El Gobierno quiere reformar la Ley de Dependencia

La secretaria de Estado de Derechos Sociales, Rosa Martínez, defiende la reforma de la ley de dependencia para simplificar los trámites y mejorar la aplicación del sistema, cuya financiación quiere aumentar en 4.000 millones de euros esta legislatura.

En una entrevista con Eefe, la número dos del ministerio dirigido por Pablo Bustinduy repasa los principales retos y compromisos recogidos en el acuerdo de coalición, como avanzar hacia el nuevo modelo de cuidados o la aprobación de la ley de familias, que llegará en febrero al Consejo de Ministros y para la que reclama el máximo consenso a los grupos políticos.

En vísperas de la aprobación definitiva en el Senado de la reforma constitucional para eliminar el término ‘disminuidos’ y ampliar derechos a las personas con discapacidad, Martínez cree que es «incomprensible» el voto en contra de Vox a la propuesta impulsada por PSOE y PP: «Es un ejemplo más de cómo un país avanza y Vox se queda atrás».

«Hay demandas sociales que están ya tan instauradas en la sociedad que es incomprensible que se opongan algunos partidos políticos», asegura Martínez, quien apela al PP a mantener ese consenso en torno a la futura ley de familias para «sacarla con una amplia mayoría y con todas las mejoras que sean necesarias».

«No creo que nadie en el Congreso pueda tener argumentos racionales para oponerse a una ley que protege a más y de mejor manera a las familias y que si se incluyen los permisos, supone un beneficio universal para padres, madres y niños y niñas; quien vote en contra hará piruetas dialécticas para oponerse a una cuestión que es de sentido común y que la sociedad está esperando», asevera.

La secretaria de Estado se compromete a liderar el cambio de modelo de cuidados en cooperación con las comunidades autónomas y a que la financiación del sistema de dependencia sea al final de la legislatura aportado al 50% por la administración general del Estado y el otro 50% por las comunidades. Eso supondría aumentar 4.000 millones de euros, mil millones al año, explica.

«En el contexto de negociación presupuestaria que estamos y de coyuntura económica, aspiramos a que sea una realidad. Es parte del compromiso del acuerdo de coalición, pero creo que es una cuestión que habrá que ir viendo con prudencia y negociando dentro del Gobierno», añade.

Cree que no depende solo de su ministerio, sino «también de la voluntad política de acuerdo para llevar a cabo este cambio de modelo de cuidados de larga duración por las comunidades autónomas», y destaca que no puede pasar por alto «la mejora de las condiciones laborales de las personas cuidadoras, sobre todo mujeres».

Avanzar en el cambio de modelo de cuidados es necesario por una cuestión demográfica, ya que cada vez hay más personas que entran o que solicitan los servicios de dependencia, pero también por sentido común: «Todo el mundo entiende que el deseo de las personas mayores de permanecer el mayor tiempo posibles viviendo en sus casas, algo que redunda además en su bienestar físico y emocional».

«Estamos hablando de un reto de país, el de conseguir que el sistema de dependencia sea capaz de dar unos cuidados dignos y de calidad que se necesitan y de recibirlos con menos cargas burocráticas y con mucha más sencillez», para lo que cree precisa la reforma de la ley.