Cruz Roja denunció en Ginebra la "brutalidad" de la cárcel de León en el franquismo

El 11 de noviembre de 1946, Eric Arbenz, delegado del CICR (Comité Internacional de la Cruz Roja) remitió desde Madrid a la sede central de Ginebra un informe «confidencial» que detalla las penosas condiciones de los presos en la cárcel provincial de León, muy distinta a la que pintan «notas y declaraciones de los organismos gubernamentales e incluso de lo que ven en el interior de las prisiones aquellas personalidades que extranjeras que por razón de su cargo visitan los lugares de reclusión», señala.

Frente a la «bondad» del sistema penitenciario que se reflejaba en las notas oficiales y visitas, «lo cierto es que comparado con el existente antes de la guerra civil, el régimen actual se caracteriza por su brutalidad, hambre y falta de garantías», subraya en los primeros párrafos este informe que obra en el Archivo de la Cruz Roja Española.

Arbenz hace una introducción sobre la situación de los presos en las cárceles españolas, donde presos comunes y políticos a veces comparten «el mismo petate» porque hay algunas que carecen de camastros.

El caso de León se pone como ejemplo de la distancia entre la realidad de las prisiones y lo que de verdad sucedía en estos centros penitenciarios. Según detalla más adelante el informe, publicado por Buscar.Combatientes.es en su cuenta de X, la prisión leonesa albergaba entre un 60-70% de presos por causas políticas, mezclados con los reclusos comunes. Con una capacidad para unas 100 personas, había hacinadas 350, entre ellas cien un centenar de mujeres. «Estas son amontonadas en una celda con cabida para veinte, viviendo en repugnante promiscuidad detenidas políticas, autoras de crímenes, prostitutas, etcétera».

Los hombres no estaban mucho mejor. «La misma promiscuidad existe para los varones, habiendo advertido que los funcionarios, siguiendo la pauta de la Dirección General, consideran como ‘delincuentes comunes’ a todos los posteriores al final de la guerra civil, entre los que figuran en gran mayoría, simples republicanos denunciados por actividades, más o menos supuestas, de oposición al régimen franquista».

El relator anota que «entre los numerosos delitos de que la fuerza pública acusa a los detenidos en el medios rurales figura escuchar la radio de Londres u otras emisoras de los países democráticos». En otro de los apartados, el delegado del CICR aporta detalles sobre el régimen de detenciones y el trato a los detenidos. «La más mínima delación es suficiente para ser detenido y sometido, la mayor parte de las veces, a interrogatorios ‘laboriosos’ que se traducen muchas veces en palizas propinadas en las comisarías o cuartelillos para arrancarles la confesión del delito o la delación de supuestos cómplices».

El relator señala que los datos que aporta están basados en el testimonio de un de un prisionero político que estuvo recluido durante 16 meses y fue liberado y a quien identifica como Mr. González.

De acuerdo con esta versión, de la que el delegado madrileño no se responsabiliza, algunos reclusos habrían recurrido al suicidio para evitar el interrogatorio, antes de apuntar que «desde el momento en que una persona es detenida, el hambre empieza a ser su constante compañera y pobre del detenido cuyos familiares no puedan enviarle el paquete de comida».

«Si su detención se prolonga, será una víctima más de la tuberculosis a pesar de que la alimentación del recluso es oficialmente superior a las 2.000 calorías», añade el relator.

La cárcel provincial de León estaba instalada «en las ruinas del castillo-palacio de doña Urraca de Castilla», según el texto original. «Es natural, pues, que carezca de toda clase de comodidades» salvo que contaba, desde dos o tres años antes, con wáter, lavabo y ducha gracias a la donación de un «propietario minero que estuvo detenido unos meses y que de su bolsillo particular costeó dicha instalación por un total de 45.000 pesetas».

«La alimentación es absolutamente deficiente», asegura. El plato habitual era la ‘sopa’ de agua caliente «con escasos granos de arroz y, cuando es pan, con seis u ocho panecillos de 300 gramos cada uno para las 350 plazas». El «rancho», añade, «ha consistido durante meses en un cazo de habas caballares secas y agusanadas, remolacha o verdura de mala calidad y mal cocida». Durante meses no habían recibido patatas en la dieta.

Aparte de denunciar que la dieta «origina la depauperación» de la población reclusa que no recibe víveres de sus familiares, apunta que «tenemos la seguridad de que en el suministro de víveres a los reclusos existen numerosas ‘filtraciones’», lo que explicaría que los «numerosos partes de todas clases establecidos por la burocracia» reflejen «abundantísimas calorías y perfectos suministros» que «no se ajustan en modo alguno a la realidad». La forma de cocinar los alimentos era precaria. «Después de preparadas las gabetas con el rancho, los cocineros echan por encima unos cazos de grasa quemada y pimentón», por lo que solo los primeros en recibir la ración prueban la sustancia. Los presos estaban obligados a comer de pie o sentados en el patio por falta de comedor, «cosa esta última solo factible, naturalmente, en el buen tiempo. Todo esto hace penosísima la permanencia en la cárcel».

El informe menciona sobre la falta de higiene en el penal que «la desinsectación, siempre realizada en malas condiciones, no se realiza desde hace tres meses». «Unido esto al hacinamiento y la carencia de mudas de muchos de los detenidos, es natural que existan plagas de piojos, ladillas y otros parásitos».

Tampoco había medicamentos en el botiquín y los pocos existentes «son adquiridos en cantidades irrisorias». «Únicamente se distribuye a los reclusos en abundancia bicarbonato sódico y sellos de aspirina». En cuanto a la enfermería, señala el informe que no merece tal nombre porque no reúne condiciones y que las seis camas con que cuenta «están siempre desocupadas ya que el médico oficial de la prisión ha declarado repetidamente que para trasladar a un enfermo desde su celda a la enfermería se necesita mucho papeleo».

El foso del castillo hacía de patio al que bajaban los reclusos por la mañana hasta las 13.30 horas y por la tarde desde las 16.00 a las 19.00. «Tiene unos 200 metros y los detenidos apenas pueden pasear». Además, «los detenidos han de formar para bajar al patio, al subir a las celdas, al coger el rancho,. para hacer instrucción militar o simplemente a las ocho de la mañana para que cualquier funcionario haga una advertencia a la población reclusa». No se libran «ni ancianos, ni inválidos ni mutilados», recalca.

Arbenz señala que el trato de los funcionarios «no es desde luego tan brutal como en la época de 1939 a 1942-43», no se atiende a las reclamaciones de los internos y se considera «rebelde»a todo el que se atreva a decir algo «aun en la forma más sumisa y respetuosa». A los presos preventivos se les trata igual que a penados: «Se les corta el pelo al cero y se les somete a otras vejaciones».

El relator hace varias menciones a las torturas que sufren los detenidos políticos cuando son trasladados a dependencias de comisaría de León donde a veces permanecen más de un mes. En este apartado denuncia que «numerosas personas han ingresado con hernias dobles, roturas de costillas, hemotisis, etc».

En estos interrogatorios prolongados, «en repetidas ocasiones y sin distinción alguna de edad ni sexo, los detenidos han sido sumergidos en agua en un baño en el que previamente se habían introducido dos barras de hielo, siendo apaleados dentro del baño y fuera de él». Así era la cárcel de León en 1946 según el relato que Eric Arbenz escuchó al expreso Mr. González.