El derecho a la profesionalidad
La treintena de colegios profesionales radicados en León garantizan no sólo los intereses de sus más de 24.000 colegiados, sino también el aval para la sociedad de que sus servicios se atienen a los códigos de la profesión
El espejo de los colegios profesionales refleja a los dos lados. Creados como «corporaciones de derecho público, amparadas por la Ley y reconocidas por el Estado, con personalidad jurídica propia y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines», como regula la legislación, su principal valor se mide por la doble vertiente que aportan a la sociedad: esa garantía que no sólo cubre a los colegiados para ejercer su profesión, sino también a los ciudadanos que ven amparada la contratación de los servicios en el cumplimiento de un código que respeta al pie de la letra la definición de profesionalidad.
La divisa cubre en León a más de 24.000 profesionales que ejercen de manera liberal sus servicios a cambio de una retribución, pero también de acuerdo a unas garantías reguladas para que la sociedad en la que viven se beneficie. En una era en la que el intrusismo crece en todos los ámbitos, la treintena de colegios profesionales leoneses marcan el dique de contención ante los posibles fraudes que aparecen en las márgenes del mercado, donde se refugia la picaresca, y conceden una oportunidad a los colegios para avanzar en el reforzamiento de sus profesiones.
La colegiación, «además de obligatoria en muchos de ellos, es importantísima por el sentido de pertenencia que aporta, la formación que se da a los colegiados y por su defensa», como describe el presidente de la asociación de colegios profesionales de León (Colproleón), José Antonio Cuba, quien incide en la relevancia de su papel como garante para «velar contra el intrusismo y verificar que quienes se dicen titulados lo sean». «Son una garantía para quienes ejercen la profesión, pero también para quienes quieran todos los ciudadanos», resume el portavoz del colectivo en el que se integran 24 de estas entidades de derecho público que han decidido aunar sus esfuerzos para servir de utilidad a la provincia leonesa.
Su labor mejora el funcionamiento. Un ejemplo de ello lo ofrecen los colegios oficiales de Titulares Mercantiles, Abogados, Graduados Sociales, Economistas, Péritos e Ingenieros Técnicos Industriales, Gestores Administrativos y Arquitectos. Todos, con más de cien años de asentamiento en León en algunos de los casos, contribuyen a «la ordenación del ejercicio de las profesiones, la representación institucional exclusiva de las mismas cuando estén sujetas a colegiación obligatoria, la defensa de los intereses profesionales de los colegiados y la protección de los intereses de los consumidores y usuarios», como dicta la ley que regula su funcionamiento. Guardarla es su obligación, pero también su vocación.