«Sufrimos una infrafinanción injusta en la dependencia»

La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, desgrana en esta entrevista los programas, objetivos y reivindicaciones ante el Gobierno de España desde Castilla y León.

—La pobreza de las familias en Castilla y León es inferior a la media de España. ¿Qué objetivos tiene la Consejería de Familia para mejorarlos más?

—La Red de Protección a las familias y personas vulnerables de Castilla y León, como instrumento de coordinación entre agentes, recursos y prestaciones, actúa de forma habitual y continuada ofreciendo una respuesta personalizada a las familias y a las personas en situación de pobreza para mejorar su situación. Nuestro objetivo, por supuesto, es seguir mejorando la calidad de vida de los más vulnerables. Con medidas para paliar situaciones de emergencia pudimos atender el incremento de los desahucios por insolvencia hipotecaria, con el servicio de apoyo a familias en riesgo de desahucio por deuda hipotecaria. También aumentamos la atención a familias desfavorecidas en una situación crítica, como el Covid, mediante el reparto de alimentos y productos de primera necesidad. Apoyamos económicamente las necesidades básicas del hogar de las personas más vulnerables con el objetivo de paliar los efectos económicos del alza de los precios de la energía, mediante una ayuda de urgencia social sin necesidad de que los más de 45.000 destinatarios tuvieran que solicitarla. Firmamos convenios con las suministradoras energéticas para evitar el corte de suministro de energía a hogares vulnerables. Castilla y León cuenta con una amplia y sólida red de recursos sociales que nos sitúa en los primeros puestos, según el informe DEC, y del que se benefician un 25% de la población, atendiendo a 174.000 familias en riesgo de exclusión social de media al año con un gasto medio de 220 millones de euros.

—La pobreza energética es un problema creciente, ¿qué efectos están teniendo las ayudas de 130 euros a 45.000 hogares? ¿Es suficiente para erradicarla?

—Esta medida, de carácter excepcional, se tomó en 2021 como consecuencia de la subida exorbitante de los precios de la luz y del gas que afectó de manera especial a las familias con mayor índice de pobreza. Las apoyamos con una ayuda de urgencia social para paliar los efectos de estas subidas. Sin perjuicio de ello, el sistema de servicios sociales de Castilla y León plantea una atención integral a las personas y familias en situación de vulnerabilidad. Un ejemplo de prestación integral es la Renta Garantizada de Ciudadanía, que se configura además como un derecho subjetivo y que pretende cubrir las necesidades básicas de las unidades familiares hasta que logren su inserción laboral.

—¿Siente que cubren parches a problemas estructurales?

—Como le decía, en Castilla y León disponemos de un sistema de protección social de responsabilidad pública que da respuesta a las necesidades de las familias y personas más vulnerables de manera continuada y personalizada. En ocasiones, incorporamos medidas y procedimientos para paliar situaciones de crisis incrementando la financiación de determinados recursos o poniendo en marcha medidas puntuales, pero nuestro principal objetivo es tener organizados nuestros recursos y prestaciones de la manera más racional y eficaz posible para garantizar que la atención llega a quien tiene que llegar y de forma adecuada. Así mismo, contamos con el Acuerdo Marco de cofinanciación de los servicios sociales con las diputaciones provinciales y municipios de más de 20.000 habitantes, al que la Consejería de Familia ha destinado este año 160 millones de euros para financiar los servicios y prestaciones que atienden a las personas vulnerables, con los ajustes necesarios para atender situaciones cambiantes.

—¿Han solucionado el problema de familias que antes cobraban la Renta Garantizada de Ciudadanía y se les da menos prestación con el Ingreso Mínimo Vital?

—El IMV tiene en cuenta la situación económica del año anterior, y la RGC valora la situación económica actual. Nada más detectar esa situación, en los primeros meses de su implantación, la Junta de Castilla y León resolvió el problema: concedió una ayuda a esas familias compensando lo que perdían y paralelamente modificó la ley de la Renta haciendo compatibles ambas prestaciones para que, en estos casos, cobraran el mismo importe que antes. Ahora mismo no hay ninguna familia que al pasar de la RGC al IMV cobre menos importe porque desde la Consejería de Familia estamos complementando las cuantías del IMV cuando son inferiores. Desde que se inició el IMV hemos tenido que complementar la cuantía a 2.745 personas con una cuantía media de 308 euros mensuales, de las 14.500 en vigor. Muchas de estas situaciones se evitarían si el Gobierno de España nos cediera la gestión del IMV a la Castilla y León como hemos solicitado en repetidas ocasiones. Tenemos experiencia, conocemos a nuestros usuarios y podemos ofrecerles una gestión de la prestación más ajustada a su realidad actual.

—¿Plantean ligar estas ayudas a búsqueda de empleo?

—El IMV lo gestiona el Gobierno de España, la decisión de ligar su percepción a obligaciones como las que señala les corresponde a ellos. Desde la Consejería de Familia lo hemos reivindicado en numerosas ocasiones. En Castilla y León siempre hemos defendido que la percepción de una renta mínima debe estar condicionada al cumplimiento de una serie de obligaciones: garantizar la escolarización de los menores, aceptar las ofertas de trabajo, acudir a la formación que se oferta para facilitar su acceso al mercado laboral…. Y si esas obligaciones no se cumplen se debería perder la prestación. Así está configurada la RGC, que se consensuó con todos los grupos parlamentarios, se acordó en el seno del diálogo social y se hizo también con el consenso de las entidades del tercer sector.

—¿Qué resultados están viendo de programas de mejora de la atención a la dependencia como ‘A gusto en casa’ e ‘Intecum’?

—Son dos programas que dan respuesta a la demanda de una nueva forma de prestar cuidados, los denominados «cuidados en la comunidad», que permiten a la personas mayores y dependientes seguir viviendo en sus hogares si así lo desean, creando «hogares seguros». En el caso del programa ‘A gusto en casa’ con los apoyos, tecnológicos y profesionales, que necesiten para realizar sus actividades cotidianas, cuidado de la salud, participación en la comunidad y, en general, todas aquellas actividades significativas que den sentido a su vida. Se está desarrollando en el medio rural de todas las provincias de la Comunidad, concretamente en 602 municipios, prestando atención a casi 2.200 personas hasta la fecha. El programa ‘Intecum’ presta esos apoyos en el hogar de las personas con una enfermedad en fase avanzada o terminal y a su entorno familiar, para que puedan seguir viviendo en su hogar y mantener su estilo de vida, mientras evoluciona la enfermedad, hasta su fallecimiento. Se desarrolla en todas las provincias de la Comunidad, y ha prestado apoyos ya a casi 1.000 personas.

—¿Inciden estos programas, especialmente en el medio rural, en evitar la institucionalización precoz de las personas dependientes?

—Sí, ese es el objetivo de ambos programas. Programas especialmente pensados para el medio rural, tan importante en nuestra Comunidad, donde el 60% de las personas dependientes y el 50% de las personas con discapacidad viven en esos entornos rurales y donde el acceso a los recursos y servicios sociales tradicionales les supone en muchos casos alejarse de sus domicilios y de su núcleo familiar y de amigos.

—Pese a la implantación de la ley de la dependencia los cuidados siguen estando a cargo en gran medida en la red familiar y resueltos en gran medida por las mujeres. ¿Tienen previstas medidas de conciliación que involucren más a los hombres y servicios públicos?

—Siguen siendo las mujeres las que mayoritariamente se encargan de los cuidados familiares y de otras tareas domésticas, por eso es tan importante enfatizar sobre la corresponsabilidad. Cuando hablamos de conciliación pensamos solos en las mujeres, cuando hablamos de corresponsabilidad pensamos en dos personas. Por eso la conciliación debe contribuir a la asunción equilibrada de las responsabilidades familiares de las mujeres y de los hombres. Por ello estamos fortaleciendo las medidas con nuevos programas de conciliación, como es el caso del Bono Concilia, que supone una ayuda de 750 euros/hijo para servicios de conciliación destinado a familias con menores de 3 años, concediéndose más de 13.300 de estos bonos el año pasado. El Programa Crecemos que se ofrece ya de forma gratuita, en municipios que tengan una demanda menor de 15 plazas y no cuenten con guardería en la que ofrecemos 4.400 plazas para niños de 0 a 3 años. O el Programa Conciliamos, un recurso de conciliación para familias que trabajan con niños entre 3 y 12 años durante los periodos no lectivos, que se ha abierto a todas las localidades y en el que participan este año más de 18.000 niños

—¿Cómo se afronta el reto de la atención centrada en la persona y qué costes supone?

—Con ilusión. La idea fundamental es que es un modelo profesionalizado que busca cuidar y apoyar a las personas para que estas puedan seguir teniendo control en su entorno, en sus cuidados y en su vida cotidiana, desarrollando sus capacidades de decisión, sin renunciar a sus proyectos de vida y sintiéndose bien. En las Cortes de Castilla y León se tramitan la Ley reguladora del modelo de atención en los centros de carácter residencial y centros de día de servicios sociales para cuidados de larga duración y la Ley de apoyo al proyecto de vida de las personas con discapacidad, y se basan en este modelo que ofrece cuidados individualizados a las personas mayores, con dependencia, discapacidad o enfermedad crónica, ya sea en centros residenciales o en su propio domicilio. Llevamos trabajando mucho tiempo y ha supuesto sobre todo un cambio en la forma de trabajar y en los objetivos a alcanzar, pero no supondrá coste alguno ya que propugna un cambio en la forma de entender los cuidados, un cambio de mentalidad. Antes bien, es un modelo que está generando empleo, crecimiento económico y permitiendo la pervivencia de las residencias, especialmente las del medio rural.

—¿La sociedad también necesita un cambio de mentalidad para asumir este modelo de atención?

—Debemos huir del paternalismo propio de épocas pasadas que abogaba por un modelo de atención y cuidados en exceso protector de las personas dependientes y con discapacidad.

—¿Los centros de protección de menores se acabarán cerrando y los niños y niñas parasán a acogimientos familiares?

—A día de hoy, aproximadamente un 60% de los menores separados de sus familias se encuentran en acogimiento familiar. Sin duda, lo deseable sería que la totalidad de los niños y niñas no necesitaran de un acogimiento residencial. Mientras la realidad de los centros siga presente, se pretende que sean viviendas normalizadas e integradas en la comunidad. Un 90% aproximadamente de los menores viven en pisos, casas, chalets, en barrios de las ciudades. Y en aquellos centros más grandes se tienen a un modelo similar, de forma que los menores convivan en pequeñas unidades, con apariencia de hogares. El objetivo es que el acogimiento familiar esté cada vez más presente en la realidad del sistema de protección, y para ello se están poniendo en marcha campañas para sensibilizar a las familias de nuestra comunidad. También trabajamos para que niños y niñas que actualmente están en centros puedan convivir en familias, al menos temporalmente (vacaciones, cursos escolares,…).

—¿Se apoya suficiente a las familias con niños y niñas bajo tutela de la infancia para que puedan retornar al hogar biológico?

—El apoyo a las familias es la medida más importante de las previstas en la futura ley de infancia. De los menores que están en situación de riesgo o desamparo, un 80% siguen viviendo con sus familias y dentro del programa de apoyo familiar. El número de menores separados de la familia está sobre el 20% de los que se interviene por situaciones de riesgo o desamparo.

—¿Cómo desarrolla la Junta la ley de protección a la infancia y a la adolescencia contra la violencia?

—En los ámbitos que afectan a esta Consejería, se han llevado diversas actuaciones, desde la formación de los profesionales o la aprobación de un protocolo de actuación en situaciones de violencia en los centros. Trabajamos también en una nueva ley de infancia y adolescencia en Castilla y León.

—La ley del solo sí, tan polémica, prevé que las comunidades creen centros de emergencia de atención a víctimas de agresiones. ¿Tienen ya diseñado el plan en Castilla y León? ¿Con qué fondos?

—Sí, en Castilla y León tenemos diseñado un modelo de centros para la atención a víctimas de violencia sexual. Estamos trabajando sobre el efectivo funcionamiento de estos centros pues son muchos los factores que hay que considerar para crear servicios y prestaciones que supongan una mejora en la respuesta a las necesidades de las víctimas de violencia sexual. El crédito que se invertirá en la adquisición o reforma de inmuebles, y que se llevarán a cabo con cargo a los fondos europeos Next Generation y el funcionamiento de esos centros cuya financiación se asumirá por la propia comunidad autónoma.

—¿Va a sacar adelante en esta legislatura la ley de violencia de género autonómica pendiente o es una línea roja en la alianza con Vox en el gobierno autonómico?

—En la actualidad esa norma está siendo objeto de tramitación. Hemos de tener muy presente que es preciso adaptarla a toda la normativa estatal que se desarrolla en el ámbito de la violencia de género y que va a afectar necesariamente al articulado de esa ley. Una vez concretados los ámbitos específicos que resultan afectados o condicionados, se procederá a su adaptación de cara a su aprobación.

—¿Qué medidas ha tenido que pelear más en el Gobierno autonómico en el actual mandato?

—Todas las medidas que ponemos en marcha conllevan mucho trabajo y esfuerzo de miles de profesionales y trabajadores que prestan sus servicios en el sistema de servicios sociales de Castilla y León. Medidas que son especialmente transcendentes no solo porque afectan a las personas más vulnerables, a las mas débiles y necesitadas de protección de nuestra sociedad, sino también por su efecto inmediato en la calidad de vida y el bienestar de las personas. Trabajamos poniendo siempre los intereses de Castilla y León por delante.

—¿Cómo valora el nuevo Ministerio de Infancia y Juventud?

—Aparte de que un Ministerio se haya desglosado en dos en esta Legislatura, a la nueva ministra de Infancia y Juventud le pido, muy especialmente, que tenga en cuenta la participación de las comunidades autónomas y escuche su voz, a través de los instrumentos que a tal fin ya hay establecidos. En lo que se refiere a la infancia es muy importante esta participación en la Conferencia Sectorial de Infancia por ser la Junta de Castilla y León la entidad pública de protección de los menores de edad, correspondiéndole la mayor parte de las competencias. Desde la Consejería le ofrecemos la colaboración y el diálogo necesario para el bienestar y futuro de los más de 300.000 niños, niñas y adolescentes de Castilla y León

—¿Qué le pide a la ministra de Igualdad, Ana Redondo?

—Pedimos y esperamos que tenga una relación más horizontal con la Consejería y que las competencias que las comunidades autónomas en igualdad y de violencia de género tengan el peso que las corresponde. Castilla y León ejecuta las medidas del Pacto de Estado contra la violencia de una manera eficaz, con el 100% de los fondos anuales. Con fondos propios de Castilla y León, junto con lo recibido del Pacto de Estado, han reforzado y mejorado la atención a las víctimas de la violencia machista, con más plazas en casas de acogida y centros de emergencia. Reforzamos y modernizamos los recursos de las redes de atención e incrementamos los servicios profesionales a disposición de las mujeres, destacando la recuperación de la autonomía a través del empleo. A la ministra le trasladamos nuestra total disposición a continuar trabajando de forma coordinada, desde la lealtad y la colaboración institucional, en esta lucha que necesariamente ha de ser conjunta y solidaria contra la violencia machista. El Ministerio debe incrementar las cuantías que esta Comunidad recibe del Pacto de Estado por su utilidad y beneficio para miles de mujeres en Castilla y León. En esta lucha se ha avanzado mucho pero aún queda un largo camino por recorrer para erradicar la violencia machista de nuestra sociedad. A la ministra le pido fortalecer el trabajo en materia de igualdad. Esta legislatura ha estado muy centrada en la violencia de género, por la situación que estamos viviendo; pero se ha desatendido, desde el Gobierno central, la promoción de la igualdad de oportunidades. No es ningún secreto que desigualdad es sinónimo de más violencia de género.

—Le va a tocar negociar al menos con otro ministerio, el de Derechos Sociales y Agenda 2030. ¿Qué espera de su nuevo titular?

—Le pido igualmente atender a la realidad e idiosincrasia de Castilla y León, eminentemente rural y donde realizamos un gran esfuerzo para que los servicios y prestaciones sociales lleguen a todos los rincones y atiendan las necesidades básicas de cada una de las personas que habitan en sus municipios. Castilla y León cuenta, según evaluaciones independientes, con uno de los mejores sistemas de servicios sociales de España gracias a la colaboración y cooperación mantenida con ese Ministerio de Derechos Sociales. Pretendemos que se refuerce y mantenga durante la nueva etapa. Esta Comunidad sufre una infrafinanciación injusta con destino a la atención a las personas dependientes, que perjudica a miles de personas dependientes y que contraviene la propia ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia. El Estado ha de aportar por ley al sistema de atención a la dependencia la misma cantidad que Castilla y León. En el año 2022 esta Comunidad ha destinado 506 millones a la de la dependencia y el Estado ha aportado 244 millones, por lo que estaría pendiente de abonar a los dependientes. Seguiremos demandando la financiación que nos corresponde por ley y que todavía no se nos ha reconocido, para seguir mejorando los actuales niveles de calidad gracias al trabajo coordinado de las administraciones, de las entidades del tercer sector y gracias a la buena preparación de sus profesionales.