, aunque admite que «hay una gran disparidad entre Cataluña, que es donde más se han practicado, y Madrid, que es donde menos».