Xavier Labandeira: «Ante el cambio climático, los tributos pueden jugar un mayor papel por la gravedad del problema a resolver»

El catedrático de Economía de la Universidad de Vigo Xavier Labandeira Villot participa este jueves en las XVI Curso de Divulgación Científica de la Universidad de León con la conferencia  Políticas contra el cambio climático : una aproximación económica (19.30 horas en el Aula Magna de la Facultad de Ciencias Económicas y Ambientales de la ULE).

Labandeira, que analiza el cambio climático como un gran fallo del sistema económico que generará elevadas pérdidas netas a nuestras sociedades», forma parte del grupo de investigación Ecobas, un centro interuniversitario integrado por unos 80 expertos de diferentes áreas de las ciencias sociales que trabaja en el desarrollo de la sostenibilidad económica, ambiental y social para tratar de dar respuesta a los retos de la sociedad actual a través de la investigación, la docencia, la innovación y la transferencia y el conocimiento. 

—¿Cuáles son las implicaciones económicas del cambio climático que va a desgranar este martes en León?

—Las implicaciones son muy diversas e importantes. Por un lado los propios impactos del cambio climático, que serán muy elevados en términos de salud humana, actividades primarias, infraestructuras, etc. Parte de ellos podremos evitarlos mediante adaptación, pero habrá casos de pérdidas importantes (todo lo precedente es cuantificable económicamente). Por otro lado los impactos de las políticas climáticas, que afectarán a industrias, territorios, familias. De nuevo, podemos intentar compensarlos parcialmente.

­—Usted escribía en un artículo en El País que el cambio climático es producto de un gran fracaso económico. ¿Por qué?

—El cambio climático es un problema que surge porque nuestras sociedades no tienen en cuenta los daños ambientales que ocasionan las emisiones contaminantes asociadas a la actividad económica. Esto hace que emitamos grandes cantidades de contaminantes que alteran el clima y generan daños importantes de todo tipo: naturales, socio-económicos, etc. Desde un punto de vista económico este problema se puede mitigar mediante la regulación e intervención del sector público, de forma que se tengan en cuenta no solo los beneficios de las actividades económicas sino también todos sus costes sociales.

—¿Qué finalidad tienen los impuestos energético-ambientales?

—Son gravámenes que buscan incorporar los costes ambientales en las decisiones económicas de productores y consumidores, incentivando así la adopción de acciones, comportamientos e inversiones más sostenibles. 

—¿Qué tipo de impuestos hay en vigor y sobre que contribuyentes recaen?

—Existen muchos ejemplos en nuestro país, sobre emisiones contaminantes a distintos medios naturales o sobre productos que ocasionan problemas ambientales; aplicados sobre consumidores finales o empresas; y a distinto nivel competencial (desde ayuntamientos a gobierno central, aunque las comunidades autónomas han usado esta alternativa de forma bastante intensa). Los más importantes, dada la magnitud del problema ambiental a resolver, están relacionados con los consumos de combustibles fósiles en el transporte y en sectores industriales y residenciales, pero tampoco hay que olvidar los tributos asociados a los residuos o a la gestión de recursos hídricos

—¿Es eficaz luchar contra el cambio climático por la vía de la fiscalidad?

—Se trata de uno de los campos en los que estos tributos pueden jugar un mayor papel por la gravedad del problema a resolver y porque, ante la magnitud de los cambios socio-económicos requeridos, queremos soluciones coste-efectivas, esto es, que consigan los objetivos ambientales a mínimo coste social. En este sentido, instrumentos fiscales que incentiven el cambio de comportamiento e inversión permiten avanzar más rápido, fomentando además el desarrollo de soluciones tecnológicas limpias.

—Las zonas que han sido castigadas por la minería del carbón y qué ahora están en decadencia, ¿no deberían de tener una compensación del Estado? 

—Las políticas ambientales, particularmente las climáticas, pueden tener impactos distributivos negativos sobre ciertos grupos de la población o territorios. Aunque desde una perspectiva global estas políticas sean muy deseables porque generan beneficios netos para la sociedad, es conveniente establecer compensaciones a ciertos sectores, hogares o territorios  para que el proceso de cambio sea viable y justo. En realidad, esta cuestión es válida también para los impuestos ambientales tal y como quedó claro en el reciente libro blanco de reforma fiscal que incidió especialmente en estos aspectos: cuantificación de impactos distributivos y posibles vías de compensación a los hogares de baja capacidad económica.

—En España hubo un ‘impuesto al sol’. ¿Qué impacto ha tenido en el desarrollo de las renovables en España?

 —En realidad no se trataba de un impuesto sino de un «peaje» a la producción fotovoltaica que también afectaba al autoconsumo. Pero ya no está en vigor.

 —La descarbonización asentada sobre un modelo de renovables eléctricas industrial (macroparques) está cuestionada en algunos ámbitos. ¿Se podría promover vía bonificación fiscal el autoconsumo o la implantación de comunidades energéticas más sostenibles?

—Creo que necesitamos un debate social profundo e informado sobre estas cuestiones. En primer lugar, siendo conscientes de que necesitamos expandir muchísimo las energías renovables para afrontar los graves problemas ambientales, particularmente en el ámbito climático, y cumplir con los compromisos europeos e internacionales como el Acuerdo de París. En segundo lugar también es necesario saber que el modelo que denominas «industrial» ha de formar parte de esa expansión por sus economías de escala y la mayor capacidad de aprovechar los recursos renovables con respecto a otras alternativas. Por supuesto hemos de contar también con instalaciones más pequeñas que puedan agruparse en comunidades descentralizadas con menos impactos ambientales, pero creo que no se trata de escoger una u otra alternativa sino de combinar ambos modelos para minimizar daños y maximizar producción renovable. Eso no quiere decir que podamos instalar macroparques en cualquier lugar: hay razones de diverso tipo (valor paisajístico, protección de la biodiversidad, etc.) que deben impedir su ubicación en ciertos emplazamientos, pero no todos las ubicaciones potenciales tienen esas características. Y recordemos también que hay otras opciones para evitar una expansión desaforada del denominado modelo industrial, como políticas de eficiencia energética que reduzcan las necesidades de generación eléctrica, opciones de almacenamiento energético o renovables marinas con menores impactos sobre el paisaje. En cualquier caso, estamos ante intervenciones humanas desmontables cuando tengamos mejores alternativas y, salvo casos en que las ubicaciones escogidas sean inadecuadas, sin las irreversibilidades asociadas a problemas con el cambio climático.

—¿Tiene usted alguna propuesta novedosa que incida en reducir residuos?

—Creo que en este ámbito es particularmente interesante introducir pagos por generación de residuos, que informen de los costes ambientales y de gestión de residuos a las empresas y hogares que los ocasionan e incentiven el cambio de comportamiento antes apuntado.

Labandeira confía en que se apliquen visiones como la de Mark Jacobson (de la Universidad de Stanford), investigador que acaba de publicar un libro en el que «apunta que no hacen falta milagros sino ambición para aplicar las tecnologías limpias ya existentes sin demoras» para incidir en un cambio de rumbo en la preocupante situación del planeta ante el cambio climático.