Charo Llamera, abogada: «El covid disparó la conflictividad familiar en León»

Ni el Consejo General del Poder Judicial ni los juzgados de Familia de León recogen estadísticas sobre la conflictividad judicial que se deriva de divorcios, separaciones y nulidades matrimoniales o del fin de uniones de hecho. La abogada leonesa Charo Llamera, especialista en estos asuntos, asegura que «la conflictividad ha aumentado desde el covid», debido a las consecuencias económicas que supuso para muchas personas la pandemia.

«Se pleitea más en general, pero lo vemos de manera particular en las modificaciones de medidas. Están en auge para rebajar las pensiones de alimentos y actualizarlas a las circunstancias actuales», asegura. Son personas que han perdido ingresos y plantean a los juzgados correspondientes que se revise su situación a la baja. «Hay que pelear por menos», resalta esta abogada que fue una de las precursoras de la reivindicación de los juzgados de Familia para León.

Actualmente, en la capital hay dos juzgados de primera instancia especializados en Familia. No ocurre lo mismo en Ponferrada, donde los asuntos de divorcios , nulidades y separaciones o pleitos de parejas de hecho recaen en los juzgados de primera instancia, ni, por descontado, en Astorga, La Bañeza, Villablino o Cistierna. «En Ponferrada, al menos, sí sería interesante un juzgado de Familia porque requiere mucha especialización», subraya Llamera.

La caída de los divorcios en casi un 30% en los últimos diez años no ha mermado la problemática que sigue a las rupturas. Al contrario. «Hay menos divorcios, pero la problemática familiar ha aumentado porque las parejas de hecho que se rompen y tienen hijos y propiedades en común también pasan por los juzgados. Hay más medidas paterno-filiales para familias de no casados para regular todo lo referente a los menores», apostilla Llamera.

Además, estas rupturas sin contrato matrimonial por el medio a veces plantean más dificultades jurídicas que cuando se trata de matrimonios en régimen de gananciales. «Jurídicamente, cuando no hay matrimonio y por tanto no existe la sociedad de gananciales disolver los bienes en común es más complejo», explica.

La custodia compartida, que ha aumentado casi un 65% en diez años, es otro elemento añadido a la mayor conflictividad judicial en el ámbito familiar. «La mayoría de los hombres quieren la custodia compartida, pero detrás hay un motivo rotundamente económico». No solo por ajustar la pensión alimenticia, sino por el hecho de que con la custodia compartida «se limita el uso de la casa familiar», aclara la abogada.

En su opinión, en estos casos «los hijos se adaptan a la situación sin mayores problemas; se adaptan peor los padres que los hijos», añade. En estos procedimientos, según la edad de los menores da más o menos problemas. «Muchas madres se oponen a la cuestodia compartida antes de los tres años, pero con un año de edad se dan perfectamente».Llamera señala que en el ámbito del derecho de familia «da problemas todo».

Las autorizaciones judiciales para todo lo relativo a la vida de los menores cuando los padres no se ponen de acuerdo también «han aumentado muchísimo». Hasta las cosas más nimias se pueden convertir en una montaña cuando una ruptura es conflictiva. Los asuntos de patria potestad son otro de los motivos de intervención judicial en los casos de parejas separadas o divorciadas. A veces se trata de cosas como pedir autorización para que el niño haga la primera comunión cuando uno de los progenitores no está de acuerdo, o cuestiones como sacar el pasaporte o la autorización para el viaje de fin de curso. En estos casos se aplica el artículo 158 para temas urgentes.

Por este motivo, explica Charo Llamera, «la materia de Familia requiere mucha agilidad y juzgados especializados. Sería bueno que todos los juzgados contaran con uno dedicado a esta materia», insiste. El régimen de visitas es otra de las materias polémicas. La mediación, asegura, «viene bien cuando hay disposición de las partes, pero en los casos donde el conflicto es grande no es viable».