El recurso de reposición rebate las mordeduras de Paca
La abogada afea que el decreto de confiscación no demuestra lesiones
Armesto con el cartel de Paca en San Antón. FERNANDO OTERO
Cuando se cumple un mes de la confiscación de la perra Paca en León a su dueño, Salvador Armesto, la abogada que representa al artista callejero sin hogar ha presentado el recurso de reposición ante el Ayuntamiento de León para oponerse al decreto municipal que motivó la requisa de la perra el 23 de diciembre pasado. El recurso rebate, uno por uno, los «reiterados episodios de mordedura» que se atribuyen a la perra en el informe del veterinario superior del Ayuntamiento de León que fundamenta «el acto confiscatorio».
Empezando por el último caso, del 18 de noviembre de 2023, día en que se atribuyen dos mordeduras a Paca sin que se aclare de si se trata de «dos mordeduras a un mismo sujeto o dos mordeduras independientes a diferentes sujetos» ni se aporte parte de lesiones.
La abogada, Rosa María Sánchez Griego, subraya que «en ninguno de los episodios ‘criminales’» que se atribuyen a Paca constan las lesiones, tal y como aparecen definidas en la terminología médica y forense. Además, en el caso de la primera mordedura relacionada, de 5 de noviembre de 2020, se da la circunstancia de que existe una sentencia judicial absolutoria del dueño de Paca «ya que medió agresión al animal por parte del supuesto lesionado».
«No recayó sentencia condenatoria ni se instruyó pieza separada de responsabilidad civil, entre otras cosas, porque la perra confiscada fue la agredida», recalca el recurso.
El Ayuntamiento de León puede responder o no. Pero existe un mes de plazo para que la letrada pueda alegar silencio administrativo e iniciar la vía del recurso contencioso administrativo. El recurso hace hincapié, además, en numerosos defectos de forma en el informe veterinario, tacha de desproporcionada la medida de la confiscación y denuncia una «actuación maliciosa» al hacer constar como antecedentes de la perra un informe «tan inusual e irregular» con el propósito de que fuera calificada como animal potencialmente peligroso.
«Son reseñas de otros episodios ajenos al objeto de las supuestas agresiones y que no implican ningún resultado lesivo ni para las personas ni los bienes públicos, no se sabe con qué objeto, sino el de criminalizar tanto a la perra como a su dueño», añade el recurso.
La letrada defiende que la peligrosidad de la perra debe ser aplicada «por la autoridad competente en base a criterios objetivos». Añade el recurso que no se cumplió el requisito de notificación formal al interesado y la ejecución de la confiscación se realizó con un operativo policial «como si se tratase de capturar a un peligroso terrorista».
En el apartado séptimo del recurso, denuncia la actitud de la Protectora de Animales y Plantas de León, como adjudicataria de un servicio municipal, que ha declarado públicamente que la perra fue trasladada a Cantabria cuando no puede salir del término municipal de León. Reprocha a esta entidad que carece de etólogos y adiestradores y que una de sus directivas dice «nanai» en las redes en relación con su obligación de promover la rehabilitación de Paca, al mismo tiempo que ofrece a la perra en adopción con una licencia de PPP. Licencia que Armesto ha tramitado con todos los parabienes sin respuesta en 20 días.