Vigilantes al servicio de la empresa para su éxito

Con 104 años de existencia, el Colegio de Titulares Mercantiles acredita cada día su utilidad. En un contexto político marcado por la sobreabundancia de legislación, cambiante de un año para otro, los cerca de 180 profesionales que se censan en la provincia leonesa aportan una garantía para el asesoramiento integral de más de 35.000 empresas en toda la demarcación provincial. Con una vocación inquebrantable de tutela para los negocios, su actividad abarca un amplio abanico de servicios a disposición de los empresarios que van desde la rama administrativa, hasta la laboral, fiscal, concursal y de trámites para la creación de las sociedades. «Se trata de estar ahí vigilando siempre a su disposición para lo que necesiten», como resume su decano, Antonio Jarrín.

Los titulares mercantiles leoneses conforman un cuerpo de asistencia en el que el 80% censan despacho propio y ejercen la profesión de forman liberal. Forjados en su origen en aquella Escuela de Comercio del jardín de San Francisco, los profesionales leoneses mantienen el espíritu del lema que consagraron en su centenario: «Cien años tutelando a las empresas».

La necesidad de existencia la avala no sólo su supervivencia en el tiempo, sino la nómina creciente de empresas que se reclaman sus servicios, en algunos casos para «llevar toda la gestión administrativa y en otros como asesoramiento cuando cuentan con un soporte administrativo propio», reseña Jarrín.

La prestación de los servicios se enfrenta sin embargo a «la creciente inseguridad jurídica que se está generando en este país», como recalca el decano del Colegio de Titulares Mercantiles, quien critica «el abuso desmesurado de legislación continua, días tras días, con normas que incluso colisionan entre ellas». «El capital quiere seguridad jurídica para su inversión. No nos engañemos: quien invierte lo hace para ganar, no es una oenegé. Si una empresa no es rentable, hay que cerrarla. Quien pone el dinero lo pierde, pero los empleados van a la calle», resume Jarrín, quien reclama un estatuto para evitar «el «intrusismo profesional» y aconseja a las empresas que se guíen por la guía de los colegiados cuando busquen asesoramiento.