Las autonomías protestan pero no se rebelan contra la mascarilla

Pese al evidente enfado causado en buena parte de los ejecutivos autonómicos por el anuncio de que el Ministerio Ministerio va a imponer, contra su criterio mayoritario, el uso obligado de mascarillas en los centros sanitarios de todo el país, ninguna comunidad, ni siquiera la beligerante Madrid, está dispuesta a rebelarse contra esta decisión unilateral del departamento dirigido por Mónica García.

De hecho, Fátima Matute, la consejera madrileña, fue quien primero despejó la incógnita. No cree que la epidemia de gripe haya creado una situación de emergencia sanitaria que justifique semejante actuación excepcional de la ministra para toda España, pero aseguró que «cumpliremos con lo que diga el Gobierno».

Como la mayoría de sus colegas, se declaró más partidaria de la recomendación del uso de mascarillas a los ciudadanos que de la obligación y, como muchos, reprochó al ministerio falta de justificación científica para actuar con esta contundencia. Isabel Ayuso confirmó el acatamiento y tildó la decisión de «improvisación» de una «gestora débil». Con tono similar le siguieron los también ejecutivos populares de Andalucía y Baleares.

La posición más dura la adoptó la consejera vasca, Gotzone Sagardui, que aunque no abrazará la insumisión sí ha pedido ya a sus servicios jurídicos que analicen el acuerdo unilateral que dictará Sanidad contra el criterio de la mayoría de consejeros porque duda que encaje en la potestad excepcional para «situaciones de urgente necesidad» que otorga al ministerio el artículo 65 de ley de cohesión y calidad del Servicio Nacional de Salud (SNS).

Mónica García esperará a recibir este miércoles las alegaciones y aportaciones de los consejeros a su propuesta antes de decidir si es posible dictar estas directrices nacionales de actuación coordinada contra la epidemia de gripe con algún grado de acuerdo autonómico o deberá hacer uso de la decisión unilateral.

Lo que sí tienen claro las fuentes conocedoras de la elaboración de las directrices nacionales es que, sean al final concertadas o impuestas, incluirán con seguridad la obligación inmediata del uso de cubrebocas en todos los centros de salud y hospitales. Una decisión tan criticada por los consejeros como aplaudida por los sindicatos sanitarios y las organizaciones médicas, y bendecida por todo el Ejecutivo.

«Un Gobierno responsable toma decisiones», zanjó la portavoz Pilar Alegría Este documento de obligado cumplimiento se centrará en exclusiva en el uso de las mascarillas y otras medidas profilácticas para frenar el contagio epidémico y evitar el desbordamiento de algunos centros sanitarios.

Incorporará la recomendación de uso de cubrebocas en residencias y farmacias y por parte de los ciudadanos con síntomas, pero no incluirá la idea aireada por García de establecer de forma interina la ‘autobaja’ de tres días por infecciones leves ni los aspectos para mejorar los planes de contingencia contra la epidemia de las autonomías que sí aparecían en la propuesta original.

La mascarilla en hospitales será una obligación transitoria, que decaerá cuando la epidemia doble el pico de contagios, lo que podría ocurrir en poco más de dos o tres semanas. A diferencia de las órdenes de Asturias y Cataluña, que han fijado hoy la obligación inicial en 15 días, la directriz nacional podría hacer referencia para su agotamiento al momento en que se alcance alguna tasa de contagios considerada segura.