FAUNA SALVAJE

DL

Unión de Uniones, colectivo en el que se integra la organización agraria UCCL, denuncia que los ministerios de Agricultura y Transición Ecológica se inhiben de la obligación del Gobierno de elaborar un proyecto de Ley de Gestión de fauna cinegética y silvestre para evitar daños agrarios. Dicha obligación, dicen, aprobada en la ley de la PAC de diciembre de 2022, fue requerida por escrito por Unión de Uniones, al considerar «una dejadez de funciones ante un gravísimo problema para el sector».

Según recuerdan, la Ley 30/2022 de Gestión de la PAC contempla en su disposición adicional novena que el Gobierno, en un plazo de nueve meses «que ya expiró el 3 de octubre del pasado año», debía presentar a las Cortes un Proyecto de Ley de Gestión de la fauna cinegética y fauna silvestre para el control y prevención contra los daños ocasionados a la agricultura y ganadería. Dicho proyecto debía incluir además la creación de un Inventario de Daños.

Ante la ausencia de dicho proyecto, Unión de Uniones requirió tanto al Ministerio de Agricultura (Mapa) como al de Transición Ecológica (Miteco) para el cumplimiento de dicha disposición adicional, «con respuestas absolutamente decepcionantes de ambos ministerios». El Mapa argumenta, según afirman desde Unión de Uniones, que solo tiene competencias en materia cinegética y traslada «la pelota» al Miteco, responsable de biodiversidad. En cuanto al Miteco, dicen, rehúsa asumir la responsabilidad de redactar el proyecto porque no dispone de información adecuada sobre los daños causados. Igualmente, señala el Miteco, según la organización agraria, que, para afrontar esta problemática, la Ley 42/2027 del Patrimonio Natural y la Biodiversidad permite excepciones a la protección de la fauna silvestre siempre que no exista otra alternativa o solución satisfactoria y sin perjudicar nunca a la conservación de las poblaciones de que se trate. En este sentido, Miteco entiende que proteger los cultivos es la mejor solución y que, en todo caso, cualquier actuación en zonas de titularidad pública que pretenda el control poblacional requiere de la autorización de las Comunidades Autónomas.

Para Unión de Uniones, «estas son, otra vez, excusas de mal pagador para no cumplir con sus obligaciones». La organización señala que el problema de los daños por fauna silvestre a los cultivos y por contaminación de enfermedades a la ganadería es cada vez más grave, está cada vez más extendido, el volumen de los perjuicios económicos es cada vez mayor, hasta el punto de que en muchos casos ya ni se pueden asegurar, y que las administraciones no hacen nada efectivo para atajarlo. «Es paradójico digan que no tienen información sobre los daños, pero no se pongan a trabajar en el proyecto».