Una red de apoyo para 280.000 familias
Castilla y León fue la primera Comunidad en crear por ley una red de protección a las familias a las que ha destinado 217,5 millones de euros en el año 2022 para garantizar los productos de primera necesidad y paliar la pobreza energética
La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, con un grupo de niños y niñas que participan en el programa ‘Conciliamos verano’. NACHO GALLEGO
La coordinación de los servicios en red de la Junta de Castilla y León para paliar la pobreza energética, cubrir las necesidades básicas de los menores que están en riesgo de exclusión, garantizar los ingresos mínimos, proveer de productos de primera necesidad y promover la integración sociolaboral de las personas vulnerables han ayudado a 280.000 familias de Castilla y León, a las que se han destinado 217,5 millones de euros.
Castilla y León fue la primera comunidad autónoma en crear por ley la Red de Protección a las Familias (4/2018). Esta ley establece u conjunto de ayudas de emergencia para evitar desahucios, ampliar la renta de ciudadanía y lograr que ningún castellano y leonés pase hambre. La Ley fue aprobada por unanimidad por todos los grupos parlamentarios en las Cortes de Castilla y León,
Estas medidas permiten blindar los derechos de las personas más vulnerables, Los datos que publica el INE (Instituto Nacional de Estadística) reflejan que la población en riesgo de pobreza o exclusión social (Arope) en castilla y León es de un 21,1%, un punto menos que en 2012, y muy por debajo que la media nacional, que se sitúa en el 26%. En Castilla y León hay 524.000 personas en riesgo de pobreza o exclusión social, 26.000 personas menos que en 2021.
Castilla y León es la sexta comunidad con menor tasa de personas que no tienen capacidad para afrontar los gastos imprevistos (un 27,1%, y la quinta con menor porcentaje de personas que no pueden permitirse mantener la vivienda con una temperatura adecuada (9,8%).
La protección a la infancia se refleja en los datos Arope del año 2022. La tasa en Castilla y León se sitúa en el 26,8%, 5,4 puntos por debajo de la media nacional (32,2%). La población infantil con carencia de material y social severa es del 6,1% frente al 10,1% de la nacional.
El ingreso medio por persona en Castilla y León alcanzó los 13.323 euros, 667 más que el año anterior y 315 superior al de la media nacional.
Ninguna familia atendida por el servicio integral de apoyo a las familias en riesgo de desahucio (Siafride) ha afrontado un desalojo forzoso.
La aprobación de la Ley 2/2020 de 24 de noviembre modifica la Renta Garantizada de Ciudadanía par compatibilizar su percepción con el Ingreso Mínimo Vital para que ningún castellano y leonés cobre menos.