Los nuevos permisos de paternidad deberían estar en vigor este verano

El Gobierno calcula que la ampliación de permisos paternales que tiene previsto acometer este año debería estar aprobada para el verano. El Ejecutivo, según avanzó el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, tiene previsto ampliar de 16 a 20 semanas el permiso por paternidad y remunerar cuatro de las ocho semanas de licencia para la crianza de los menores de ocho años.

La duda que tienen en Derechos Sociales es si estos permisos se crearán vía enmienda a la Ley de Familias (que hoy aprobó el Consejo de Ministros) o si formarán parte de la ley de Presupuestos de 2024, que el Ejecutivo negocia con sus socios parlamentarios y que aún no sabe cuándo podrá enviar al Parlamento para su aprobación. Será una decisión instrumental, aseguraron las mismas fuentes. Según se desarrolle la marcha de la negociación presupuestaria, los permisos podrían ir en una sola ley o repartidos entre ambas. El criterio será que las licencias se creen donde más pronto entren en vigor. De hecho, al menos uno de los dos nuevos permisos debe estar ya desplegado en agosto. Ese mes concluye el plazo máximo que la UE ha dado a España para que amplíe en cuatro semanas retribuidas el tiempo de crianza.

Debate y cesiones

La Ley de Familias, uno de los proyectos que puede albergar los nuevos permisos, fue remitida ayer al Parlamento con la petición al Congreso y Senado de que la tramiten por el procedimiento de urgencia, lo que significa que los plazos para su debate, enmienda y aprobación se reducen a la mitad. En otras palabras, salvo que algún grupo ralentice la tramitación, como podría intentar la mayoría del PP en el Senado, la norma estaría aprobada en mayo y, con seguridad, antes de que en junio concluya el período de sesiones.

Fuentes ministeriales extendieron la mano a los populares para consensuar la norma y se ofrecieron a pactar aspectos que no les gustan como el cambio de nombre de la categoría de familias numerosas.

La aprobación del proyecto de ley, que tiene como uno de sus principales objetivos la reducción en España de la pobreza infantil, coincide con la publicación de la estadística que revela que esta lacra alcanza al 34,3% de los niños y adolescentes españoles. Está en máximos de la década y a la cabeza de Europa. Fuentes de Derechos Sociales indicaron que solo las medidas que ya incluye el texto actual de la ley de Familias añaden 1.200 millones a la inversión pública en esta área, que se multiplicarían en cuanto se amplíen los permisos parentales. No obstante, España tiene un déficit de inversión pública en familias, conciliación y lucha contra la pobreza infantil de casi un punto del PIB con respecto a la media europea, lo que significa que el conjunto de las administraciones españolas gastan unos 13.000 millones menos al año